Garzón y las víctimas de la represión franquista

La decisión del magistrado del Tribunal Supremo, Luciano Varela, de encausar al juez Baltazar Garzón por el delito de "prevaricación" al haberse declarado competente para investigar el caso de las desapariciones forzadas durante el franquismo, ha provocado un gran revuelo mediático y la movilización de las asociaciones de "memoria histórica" y de víctimas de la represión franquista en defensa del juez "estrella" de la Audiencia Nacional.
Se piense lo que se piense de este juez y del enorme cúmulo de intrigas que rodean sus actuaciones, es indiscutible que ha sido gracias a su peculiar forma de abrir y cerrar la investigación de este caso que la pervivencia del franquismo judicial se ha puesto públicamente en evidencia y se ha reactualizado el debate público sobre lo que quedó a medio hacer, o se hizo mal, en la "transición" de la Dictadura a la Democracia.

Efectivamente han sido el protagonismo de Garzón y su "impericia procesal" las que han llevado a la derecha franquista ha quitarse la careta y a recomenzar la "guerra civil" en la dehesa judicial con la intención de impedir cualquier tentativa de cambiar el ordenamiento jurídico que, según pretenden, quedó blindado con la Ley de amnistía de 1977. Ordenamiento que no contempla la revisión o la anulación de las sentencias pronunciadas por los tribunales represivos de la dictadura franquista y la investigación de los crímenes perpetrados por ella ; pero que tampoco lo impide, salvo que se haga de la Ley de amnistía una lectura sesgada. Lo que ha hecho el juez Varela para poder encausar a Garzón, aun a riesgo de escandalizar a amplios sectores de la opinión pública, nacional e internacional, y de provocar las reacciones de los colectivos memorialistas y las movilizaciones de estos últimos días. Movilizaciones en las que, por primera vez, participan también sindicatos, políticos e intelectuales y artistas de la izquierda "progresista" para impedir que los franquistas del sindicato ultra Manos Limpias, de la asociación Libertad e Identidad y de la Falange Española y de las JONS consigan sentar en el banquillo de los acusados a Garzón.

¿Por qué nos encontramos en tal situación?

Pese a lo tardías de esta reacciones y movilizaciones, no es el momento de lamentarlo, aunque otro gallo nos cantaría si se hubieran producido antes, tras comenzar la andadura de la Democracia parida por los pactos de la "Transición" o cuando algunas víctimas de la represión franquista comenzaron a pedir justicia... No fue así y los años no pasaron en balde (sobre todo para los familiares mayores de las víctimas de a represión franquista); pero tampoco es demasiado tarde para reparar esa injusticia... Y puesto que ahora se habla tanto de "memoria histórica", no está de más no olvidar la ausencia de reacciones y movilizaciones (sindicales, políticas y culturales) cuando la viuda del comunista Julián Grimau presentó en 1989 en el Tribunal Supremo un recurso de revisión contra la sentencia del Consejo de Guerra que en 1963 condenó a muerte a su marido. Y eso que también entonces el Gobierno era socialista. O cuando en 1998 los familiares de los jóvenes anarquistas Francisco Granado y Joaquín Delgado, también condenados y ejecutados en 1963, recurrieron ante el Supremo para pedir la revisión de la sentencia "por existir un elemento nuevo"...

No, no se debe olvidar lo que costó sensibilizar a los partidos políticos sobre esta materia pendiente de la “Transición” y conseguir que algunos de ellos comenzaran -¡por fin a partir del año 2000!- a comprometerse y apoyar el recurso de revisión del caso Granado-Delgado y los que otras familias (de Puig Antich, de Peiro, etc.) habían presentado en el Supremo. Como tampoco se debe olvidar que no fue hasta entonces que comenzaron a surgir y actuar las Asociaciones para la recuperación de la "memoria histórica"... Ni que, pese a ello, aún en 2003 estuviéramos solos (los libertarios) en una concentración pública en la Puerta del Sol de Madrid para exigir al Tribunal Constitucional que anulara las sentencias franquistas, sin que se sumaran al acto los manifestantes por la República que en ese mismo momento recorrían calles cercanas.

Es necesario no olvidarlo porque eso permite comprender el por qué en 2010, treinta y cinco años después de la desaparición del dictador y pese a la Ley de "Memoria Histórica" aprobada a finales de 2007, aún no se ha conseguido poner fin a la infamia y deshonor de una Democracia que sigue validando las sentencias pronunciadas por una Dictadura surgida de un golpe de Estado que el Congreso de los Diputados condenó en 2002. Y que aún debamos movilizarnos para tratar de evitar que el Supremo dé razón a los grupos de ultraderecha que intentan sentar en el banquillo de los acusados a Garzón…
Una reacción tardía pero necesaria...

Pues bien, aunque sea tardía, la reacción que se está produciendo es necesaria y debemos apoyarla. Y ello porque, a pesar de los fortísimos intereses políticos y hasta personales que están en juego en el enjuiciamiento del juez de la Audiencia Nacional, no debemos permitir que la derecha se salga con la suya y también porque la reacción unitaria en contra de este enjuiciamiento puede servir para abrir un nuevo frente en la lucha por la recuperación de la memoria histórica y la rehabilitación de las víctimas de la represión franquista.

Decimos "puede servir" porque ello dependerá del objetivo que se fije a las actuales movilizaciones; pues sería un error que éste sólo fuese la defensa de Garzón y que no se aprovechen para exigir la anulación de las sentencias franquistas. Sobre todo, para exigirlo a quienes tienen la responsabilidad y potestad políticas, además del deber moral de hacerlo: los grupos parlamentarios que constitucionalmente "representan la soberanía de la nación". Y al decir grupos parlamentarios nos referimos a los Partidos que marcan la pauta del poder legislativo, el único facultado para anular y aprobar leyes.

No olvidemos que es gracias a esa cobarde e infame Ley de “Memoria Histórica”, aprobada por esos Partidos y sus Grupos parlamentarios, que la Justicia española puede seguir escamoteando el pronunciarse clara y definitivamente por la anulación de las sentencias pronunciadas por los tribunales franquistas. Ese "oprobio" que, según declaró recientemente la nieta del poeta Miguel Hernández, “aún pesa como una losa” sobre las víctimas de la represión franquista. Aunque también debemos reconocer que, si esto es así, lo es por no haber sido capaces de unirnos antes para hacerlo desaparecer. No volvamos pues a la desunión y movilicémonos todos en la misma dirección… Allá cada uno con su conciencia y esperemos que algunos no vengan ahora sólo para la foto o para hacer olvidar pasados dudosos.

Sí, es la hora de sumar, de unirnos para aprovechar esta ocasión y dar un paso definitivo hacia la completa rehabilitación moral, política y judicial de las víctimas de la represión franquista. Pero no nos equivoquemos otra vez de objetivo. No son los jueces los que tienen la posibilidad de hacerlo.

Ellos sólo interpretan y aplican leyes. Son los políticos los que tienen la potestad y la obligación de promulgar leyes menos abyectas que las actuales (la de amnistía de 1977 y la de “Memoria Histórica” de 2007) para ser consecuentes con su pretendida profesión de fe democrática y hacer desaparecer ese vergonzoso baldón que “aún pesa como una losa” sobre la Democracia española.

Pero no lo olvidemos, los políticos no lo harán si, terminado el episodio
Garzón, no se lo exigimos. Nuestro deber es pues seguir unidos y movilizados para exigirles se ponga fin a esa escandalosa injusticia histórica de la que aún son víctimas los que lucharon para hacer posibles las libertades que hoy se proclaman constitucionales y que por ello padecieron la brutal represión franquista.

Octavio Alberola