Los derechos toreando y con el mazo dando

El pasado fin de semana se dio a conocer el resultado de la sentencia impuesta por el Tribunal Supremo contra las organizaciones Jarrai, Haika y Segi, calificándolas de terroristas y por la cual, para empezar, 23 personas deberán ser inmediatamente encerradas.

Esta sentencia coloca en el punto de mira a miles de jóvenes vascos que militan o colaboran en SEGI, pero no solo afecta a los encausados, ya que crea un antecedente juridico que permite la condena por delito de terrorismo sin pertenecer a un grupo armado y la criminalización "en bloque" de todo movimiento social que se escape a su control, mediante la creación de la indefinible noción de “entorno de ETA” en alusión a un abstracto "entorno abertzale", que no es dificil ligar a otros "entornos molestos" incluyendo a todxs aquellxs que estimamos injusto el sistema actual y nos enfrentamos a la violencia de sus estructuras.

El Estado español, pionero en materia de legislación represora, fundamenta en dos puntos principales esta decisión:

-Comparten los mismos fines que ETA.
-Son organizadores de acciones de lucha callejera.

Durante el primer juicio llevado por la Audiencia Nacional quedaron en evidencia los argumentos esgrimidos por los jueces. Ninguna prueba pudo relacionar a la organización juvenil con actos de sabotaje o disturbios, las traducciones del euskera fueron mediocres (la encargada de ello, no pudo traducir siquiera la palabra "organización"), no se pudo demostrar ninguna vinculación a la estructura de ETA, salvo las menciones que ésta hacía en sus comunicados públicos, no se pudo demostrar ningún movimiento de dinero o dependencia monetaria hacia ninguna organización, y un largo etcétera, mientras muchos jóvenes permanecían hasta 4 años en prisión esperando la sentencia, la cual, sin pruebas a las que agarrarse, acabó liberando a los encausados y declarando a la organización de "ilegal". Hasta que el TS recurrió la sentencia.

Como se ha dicho, el Estado español es vanguardia en Europa en materia represiva. La existencia en su seno de movimientos populares con cierta capacidad de ejercer contrapoder y de movilizar a importantes capas de población, le ha empujado a engrasar la maquinaria represora. La sentencia de hace unos días es el culmen de un largo proceso en el que decenas de miles de personas son despojadas de los derechos civiles y políticos. Desde las ilegalizaciones de organizaciones políticas o de apoyo a presos, pasando por cierre de medios de comunicación (que luego se demuestra que no había puebas ni razones de peso para hacerlo, como ha ocurrido hace unas semanas con Egunkaria ), hasta la brutal criminalización de decenas de iniciativas y colectivos que realizan una labor social como ha ocurrido con el caso 18/98+.

Aquí nos preguntamos cómo es posible que tales argumentos se den por válidos por un Estado que se dice de Derecho. Argumentos que bajo una simple y rápida visión racional caen bajo su propio peso.

¿Cómo es posible que habiendo miles de "terroristas" no sean detenidos todos y cada uno inmediatamente? Se preguntarán algunos.

Hay algo aquí que va mal.

Las pocas protestas internacionales de juristas y abogados han caído en saco roto frente al bloque de hierro formado por todas las fuerzas políticas españoles y de la UE, que necesitan no sólo acabar con iniciativas populares que deslegitiman su existencia, si no porque una legislación tal es la mejor herramienta para frenar a otros movimientos sociales o políticos incipientes o en letargo en el resto del Estado o de la unión. Bajo la construcción de un lenguaje de la criminalización y el potente ariete del "terrorismo" como sinónimo de subversión u oposición, todo es posible sin que apenas surjan voces discordantes.

Los Medios de Masas han jugado un papel de suma importancia en este proceso de criminalización generalizada, incluyendo el linchamiento público de otros medios de comunicación, trasgrediendo los principios del periodismo y de la libertad de expresión. Se ha evidenciado una total lealtad al bloque de poder formado por las distintas fuerzas políticas y empresariales.
Desde el movimiento abertzale, pasando por sindicalistas asturianos, "okupas" barceloneses, ninguno se salva ya de quienes señalan los objetivos al Estado o a la "opinión pública", formando una argamasa confusa de "elementos a reprimir".

Un proceso de bunquerización de instituciones y de endurecimiento de la represión tendría así mismo su plasmación a nivel local en las crecientes ordenanzas "cívicas", cuyas consecuencias ya están pagando los movimientos sociales a lo largo de todo el territorio del estado.

En este caso en concreto hay varias iniciativas solidarias, como la recogida de firmas y adhesiones o comunicados de organizaciones en apoyo: Alternative Libertaire