El ayuntamiento de Barcelona pide a la fiscalía abrir diligencias contra Kaosenlared para ilegalizarla

Jesús García | El País

 Los incidentes del 29-S en Barcelona han puesto en la diana a los colectivos antisistema, acusados de provocar -y, en algunos casos, de alentar- los disturbios que durante nueve horas pusieron el centro de la ciudad patas arriba. A la persecución policial (43 detenidos) y judicial (dos en prisión provisional por causar daños y agredir a antidisturbios) el Ayuntamiento de Barcelona sumó ayer un tercer frente de lucha: el virtual.

La concejal de Seguridad del Consistorio, Assumpta Escarp, apostó por clausurar algunas páginas web creadas por grupos antisistema porque, a su juicio, "hacen apología de la violencia". En una entrevista a la emisora RAC-1, Escarp solo expresó su deseo de que estas páginas de Internet "se tendrían que cerrar", pero no explicó qué hará el Ayuntamiento para conseguirlo. Un portavoz aseguró más tarde que el Consistorio no ha presentado denuncia alguna sobre contenidos que, supuestamente, "ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor", que es como describe el Código Penal el delito de apología de la violencia.

"Tumbar y quemar contenedores es muy bonito, pero no asusta a nadie. Hay que ir hacia objetivos más contundentes, como tomar una emisora de televisión y emitir en directo nuestras reivindicaciones". Escarp lanzó la idea tras escuchar este y otros fragmentos, publicados en una de las webs de "contrainformación" más popular: Kaos en la Red. El citado medio, de extrema izquierda, se defendió y afirmó: "jamás hemos incitado a ninguna violencia ciudadana. Escarp: somos gente de paz"."La democracia española ha situado kaosenlared.net en su punto de mira y, como es bien sabido, una vez ocurre eso, nos podemos esperar cualquier cosa", reza el comunicado que ayer colgó ese medio alternativo y que culpaba a Escarp de "matar al mensajero". El efecto multiplicador de Internet hizo que la propuesta de la concejal hallara un fuerte rechazo en otros portales.

El plácet de Escarp a poner coto a las páginas antisistema que conminen a usar la violencia no va acompañado de ninguna acción concreta por parte del Consistorio. Expertos en delitos informáticos y asociaciones de usuarios de Internet criticaron precisamente eso: que se trate de una declaración de intenciones y que el Ayuntamiento haya puesto a cierta clase de webs en la diana sin aportar pruebas. También alertaron de que cerrar una página es un proceso complejo que puede chocar con un derecho fundamental: la libertad de expresión.

"Si el Ayuntamiento piensa que está ante un delito, entonces que lo lleve ante un juez. Pero un concejal no es nadie para hablar de cerrar webs que, además, tienen matices políticos. Si empezamos a cerrar cosas que no nos gustan, imagínate la que se puede montar", opinó el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo. En una línea similar se expresó Julián Inza, responsable del Foro de Evidencias Electrónicas. "No soy muy partidario de limitar muestras de la libertad de expresión. Sobre todo, porque es muy difícil saber dónde acaba esta y dónde empieza la comisión de un delito". "Puede que se trate de un delito muy claro, pero, en todo caso, eso corresponde decidirlo a los tribunales", añadió Inza.

El abogado Carlos Sánchez Almeida también denuncia el trazo grueso con el que el Ayuntamiento se ha referido a este asunto. "El problema es criminalizar toda una web; habría que analizar cada artículo que es objeto de la denuncia y ver quién es su autor, porque en derecho penal se persigue a personas físicas", argumentó Sánchez Almeida, quien advirtió que "puede resultar peligroso" ilegalizar todo un medio de comunicación aunque, como en el caso de las webs que manejan los antisistema, tengan un alcance efectivo limitado.

El letrado advierte de que atribuir un delito -según Escarp, los contenidos que oyó en la emisora suponen apología de la violencia- puede ser objeto de una querella por calumnias por parte de los afectados.

El Ayuntamiento, en cualquier caso, no es competente para cerrar páginas. Hay dos vías: la administrativa (solicitar, a través del Ministerio de Industria, que se retiren contenidos supuestamente ilícitos) y la judicial, que también puede ordenar el cierre cautelar de una página a la espera de que haya sentencia.