Primavera 2018: sobre los movimientos sociales y la defensa del servicio público

De Carbure. Traducción por Comité Disperso

Durante casi treinta años en Francia, todo el conflicto social parece tener que expresarse a través de las luchas en el sector de la administración pública, con grandes huelgas organizadas por los sindicatos, que atraviesan lo que se llaman movimientos sociales. Lo que estaba en juego en la mayoría de estos movimientos consistía en oponerse a alguna reforma relacionada con el servicio público, o la administración por el Estado de los diversos aspectos relacionados con la reproducción global de la fuerza de trabajo (contribuciones al desempleo, seguridad social, pensiones , etc.)

Esto se debe a toda una serie de razones, analizadas mil veces, que van desde el peso real y el papel ideológico que ha adquirido el servicio público en este antiguo estado-nación desde la organización centralizada de la Edad Media, que es Francia, hasta el debilitamiento de los sindicatos del sector privado, resultado de las transformaciones sociales del capital en sus formas más recientes y que han convertido al sector público en el último baluarte de las luchas de masas de los trabajadores.

Pero, si la defensa del servicio público ha adquirido tal importancia ideológica en Francia, es esencialmente porque las grandes concentraciones de los trabajadores que existieron hasta los años 50 y 60 han sido derrotadas progresivamente por la reestructuración del capital, a partir de los años 70, y, de forma acelerada, a partir de los años 1999 y 2000. El fin de la identidad trabajadora, y con ella el fin de la capacidad de los trabajadores a movilizarse en masa, así como producir un discurso político específico, ha abierto espacio para una administración pública en la que los empleados todavía pueden hacer huelga sin incurrir en sanciones excesivas, y como consecuencia, pueden convertirse en representantes del interés común defendiendo sus propios intereses. Además, en Francia, la mitad del servicio público está compuesto por maestros, muchos de ellos profesores, es decir, personas que son extremadamente capaces de producir un discurso político. La capacidad de movilización y la capacidad de producción ideológica han hecho que las luchas de servicio público reemplazarían las luchas del pasado movimiento de los trabajadores, manteniendo algunas partes, imponiendo su ideología particular de una manera hegemónica a todas las luchas.

Entonces, habría muchas razones para pensar que, en 2018, este es solo otro movimiento social con sus grandes manifestaciones rituales, sus débordements-en-marge (los desbordamientos / enfrentamientos al lado de las manifestaciones oficiales), sus jornadas de huelga, sus entrevistas televisivas a pasajeros “tomados como rehenes” en estaciones ferroviarias o de servicio, la denuncia por los más radicales de la función colaboradora de los sindicatos, sus asambleas autónomas y su regreso a la calma declarado por sindicatos mismos después de un tiempo más o menos largo. Al mismo tiempo, todos se dan cuenta de que esta vez las cosas son un poco diferentes, y que, incluso si todos los elementos enumerados anteriormente no dejarán de estar presentes en el movimiento por venir, lo que está en juego no será lo mismo que siempre.

En primer lugar, el movimiento que se inicia llega después de una larga serie de derrotas, incluidas las notables de las luchas sobre la edad de jubilación de 2010, a pesar de una movilización masiva, y la de la lucha contra el loi travail en 2016. Las huelgas y manifestaciones que hasta finales de la década de los 90 lograron hacer retroceder a los gobiernos (que en cualquier caso solían tener éxito en sus propios intereses), parecen ser tratadas solo como problemas de orden público, y no como elementos de un diálogo que parece haber desaparecido, desde el momento en que las reformas son impuestas por el 49-3 (n. 49.3 es el artículo utilizado cuando las discusiones en la Asamblea Nacional se estancan o cuando el gobierno quiere aprobar una ley de urgencia) y por ordenanzas.

La larga serie de derrotas de los movimientos sociales que comenzó al menos desde 2003 (a excepción de la lucha contra CPE en 2006) no solo tuvo un efecto desmoralizador, sino también efectos muy concretos sobre la estructura del trabajo en Francia, distanciándola aún más del modelo basado en la defensa del servicio público. Así es como la defensa del servicio público se ha vuelto más y más omnipresente y urgente, a partir de su propio fracaso. Pero al mismo tiempo que nos hemos centrado en el servicio público y su defensa, todo el sector privado se ha adaptado cada vez más a las nuevas demandas del capitalismo. Paralelamente a estas transformaciones, la tendencia de las empresas públicas ha sido acercar sus estructuras operativas a las del sector privado, en su gestión y en sus necesidades de resultados concretos, o incluso de su desempeño financiero.

La brecha entre los servidores públicos y los asalariados privados no es solo ideológica sino real. No existe exclusivamente por razones psico-políticas de odio a los empleados públicos o por propaganda mediática, sino simplemente porque las dos realidades ya no se corresponden. Algunas reformas se han aplicado y se han luchado más o menos con fuerza y eficacia. Los asalariados del sector privado, que ahora están llamados a apoyar a los trabajadores de los ferrocarriles en nombre del interés general, podrían preguntar a los sindicatos qué hicieron en 2003 cuando se aprobó el aumento de la edad de jubilación, aunque Balladur había asegurado de que los regimenes especiales hubieran quedado seguros. Pero, sobre todo, las relaciones sociales se han transformado, con cambios que han sido seguidos o promovidos por las leyes, pero que responden a la transformación global del capital en su fase de reestructuración completa, en la que todos nos encontramos.

Incluso en el corazón de la administración pública, el uso de la subcontratación y la contratación, la lógica comercial en los servicios, los métodos de gestión (a veces incluso más estrictos que en el sector privado, véase Correos) tienden a garantizar el empleo, la protección social, así como las cadenas jerárquicas tradicionales una supervivencia del pasado. También es una forma de relacionarse con el trabajo heredado de la identidad trabajadora anterior (mezcla sútil de conciencia de su posición en las relaciones empresariales y de la horizontalidad en las relaciones individuales) que se ha combatido, como es evidente en el caso del correo, pero también del SNFC o EDF. Este es el efecto de más de veinte años de modernización.

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Por todos estos motivos, parece que las condiciones iniciales no son las mejores. Esta puede ser la razón por la cual, incluso antes de comenzar, miramos hacia atrás, en 1995, la última gran victoria sindical que enfrentó a una reforma del gobierno y un movimiento social, y también en mayo de 68, de la cual este año conmemoramos el medio siglo. Uno recordará – o a lo mejor no- que este movimiento comenzó el 22 de marzo.

El hecho de que casi el mismo espacio de tiempo separa estas dos fechas ’68 y ’95, debería hacernos comprender la ruptura que marca el 95 contra mayo de 1968 y los contenidos revolucionarios del viejo ciclo de lucha, y hacernos sospechar que el El ciclo abierto por el movimiento de diciembre de 1995 probablemente esté cerrado.

El movimiento de diciembre de 1995 fue el registro oficial de nacimiento de lo que podemos llamar ciudadanismo o democraticismo radical. Desde la crisis entre el 2007 y 2008, la derrota histórica de esta ideología se ha hecho evidente a través del abandono de cualquier posibilidad de retorno al keynesianismo social como solución a la crisis. Con la gestión de la crisis, es el mismo capital que ha reafirmado la producción de riqueza como resultado de la explotación y no como un objeto neutro que debería ser distribuido armoniosamente, y que a través de las políticas de austeridad aplicadas por los estados, ha hecho del disciplinamiento de los proletarios y la intensificación de la explotación, ya sea con la reducción de los salarios o con la reducción de las contribuciones, la afirmación del contenido objetivo de la relación entre las clases. Las luchas salariales se han vuelto ilegítimas, quizás tendencialmente ilegales, como lo demuestra el debate eterno sobre el “derecho” o no de bloquear el país durante una huelga.

El ciudadanismo, una ideología que se desarrolló en Francia sobre la base de la defensa del servicio público, por el contrario apoyó un renacimiento keynesiano con un modelo que data de los gloriosos años treinta. Pero con la crisis como el ápice de la reestructuración, como un momento en el que las características de esta reestructuración se afirman con mayor dureza, todos los elementos en la base de esta ideología son atacados y derrotados uno por uno. Así, el programa positivo de ciudadanía se refugia en la simple defensa de sus resultados (que de todos modos se han convertido en “conquistas”, para recordar que nada se gana) y la palabra clave se convierte en “resistencia”. El reformismo no tiene nada que proponer que no sea la oposición a las reformas llevadas a cabo por otros y que contradicen punto por punto todas sus aspiraciones. Simplemente se vuelven el negativo de lo que critican.

El movimiento de 1995 había podido formular la base del programa ciudadano sobre los elementos de esta resistencia, ciertos que era necesario preservar: la seguridad social, las pensiones, el desempleo, etc. en resumen, la reproducción de la fuerza de trabajo garantizada por el Estado dentro de un mercado regulado, es decir, un socialismo moderado que permitiría la preservación de las relaciones capitalistas fundamentales. Pero veinte años más tarde, si el Estado ha continuado desempeñando su función de disciplinar a la reproducción de la fuerza de trabajo lo ha hecho a sus condiciones de Estado del capital, en el momento actual del capitalismo, y no de acuerdo a cualquier ideología, sino a la ideología liberal, es decir, la ideología funcionalmente adecuada, para la clase dominante, a las relaciones de clase existentes. De hecho, el Estado interviene y reforma las prestaciones de desempleo para obligar a los desempleados a aceptar cualquier tipo de trabajo, extiende la edad de jubilación indefinidamente, disminuye las cotizaciones sociales y, por lo tanto, los salarios, etc. Todo esto, acompañado por el mantra de la “defensa del servicio público” que sale de nuestros oídos, lo sufrimos todos los días. Debido a que durante cientos de miles de personas en Francia hoy en día, el servicio público son también los profesores que humillan y clasifican socialmente, los inquisidores servicios sociales que cortan los beneficios sociales al más mínimo error en el llenado de documentos, controles mensuales a la oficina de empleo, las multas en los medios de transporte y los controles policiales.

En resumen, el Estado, hoy, hace lo que hizo el Estado keynesiano en los gloriosos años treinta erigido como modelo de ideología ciudadanista: enmarca la evolución del capital y hace los ajustes necesarios. Después de la Segunda Guerra Mundial, fue necesario reconstruir y modernizar. Las fuerzas productivas integraron la fuerza de trabajo como un factor esencial en la producción de valor, el aparato productivo nacional fue la prioridad, el tema de la vivienda, la salud y la educación fueron las condiciones necesarias para proporcionar capital con una fuerza de trabajo masiva, calificada y válida. El Estado se ha aplicado a este objetivo, por el bien del capital, y sin duda, “globalmente”, como dijo Marchais, por el bien de los proletarios de la época, que han visto mejorar sus condiciones de vida considerablemente. Pero queda el hecho de que este período ha terminado: el Estado-providencia ha hecho su trabajo de reconstrucción, ha pasado las riendas al Estado liberal, que debe hacer lo suyo, deshacer lo que él construyó primero: cuando el cemento está vertido, ya es hora de derribar la estructura que lo contenía.

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Aquí estamos en 2018 y, por enésima vez, es necesario “defender el servicio público”. Esta vez para atacar es el estatuto de los trabajadores de los ferrocarriles, con el deseo de hacer de la SNCF una sociedad anónima de capital público, para abrir la posibilidad de la competencia. Cabe señalar que Correos se convirtió en una sociedad anónima en 2010, sin haber dado lugar a otra cosa que a “decididas protestas” sindicales.

El anuncio de esta reforma del estatuto de los trabajadores de los ferrocarriles (empleo garantizado, edad fija de jubilación – alargada de hecho ya en 2007 por alineación con el sector privado -, régimen especial de seguridad social) ha provocado, de una manera que ya está bien conocida pero con una intensidad particular, una oleada de odio mediático sobre los “privilegiados” y “vagos” de la SNCF. Frente a esta ola, los sindicatos y los políticos (en primera línea Besancenot, que con este tema logró formar un frente de la “izquierda de la izquierda”- que de hecho parece haberse convertido en la única izquierda) han construido, explotando el ‘arsenal ideológico a su disposición, una línea de defensa basada en el doble eje de defensa del servicio público y la solidaridad de clase. Apoyar a los trabajadores de los ferrocarriles sin duda será defender el servicio público, una garantía para el interés general y defender a nosotros mismos, en nombre del efecto dominó de las derrotas de los trabajadores.

Pero defender a los trabajadores de los ferrocarriles en nombre de los ferrocarriles, de la calidad del servicio o de su supuesto carácter ecológico, sería como incorporar al trabajador a su propio producto, convirtiendo al proletariado en algo perteneciente a su máquina. En este razonamiento, los trabajadores de los ferrocarriles se convierten en los “medios humanos” del ferrocarril. ¿Alguna vez ha habido una huelga de trabajadores en la industria del automóvil que enfatice el carácter ecológico de los vehículos o la calidad de sus motores? Pero aquí los trabajadores de los ferrocarriles ya no parecen pertenecer a la SNCF, como un servicio público, como si fueran parte de un bien común de la nación, un poco como los soldados en 1914. Se convierten en nuestros ferroviarios. En esta línea de nacionalismo productivo, nos gusta recordar que estos estatutos se remontan al final de la Primera Guerra Mundial por el servicio prestado a la nación.

Esto significa no quedarse lo suficiente en lo que realmente es la SNCF hoy en día, es decir, una empresa que tiene menos usuarios que clientes. ¿Cuál es el servicio de transporte público asegurado por sus trenes, cuando un billete entre París y Marsella cuesta 200 euros, por lo que la clase dominante toma el TGV a la Gare de Lyon, mientras que los proletarios el Ouigo (ndt. bajo coste en las rutas francesas) a Marne-la-vallèe, a Disneyland, a pesar de la noble idea de “igualdad en el acceso y tratamiento de todos los usuarios”? El hecho es que la transformación de SNCF en una empresa privada, ahora utilizada como espantapájaros, comenzó hace mucho tiempo, con la creación del TGV en los años 80 y la introducción del software Sócrates a principios de los 90 que ahora logran calcular el precio del boleto de acuerdo con la oferta y la demanda, siguiendo una lógica de mercado pura. Anteriormente, había una tarifa por kilómetro, la misma para todos, coherentemente con la idea republicana. Nadie ha ido a la huelga por la defensa de la tarifa única, ya que nadie en Renault va a trabajar cuando se produce un sedán de lujo, en nombre de “la igualdad que debe reinar entre los consumidores” por la simple razón de que todos reconocen que el pago de los salarios se justifican por las ganancias de la empresa.

Por lo tanto, el empleado de la SNCF debe ser un empleado como los demás. ¿Por qué, en nombre de la ideología del servicio público, es imposible para los trabajadores de los ferrocarriles afirmar su propia situación como proletarios? ¿Es corporativismo defender una situación particular, en la medida en que es la misma situación de todas? Los bajos salarios, los agotadores 3 × 8 (ndt i 3 × 8 o trois-huit es un sistema de organizaciones de tiempo de trabajo que consta de turnos de ocho horas para tres equipos de trabajo en el mismo lugar, a fin de garantizar el funcionamiento continuo de la producción, las 24 horas, excluidos los fines de semana), la naturaleza pesada del trabajo, todo les da el derecho a defender los escasos beneficios que poseen, que no son privilegios, sino compensaciones. Ademas, derecho o no, no hay que tener vergüenza en defender los propios intereses, cuando uno es proletario.

El hecho es que los trabajadores del ferrocarril están atascados en la defensa del servicio público, ya que están directamente amenazados por la apertura de la SNCF a la competencia. Pero al defender al SNFC como un servicio público, los trabajadores de los ferrocarriles se ven obligados a defender incluso su propio sistema reproductivo. Entonces, cuando, en su defensa, la reducción continua de la fuerza de trabajo desde 1950 se presenta en un folleto como una promesa de la modernidad de “su” empresa pública, lo que en realidad se ven obligados a reconocer, son las condiciones de ganancias y políticas llevadas a cabo por la empresa hasta el día de hoy. El problema sigue siendo el mismo, tanto para los trabajadores de los ferrocarriles como para el proletariado en general: cuando se reconocen por lo que son en el aparato productivo, también reconocen que sobran, que tienen un costo como “medio humano”, servicio público o no.

Es cierto que la apertura a la competencia conduce a una aceleración del proceso que pone en tela de juicio el estatuto, que se ha iniciado durante algún tiempo mediante “alineaciones” con los privados llevados adelante por los sindicatos. A pesar de las promesas de mantener las condiciones del estatuto actual para los trabajadores del ferrocarril que ya formaban parte de él, será la nueva mano de obra, tanto como la competencia y los métodos liberales de gestión, lo que ejercerá presión sobre el estatuto para que sea marginal. Con el paso del tiempo, en esta evolución, se hace evidente que las pensiones anticipadas serán necesarias para la “modernización” de la empresa. Los trabajadores de los ferrocarriles están justamente preocupados por su futuro en las líneas ferroviarias menores que estarán abiertas a la competencia, ya que es seguro que ningún operador privado considerará necesario retener al personal de quien es imposible separar: los capitalistas no son más filántropos del estado. Lo que están preparando a vivir los trabajadores de los ferrocarriles, y que ya han empezado a vivir, es la evolución de la sociedad francesa de los últimos treinta cuarenta años, acelerada hasta la marcha forzada. Esta evolución se ha realizado en el curso de los movimientos sociales, regulados por los sindicatos que han estado negociando para bien o para mal. Ciertamente, a partir de ahora, los sindicatos están negociando garantías con el ministro de transporte, para proteger lo que se puede proteger, y especialmente su presencia en cualquier negociación.

Los trabajadores de los ferrocarriles se enmarcan en la contradicción entre la defensa político-sindical del servicio público y la defensa inmediata de sus intereses como trabajadores de una empresa, es decir, como proletarios. Martínez también puede complacerlos al declarar que “Es suficiente incluir a todos en las reglas del estatuto ferroviario y todo saldrá bien”, nadie puede tomarlo como un reclamo real y ver cualquier otra cosa que no sea una broma, quizás con un contenido político, como el reclamo de la semana 32 horas, pero seguramente nunca será el objeto de una lucha real. Hablar como si fueramos en 1936, actuar como en 2018: es esta la lengua de madera de los sindicatos.

Si las ventajas de los trabajadores de los ferrocarriles, por pequeños que parezcan, aparecen como privilegios, es que representan en 2018 una anomalía en el mercado de trabajo tal como existe. El empleo garantizado de los trabajadores de los ferrocarriles en la sociedad de los años 50 y 60 fue solo una formalización de lo que ya existía para todos: en ese momento, la mayoría de los empleados firmaba un contrato indefinido y trabajaba durante 35 o 40 años. para la misma compañía antes de retirarse. Cuando nos declarabamos en huelga, luchabamos por salarios, no por “protección laboral”. En la actualidad, el mercado de trabajo se está desmoronando, es precario, las carreras están en zigzag cuando no caen en la ruina de la descalificación y el desempleo de larga duración, con o sin RSA. Y, de hecho, cada vez más, la principal diferencia entre las empresas públicas y las empresas privadas es el estatuto de los funcionarios. No es el “progreso” lo que quiere eso, es la marcha desastrosa del capitalismo.

Si hay que fomentar la solidaridad con los trabajadores de los ferrocariles, no es para defender el servicio público, sino para luchar al lado de los que son atacados por sus capitalistas, en este caso por el Estado, sin otro objeto que no sea una simple autodefensa de clase. La defensa del servicio público es, en realidad, lo que impide la solidaridad de clase, transformándola en “interés general”, algo de la burguesía y el Estado. Pero esto, la ideología del servicio público, atascada en su propio discurso, no puede decir, si no dando aparentemente razón al “neoliberalismo”, que lleva a cabo sus reformas de una manera completamente apolítica, por medio de administradores puros como Macron , como pasos de una actualización social cruel pero necesaria. El impasse de la defensa del servicio público radica en la imposibilidad de sostener este tipo de discurso pero, al mismo tiempo, no tener nada más tangible para proponer que el status quo.

Para salir de este punto muerto, sería necesario reconocer que, de hecho, la protección social heredada de los gloriosos Años Treinta, como los regímenes especiales, están destinados a desaparecer, que todo lo que uno tuvo que resistir ya ha sido prácticamente vencido y que lo que necesitaba ser defendido se perdió. Ya, durante las luchas contra las pensiones, en 2010, la CGT (ndt una importante confederación sindical francesa) se ha doblado ante la lógica contable reconociendo que el alargamiento de la esperanza de vida implica la de los años de trabajo, y declarando al unísono con el Estado que antes que nada era necesario “salvar el sistema de pensiones con su distribución” porque era una voluntad de “interés general”; está claro que los fondos de pensiones podrían haber ayudado a completar las pensiones, fondos que, además, son gestionados por los sindicatos a través de un Comité intersectorial de ahorro salarial, todo está dicho.

Por otro lado, la defensa del servicio público puede inicialmente parecer ser el servicio público en sí mismo, es decir, un gran número de personas, a menudo suficiente. Pero los llamamientos al sector privado que se hacen desde la defensa del servicio público se incluyen exclusivamente sobre la base del sector público / privado. Si en el sector privado existieran los medios para producir movilizaciones importantes, las prioridades de las luchas no se quedarían en la defensa del servicio público. De la división de la hegemonía aparece su reverso, el aislamiento.

Inevitablemente, con el paso del tiempo, el estatuto de los trabajadores ferroviarios alcanzará el pleno empleo, la jubilación a los 60 y trece mensilidades, abordadas a nivel de acuerdo sectorial en la tienda de antigüedades del capital reestructurado. Del mismo modo, los sindicatos mayoritarios solo serán instrumentos de cogestión, comprometidos a luchar entre sí para mantener su lugar entre las numerosas instituciones conjuntas, de las que derivan la mayor parte de sus ganancias. Su futuro también está garantizado “en la base”, cuando los utilizarán, caso por caso, para gestionar los acuerdos comerciales de la empresa, lo que posiblemente limitará el golpe. Esto no será el resultado de una deriva ideológica de los sindicatos o de algún tipo de traición, sino una adaptación real a la realidad del capitalismo contemporáneo, ya que el sindicalismo revolucionario fue adecuado a una situación completamente diferente. En la lenta y planificada disolución del servicio público en Francia, es todo el período de los movimientos sociales el que debe cerrarse gradualmente.

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Los movimientos sociales se basaban en un acuerdo tácito entre el Estado y “actores sociales”: el Estado avanzaba algunas reformas, medía la resistencia y la negociaba sobre la base de esta resistencia. Es lo que expresa el viejo eslogan “dos pasos adelante, tres pasos atrás”. Este sistema se refiere al período desde 1985 hasta el final de la década de 1990. Este período fue muy lejos de la violencia de los enfrentamientos de clase (incluyendo aquellos sindicales) de los años 60 y 70, de acuerdo con un aumento real de las tasas de ganancia de las cuales disfrutaron las políticas liberales impulsadas por el gobierno de Mitterrand, y la derrota de la ofensiva de clase post-1968. Desde 1998, la parte efectiva del valor añadido de los salarios comenzó a subir, sin que el nivel de los salarios hubíese cambiado en realidad, esto significa que la tasa de ganancia ha disminuido, poniendo fin a un breve embellecimiento capitalista, y endureciendo de hecho a las llamadas políticas neoliberales, es decir, las políticas del capital reestructurado.

La crisis económica de 2008 ha acelerado radicalmente esta tendencia. En todas partes de Europa, los Estados miembros han estado llevando a cabo políticas de austeridad bajo la presión de las instituciones internacionales, por lo que podría lograrse una salida de la crisis que generaría las mismas tendencias que llevaron a la crisis.

Diez años más tarde, se ha dado una salida relativa de la crisis, con la disminución general de los salarios y las ayudas sociales, con la creciente precariedad del empleo, con los recortes hechos por los Estados a todas esas formas de bienestar aún existentes, poniendo así en el mercado millones de proletarios dispuestos a aceptar trabajar bajo cualquier condición. Esta salida de la crisis renueva las condiciones de la crisis y prepara para una nueva caída que sin duda será aún más brutal, tanto en sus efectos como en su gestión.

En este nuevo contexto, el sistema de movimientos sociales tal como funcionó hasta la década de 2000 se ha vuelto obsoleto. Por un lado, la capacidad efectiva para la resistencia sindical se ha erosionado y, por otro lado, la reacción de los sucesivos gobiernos se ha vuelto cada vez más brutal y cerrada al “diálogo social”.

Cuando los sindicatos actuaban en un nivel casi simbólico y se contentaban con mostrar su capacidad de movilización llevando a la gente a las calles y organizando huelgas, el estado los toma literalmente, obligándolos a demostrar su imposibilidad de implementar sus amenazas, o practicar cualquier medio para prevenirlo. Desde entonces, hemos sido testigos de la criminalización de los movimientos sociales.

A la pregunta-trampa: “¿Tenemos derecho a bloquear el país? La respuesta obviamente puede ser no. Los sindicatos, que son instituciones válidas solo por el reconocimiento por parte del Estado de su carácter legítimo, no pueden colocarse fuera de la ley. En cualquier huelga y cualquier ocupación, hay desbordamientos. Los sindicatos pueden en cierta medida esconderse detrás de actos individuales (“los chicos quieren liarla”), encubrirlos o, a veces, “denunciar la violencia”. No se les puede pedir que organicen desbordamientos, porque esa no es su función. Su papel está en el límite y en el mejor de los casos para cubrir estos excesos gracias a la legitimidad que tienen. Esta legitimidad, cada vez más, es reconocida por el Estado solo en torno a la mesa de negociación, para ratificar lo que se ha decidido desde arriba, con posiblemente algunas concesiones a nivel cosmético para no hacerles perder la cara.

En cualquier caso, cuanto más se vuelve dura la política gubernamental, más se obligan los sindicatos a endurecer sus acciones. La cuestión sobre la práctica del “bloqueo” lo ha demostrado durante diez años. En 2010, cuando el bloqueo de las refinerías, lejos de ser el bloque de producción total es nada más que un descanso, por lo que las refinerías podrían volver a funcionar rápidamente, sucedió simplemente porque un bloque real y total de la producción se habría asimilado al sabotaje, severamente castigado por la ley. Los sindicalistas no son unos desperados. En 2016, durante otro movimiento de refinerías, el Estado fue a extraer de sus reservas estratégicas, como en tiempo de guerra, y el pánico en las estaciones de servicio fue causado más por la cola de los automovilistas que por un cese real del suministro. En 2018, la SNCF establece un co-manejo y ofrece un aumento mensual a los empleados para conducir los trenes. Intenta organizarse para asegurarse de que la huelga ilimitada utilizada por los sindicatos para hacer que el movimiento dure sin afectar los salarios se considera como una huelga única, y que todos los días se pierdan. Está bastante claro que el objetivo es, como dijo Sarkozy, cuando hay una huelga en Francia, para asegurarse de que nadie la note más, o mejor aún – en el respeto del derecho de huelga, por supuesto – no haya más huelgas por completo.

La realidad es que los sindicatos no tienen la capacidad, ni el deseo de bloquear el país. El hecho es que los sindicatos están hechos por trabajadores que sólo tienen su fuerza de trabajo para vivir y son, de hecho, unido a sus recursos productivos, como los ferroviarios que no existen nada más que dentro de la SNCF, y por eso defienden a los servicios públicos. A medida que el Estado los pone de nuevo en la pared y los empuja a implementar sus amenazas, los sindicatos y los trabajadores que representan deben reconocer que la función de los sindicatos no es conducir la insurrección, sino negociar. La negociación no se deriva solo de las directivas recibidas del ministerio, también existe a nivel de las fábricas y, a veces, en contradicción con las líneas decididas a nivel nacional. En 2013, por ejemplo, la CGT se ha negado a firmar los acuerdos sobre “flexiseguridad”, de manera que en el Aveyron, el sindicato local CGT salvó una empresa Bosch permitiendo gotas salariales y reducciones de la jornada laboral, en el más puro espíritu flexiseguridad. El hecho es que las secretarías hacen política y la base debe seguir. La vida cotidiana del sindicalismo consiste en estos ajustes diarios, lejos de las proyecciones de los grandes movimientos sociales.

Pero si el Estado, durante un movimiento, empuja a los sindicatos a declarar ilegales, y por lo tanto los vuelve a colocar en torno a la mesa de negociaciones en las condiciones que son más favorables para él, también dice más y más de lo que podemos hacer sin negociar. El 49-3 y las ordenanzas están ahí para eso, pero también los procedimientos democráticos: que el estatuto de los ferroviarios y la ley sobre la apertura de la competencia pasa ante la Asamblea Nacional, que constituirá solo una pequeña desaceleración en el procedimiento, y tal vez la duración de las huelgas, pero todos saben el resultado de los debates en una Asamblea que en su mayoría apoya a las reformas. Ahí es cuando el sistema de partido único instituido por Macron está en pleno apogeo.

El problema de los movimientos sociales, es precisamente que siguen siendo sociales, que a través de las luchas y las críticas que formulan de la sociedad, devuelven en negativo todas las categorías de esta sociedad que es entonces infinitamente criticable solo porque es infinitamente salvable. Así es como marcan críticamente, cada tres o cinco años, los cambios en el capital, caminando de la mano con él en el camino hacia su desarrollo. Por lo tanto, proletarios, caminamos de la mano con lo que simultáneamente nos mata y nos hace vivir.

En esta situación estancada, es el desbordamiento el que se afirma a sí mismo como la única solución posible. Los “movimientos sociales”, en su reclamo de hacerse cargo de todo el conflicto social, para encarnar la lucha de clases en sí, han tenido el efecto de invisibilizar cualquier otra forma de conflictividad, de designar lo que es una lucha legítima y lo que no es, para reducir cualquier conflicto al reclamo y el diálogo con el poder. Obviamente, estamos pensando en los disturbios de 2005 en los suburbios franceses, que podrían no haber sido considerados tan exclusivamente como una cuestión de desorden público si el modelo dominante de la lucha no hubiera sido el de los movimientos sociales. En 2016, durante la lucha contra la Loi Travail, los desbordes sistemáticos contribuyeron a reintroducir la conflictividad donde no había nada más que un ritual percibido como vacío y obsoleto: las famosas manifestaciónes de “globos y salchichas”.

En el movimiento del cual se habla, la violencia sufrida o practicada, la ausencia de reclamos como condición necesaria para la acción, la superación requerida por el problema de la legitimidad de la lucha para su deslegitimación efectiva, han hecho que el tema del desbordamiento parezca todo lo contrario a la convergencia de las luchas, como una fuerza centrífuga. El “cortège de tete” mismo, ahora institucionalizado y ritualizado, se convierte en un freno para este movimiento centrífugo, ya que designa a los individuos por su afiliación sociopolítica (túnicas rojas y k-way negras), y se ve que se reduce a una forma convergente, tomada por la dinámica del movimiento social. Esta observación ya ha sido hecha por varios de los que participaron en ello. El cortege de tete, en el momento en que se formalizó, se convirtió en un objeto político, un asunto militante, un discurso ideológico. Él ha llegado a negar lo que lo había constituido en su forma más vívida, y que existe en un nivel u otro de todas las luchas de clases de este ciclo; actuar y reunirse en una forma social indistinta y provisional que permite “romper todo”, significa no reclamar nada como propio en este mundo, no construir nada, no buscar lo “común” fuera del yo, des-subjetivizar el sujeto. Resaltar el desbordamiento de las procesiones en los cuales está contenido, establecerlo como una forma de relación entre los individuos y, más allá de los disturbios, llevarlo a diferentes lugares – en particular en los lugares de producción, pero no solo – a fin de determinar el uso inmediato al abolir su rol social, es lo que se postula el momento en que nos encontramos: el desafío del comunismo en acción.

Pero aún no hemos llegado en ese momento. Por ahora, solo podemos ver el declive de los movimientos sociales. Su incapacidad para oponerse a la evolución del capitalismo, porque desde el punto de vista del trabajo, no somos más que un polo de esta evolución, que nos lleva consigo. También podemos ver, a través de este declive, la derrota ideológica del ciudadanismo y su incapacidad para promover políticas efectivas, atrapado como está en una apología del Estado y la democracia. Evidentemente, estamos en un momento de ruptura, o al menos de dislocación. Entonces podemos preguntarnos la dirección que tomarán las luchas de clases, que nunca se han limitado a la forma de los movimientos sociales, en este debilitamiento. Nadie puede responder esta pregunta por el momento. Solo a partir de la comprensión de la situación tal como está ahora, siguiendo las hipótesis que hemos formulado aquí, podríamos, a partir de la observación de lo que sucede durante las luchas diarias, comprender de manera efectiva en qué dirección van las cosas. En este sentido, lo que está en juego en las luchas que están dando en la primavera de 2018, más allá de la victoria o la derrota del movimiento, será mostrarnos la dirección en la que nos dirigimos.

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Pero si el declive de los movimientos sociales se anuncia como inevitable en la situación actual, debemos prestar atención a las extrapolaciones arriesgadas y no elevarnos a lo que podríamos llamar “la teoría de la pureza” según la cual la lucha de clases real, deshacerse de sus atavíos sindicales y ciudadanos, eventualmente podría aparecer en toda su radicalidad e inmediatamente estallar en una insurrección generalizada que borraría el Estado y el capital.

No debemos olvidar que estamos tratando con procesos a largo plazo (es decir, sin prejuzgar los efectos de la interrupción que podría ser causada por una crisis de capital generalizada). Incluso Macron-Júpiter no puede romper ninguna oposición en tres semanas y privatizar todo en tres meses. En esta primavera de 2018 en particular, pudo haber pecado por presunción y haber lanzado demasiados proyectos simultáneos. Si el ataque de esta primavera es masivo y ha tenido un buen comienzo, probablemente ganaremos un poco más de tiempo. La empresa capitalista llamada Francia no puede trasladarse: tiene que tratar con su personal, y no puede reestructurarse a marchas forzadas, porque debe seguir funcionando como un marco capitalista global, es decir, como una sociedad. Todo esto tomará mucho tiempo y causará mucho debate y oposición. Además, como ya se ha señalado, mientras más obstinadas sean las derrotas, más uno se apega a la ideología. La ideología de la defensa del servicio público, si depende cada vez menos de los movimientos sociales en declive en su forma clásica y es bastante obsoleta en su versión ciudadana, tiene buenas posibilidades, debido a estos debates que existirán a largo plazo y fuera del movimiento social, para ser reconstituidos en un nivel estrictamente político.

Es precisamente este plan que los sucesivos gobiernos han abandonado deliberadamente, hasta la figura de Macron que es el emblema de este abandono. El modo de gobierno puramente gerencial promovido por Macron (y reclamado por una parte importante de la clase media), tiene el límite absoluto de no promover más la trascendencia, lo que deja la parte bella a todos los que ahora pretenden, dentro del capital, restablecer lo común. Este común, que puede tomar mil formas en la retórica alternativa, y expresar una aspiración a una dimensión más horizontal en el “todos juntos” de 1995, tiene buenas posibilidades, en el contexto actual, de encarnarse muy estrechamente en una forma populista y nacionalista, que la pareja Le Pen y Melenchon han encarnado recientemente, pero eso quizás también se haya constituido realmente. La reciente victoria electoral en Italia del M5S de Beppe Grillo nos da, entre otras cosas, una idea.

Esta constitución de un grupo nacional-populista tal vez se dará sobre el declive de los movimientos sociales, cuyo componente radical y componente institucional se dividirá en la definición que se dará a lo común, lo que hace una gran apuesta política en los próximos años. El común será entonces el otro lado, el lado social del desbordamiento, será, en su versión alternativa como en su versión nacional-populista, la forma del regreso al orden.

2 de abril 2018, AC.