Texto de la presentación el 24 de marzo de 2022, en el Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona, del libro: Decreto de Colectivizaciones (1936), editado por Ediciones Descontrol en 2021
Contexto histórico del Decreto de Colectivizaciones y control obrero
Introducción:
En esta charla intentaré explicar el contexto histórico en el que surgió y se aplicó el Decreto de Colectivizaciones y Control Obrero, promulgado en octubre de 1936. Lo haré en nueve puntos y unas breves conclusiones. Terminaremos con un examen final.
1
Del 17 al 19 de julio de 1936 se produjo un alzamiento militar y fascista contra el gobierno de la República, que fracasó en las principales ciudades y provocó, como reacción (en la zona republicana), un movimiento revolucionario, victorioso en su insurrección armada contra el ejército. En esa victoria insurreccional jugaron un papel decisivo, en Cataluña, los Comités de Defensa de la CNT, que habían sido preparados desde 1931 como el ejército de la revolución.
El Estado republicano se fragmentó en una multiplicidad de poderes locales o regionales, y muchas de sus funciones fueron "usurpadas" por las organizaciones obreras.
Perdida su capacidad coercitiva, el Estado republicano y el Gobierno de la Generalidad vieron cómo se desmoronaba su autoridad. Los distintos comités revolucionarios, locales, de barriada, de fábrica, de defensa, de abastos y sindicales, milicias populares, etcétera, ejecutaban aquellas funciones que el gobierno no podía ejercer, a causa de la pérdida de su aparato de represión y del armamento del proletariado.
Sin embargo, la Guardia de Asalto y la Guardia civil no habían sido disueltas, ni desarmadas, sólo habían sido acuarteladas. La formidable fuerza potencial de la contrarrevolución radicaba en la existencia de esos cuerpos armados, hibernados en la retaguardia, y en que el Estado no había sido totalmente destruido.
Los comités revolucionarios ejercieron en muchos lugares todo el poder a nivel local, pero no existió ninguna coordinación de esos comités locales.
Se dio UN VACÍO DEL PODER ESTATAL y podía hablarse de una ATOMIZACIÓN DEL PODER.
Mientras los comités superiores habían renunciado a todo; los comités revolucionarios no habían renunciado a nada y protagonizaron una de las revoluciones más profundas de la historia, sustituyendo al Estado en la mayoría de sus funciones. Se vivió un doble proceso: revolucionario en la calle y de unidad antifascista en los despachos.
2.
La situación revolucionaria surgida en Barcelona, después de la victoria de la insurrección del 19 y 20 de julio, se asentó rápidamente sobre tres nuevos organismos: el CCMA el 21-7, el CCA el 26-7 y el Consejo de Economía el 11-8, que articulaban el nuevo “orden revolucionario”.
El CCMA, sin duda el más decisivo de los tres, ante su temprana renuncia a convertirse en un gobierno revolucionario y sustituir al gobierno de la Generalidad, acabó especializándose en tareas militares y de orden público.
El CC de Abastos apareció como complemento indispensable del CCMA y desempeñó una labor imprescindible para un ejército de trabajadores voluntarios: dar de comer a los familiares que dejaban de percibir su salario.
Además de abastecer al frente, asegurar el sustento de los familiares de los milicianos voluntarios y atender a necesitados y parados, el CC de Abastos asumió tareas de distribución y producción, que suplían las funciones que antes realizaba el ahora desplomado comercio nacional e internacional.
Los almacenes de abastos de los comités de barrio controlaban qué, cómo, cuánto y a qué precio de venta al público se aprovisionaba a los detallistas, una vez satisfechas las necesidades “revolucionarias” del barrio, esto es, de viejos y niños, parados, comedores populares, hospitales, etcétera.
El tercer organismo fundamental era el Consejo de Economía. Tenía como objetivo la transformación socialista de la economía catalana. Dos miembros de ese consejo acabarían siendo dos de los primeros ministros anarquistas de la historia en entrar en un gobierno: Antonio García Birlán y Joan Pau Fábregas. La principal realización del Consejo de Economía fue la redacción consensuada del Decreto de Colectivizaciones.
3.
Los comités revolucionarios: de fábrica, de barrio, de control obrero, locales, de defensa, de abastos, etcétera, fueron el embrión de los órganos de poder de la clase obrera. Iniciaron una metódica expropiación de las propiedades de la burguesía, pusieron en marcha la colectivización industrial y campesina, abastecieron una ciudad de un millón de habitantes, organizaron las milicias populares que definieron los frentes militares en los primeros días, organizaron patrullas de control que impusieron el nuevo orden revolucionario mediante la represión violenta de la Iglesia, patronos, fascistas, francotiradores y pistoleros del Libre. Pero fueron incapaces de coordinarse entre sí y crear un polo de poder anticapitalista.
No puede hablarse de situación de doble poder entre el Comité Central de Milicias Antifascistas (CCMA) y el gobierno de la Generalidad, porque en ningún momento existió un enfrentamiento, sino una plena colaboración.
Es un profundo error creer que el CCMA fue otra cosa que un pacto de las organizaciones obreras con las organizaciones burguesas y las instituciones del Estado, un organismo de colaboración de clases, en el que participaron representantes del gobierno de la Generalidad, de los partidos republicanos burgueses, de los estalinistas, del POUM y de los comités superiores de la CNT.
A primeros de diciembre de 1936 los comités superiores se hicieron eco de la consigna, acordada por todos los partidos y organizaciones antifascistas con el gobierno de la Generalidad de enviar “Todas las armas al frente”. Los comités de barrio respondieron que las armas conquistadas al ejército en los combates callejeros del 19 y 20 de julio no las cederían nunca, porque eran la única garantía de la revolución; que si querían armas ahí mismo, en la retaguardia barcelonesa, tenían acuarteladas y armadas a los guardias de asalto y a los guardias civiles. El CR reconoció en esos comités de barrio “a sus peores enemigos”, porque se negaban a seguir la consigna antifascista de “todas las armas al frente” aprobada por el gobierno catalán.
4.
Sólo algunas débiles y tardías minorías revolucionarias comprendieron, en el transcurso de la guerra, que la revolución debía abordar, en primer lugar, la destrucción del Estado burgués. La Junta Revolucionaria en sustitución de la Generalidad, propuesta por Los Amigos de Durruti a finales de abril de 1937, fue la posición más clara y avanzada en ese sentido.
El 11 de agosto de 1936 CNT y POUM formaron parte del Consejo de Economía de la Generalidad, que tenía por misión la coordinación y planificación de la economía catalana, “en un sentido socialista”.
La participación de la CNT (y también del POUM y la FAI) en las instituciones burguesas, con su correspondiente oferta de cargos públicos, unida a un masivo proceso de afiliación sindical, paralelo a la marcha al frente de los mejores militantes, los más bregados en la lucha social y los de formación teórica más avanzada, favoreció un rápido proceso de burocratización de la CNT.
Los militantes revolucionarios se encontraron aislados en las asambleas y en una situación minoritaria absolutamente insuperable. Los principios fundamentales del anarcosindicalismo quebraron y cedieron el paso a un oportunismo enmascarado por la ideología de unidad antifascista ("renunciar a la revolución para ganar la guerra") y el pragmatismo de la fiel y leal colaboración con los partidos y el gobierno de la burguesía republicana, con el objetivo exclusivo de desarrollar el programa propio de esa burguesía: un Estado fuerte capaz de ganar la guerra.
5 .
El sábado 24 de octubre de 1936, Juan Pau Fábregas, cenetista, economista y consejero de Economía, promulgó el Decreto de Colectivizaciones y Control Obrero, fruto del acuerdo de todas las organizaciones antifascistas en el seno del Consejo de Economía.
El Decreto legalizaba las colectivizaciones espontáneas realizadas por la clase obrera a raíz de la insurrección revolucionaria de julio de 1936. Al mismo tiempo limitaba y condicionaba los nuevos intentos de colectivización. El decreto, ya desde su proceso de redacción y desde el inicio de su aplicación, estuvo sujeto a diversas interpretaciones. Para los anarquistas se trataba de legalizar las “conquistas revolucionarias” y justificaba su entrada en el gobierno.
Para el cenetista Joan Pau Fábregas, el Decreto se encuadraba en un trípode de medidas económicas, que contemplaba además un proyecto de movilización civil de los trabajadores, que jamás pasó de ser un mero proyecto, y de la monopolización del comercio exterior, cuyo primer paso había sido la creación de la Junta de Comercio Exterior.
Para el PSUC y ERC se trataba de controlar estatalmente el conjunto de las colectivizaciones, hasta anular totalmente sus características revolucionarias.
Las Primeras Jornadas de la Nueva Economía, celebradas el 5 y 6 de diciembre, no fueron una manifestación revolucionaria de la clase obrera, sino una mera presentación informativa a las masas trabajadoras del pacto antifascista alcanzado en la gestión de la economía catalana.
- Pau Fábregas, tras esas jornadas, parecía ver encaminada su visión de una economía catalana colectivizada.
6.
El plan económico de Juan Pau Fábregas era muy coherente, y se sostenía sobre tres pilares: 1.- Movilización civil de los trabajadores en la retaguardia, para ganar la guerra mediante un aumento de la productividad en las fábricas. 2.- Monopolio del Comercio Exterior, mediante la creación de una eficiente red en los principales mercados extranjeros, que fomentase las importaciones y exportaciones. La obtención de mercados en el extranjero permitiría reanudar la producción de las fábricas catalanas, algunas de ellas paralizadas por la pérdida del mercado interior español. La centralización del control de las divisas permitiría que las exportaciones financiasen las importaciones, en primer lugar, de materias primas, inexistentes en Cataluña e indispensables para muchas fábricas, así como de alimentos y armamento. Ese monopolio del comercio exterior (y del control de las divisas) abarataría los precios de compra, garantizaría los créditos e impediría la especulación. 3.- El Decreto de Colectivizaciones y Control Obrero, legalizaría las conquistas revolucionarias de julio de 1936, con importantes repercusiones en la exportación, impidiendo las incautaciones por demandas jurídicas de particulares, como sucedía con las potasas.
7.
Sin embargo, la crisis de gobierno, planteada por el PSUC el 17 de diciembre de 1936, se resolvió con la exclusión de Nin, pero también de Juan Pau Fábregas.
El desarrollo práctico del Decreto de Colectivizaciones no lo realizó, pues, Juan Pau Fábregas, el cenetista que lo había concebido y promulgado, sino Tarradellas, quien obtuvo del Consejo de la Generalidad poderes especiales para elaborar y promulgar una batería de 58 decretos, financieros y tributarios, los llamados Decretos de S´Agaró, que fueron los que desarrollaron la aplicación práctica del Decreto de Colectivizaciones.
Los Decretos de S´Agaró, o plan Tarradellas de enero de 1937, encontraron una inmediata oposición de la Federación Local de Sindicatos Únicos de Barcelona.
El objetivo de conseguir el monopolio del comercio exterior fue totalmente marginado y olvidado. Los decretos del plan Tarradellas, entre otras medidas, consiguieron el derecho a imponer en cada empresa colectivizada un interventor de la Generalidad, quien de hecho dirigía la empresa. Las empresas díscolas al plan Tarradellas, o los Ayuntamientos que no admitían la sustitución de los comités locales por nuevos ayuntamientos frentepopulistas, fueron sometidos mediante el ahogo financiero o la negación de divisas, indispensables para cualquier compra en el extranjero de materias primas, alimentos o armas.
El resultado de todo esto, en la primavera de 1937, fue un sistema económico caracterizado por una gestión sindical bajo el control estatal de la Generalidad. Frente a este “capitalismo sindical”, los diversos Sindicatos de Industria opusieron un programa de socialización de cada rama industrial, que chocaba con mayor o menor intensidad con los intentos de control del gobierno y sus “intolerables” imposiciones de un interventor de la Generalidad. Recordemos que los sangrientos sucesos de mayo de 1937 se iniciaron con el intento de imposición de un interventor en la Telefónica.
8.
La Federación Local de Grupos Anarquistas publicó, en la “Soli” del 19-1-1937, una nota en la que llamaba a la socialización de las industrias, como inmediata respuesta a la batería de decretos financieros de Tarradellas: “Mantenemos el criterio de que son los Sindicatos los únicos que deben exigir el control de la producción y del consumo”. Los grupos anarquistas defendían la socialización de la economía a través de la formación de los sindicatos de industria. La consigna que lanzaban era “unidad para socializar sindicalmente”.
Los decretos financieros de Tarradellas apuntaban a un férreo control de las colectivizaciones por parte del gobierno de la Generalidad. Para los anarcosindicalistas de la Federación Local de Barcelona la colectivización había sido sólo un paso previo, que era necesario superar, mediante la socialización primero de cada industria, y posteriormente de toda la economía. Aquí se abría una nueva confrontación: socialización versus colectivización.
En la primavera de 1937 se produjo el choque entre dos modelos sociales y económicos incompatibles: el capitalismo de Estado del PSUC y el capitalismo sindical de la CNT. Y eso no iba a solucionarse con ningún plan de actuación en el seno del gobierno. Además, las nuevas Federaciones de Industria iban a dar paso, entre febrero y mayo de 1937, a una alternativa revolucionaria y radical a ese “capitalismo sindical” de las colectivizaciones. Esa alternativa revolucionaria oponía la socialización a las colectivizaciones, controladas financieramente por el gobierno de la Generalidad.
Existían, pues, tres modelos económicos en pugna:
- El capitalismo de Estado, esto es, las nacionalizaciones (o municipalizaciones) impulsadas por el PSUC.
- Las colectivizaciones, patrocinadas por el gobierno Tarradellas y los comités superiores de la CNT.
- La socialización, defendida por algunos Sindicatos de Industria que, desde hora muy temprana, ya se había intentado implantar en determinados sectores: madera, construcción, industria del pan, taxis y vaquerías. Madera, siempre al margen de todo legalismo y de cualquier reconocimiento estatal, fue el sector industrial que más lejos llevó la socialización.
9 y último
Desde mediados de diciembre de 1936 hasta mayo 1937 se produjo una creciente oposición de la socialización, propugnada por los trabajadores, contra la colectivización, gestionada y manipulada por la Generalidad. Por una parte, el gobierno de la Generalidad, apoyado socialmente en sectores pequeño burgueses: administrativos, técnicos, antiguos empresarios, profesiones liberales e incluso obreros de ideología estalinista o derechista, encuadrados muchas veces en la UGT, emprendió una ofensiva para incrementar su control de las empresas, basándose en el Decreto de Colectivizaciones y en la aplicación de la batería de decretos financieros, aprobados por Tarradellas en S' Agaró, en enero de 1937. De forma paralela, la militancia cenetista intentó SOCIALIZAR la producción, lo que implicaba incrementar el poder de los Sindicatos de Industria en las empresas.
La SOCIALIZACIÓN, suponía la dirección de la economía catalana por los Sindicatos y romper con la dinámica del capitalismo sindical, estableciendo un reparto equitativo de la riqueza que acabara con las escandalosas diferencias entre trabajadores de industrias colectivizadas ricas o pobres, y de éstos con los parados. Esa dirección de UNA ECONOMÍA catalana SOCIALIZADA exigía a su vez la creación de organismos adecuados dentro de la CNT, esto es la sustitución de los Sindicatos Únicos (apropiados para sostener una huelga, pero no para dirigir las empresas) por Sindicatos de Industria (mejor preparados para gestionar los distintos sectores económicos), que se realizó en los primeros meses de 1937.
La SOCIALIZACIÓN de la economía catalana suponía la dirección de la economía (y de la guerra) por la CNT, y esto a su vez exigía suprimir el gobierno de la Generalidad.
Así, pues, la ofensiva contrarrevolucionaria de la Generalidad por incrementar su control, extendiéndolo a cada empresa, chocó frontalmente con el intento de socialización del sector radical de la CNT. Durante la primavera de 1937, se entabló una lucha empresa a empresa, en la que las asambleas que debían aprobar la socialización fueron presionadas y manipuladas de formas muy distintas, desde la maniobra politiquera más ruin a la utilización de las fuerzas de la policía. En este duro enfrentamiento empresa a empresa, que los comités superiores de la CNT nunca quisieron centralizar, porque hubiera supuesto romper el pacto de unidad antifascista, se dio una separación cada vez más evidente y "dolorosa" en la militancia sindical, entre el sector colaboracionista y el sector radical de la CNT.
Finalmente, el 4 de marzo de 1937, el Congreso Regional de la CNT fue clausurado sin una respuesta contundente y adecuada a los decretos de creación del Cuerpo Único de Seguridad que, ese mismo día, se publicaban en el DOGC (Diari Of)..
La formación y estructuración de las federaciones de Industria, en este Congreso, impulsó y dio fuerza al intento de socialización de la economía catalana. De marzo a mayo de 1937 se produjo un nuevo frente de provocaciones y conflictos, con asambleas de trabajadores que decidían, en asamblea, si se procedía a la socialización del propio sector industrial, mientras las fábricas estaban rodeadas por la policía de ese nuevo Cuerpo único de Seguridad. Ese nuevo campo de batalla de la socialización versus la colectivización fue otro de los motivos que condujeron al enfrentamiento armado de las Jornadas de Mayo, que se iniciaron cuando se intentó imponer un interventor de la Generalidad en Telefónica.
CONCLUSIONES
La socialización de la economía catalana, propugnada por los trabajadores revolucionarios de Barcelona durante la primavera de 1937 y enfrentada a unas colectivizaciones dominadas por la Generalidad, era imposible sin la previa destrucción del Estado.
Examen final:
A la luz de todo lo dicho hasta ahora examinaremos tres documentos de la época:
La octavilla del PSUC de enero de 1937 contra los comités revolucionarios.
El Manifiesto de Los Amigos de Durruti de finales de abril de 1937.
La octavilla del 5 de mayo de 1937 de Los Amigos de Durruti.
Agustín Guillamón
Barcelona, marzo de 2022