La UE y Canadá negocian un acuerdo comercial que amenaza las prohibiciones de la fractura hidráulica

Presentamos la traducción de un informe realizado por The Transnational Institute (Instituto de Transnacionales), el Corporate Europe Observatory (Obsevatorio Europeo de las Corporaciones) y The Council of Canadians (Consejo de Canadienses). Este informe se titula El derecho a decir No: El acuerdo Comercial de Canadá-UE amenaza las prohibiciones de fracking. Desde este enlace se puede acceder al informe original, y desde aquí la edición traducida y maquetada por compañeras de la asamblea. Si bien ya hemos expresado nuestras dudas acerca de la prohibición de la fractura hidráulica en Cantabria, la firma de este posible futuro acuerdo podría poner en peligro cualquier tipo de prohibición de la técnica tanto por parte de Comunidades Autónomas como del Estado. Creemos que es de enorme interés conocer en detalle lo que están tramando las altas instancias de la Unión Europea junto el gobierno canadiense y las grandes empresas del gas y del petróleo en contra de nosotrxs, lxs habitantes de estas tierras.

Es de destacar que estas negociaciones se están llevando a cabo de forma semisecreta: ¿Alguien ha oído hablar en algún medio de comunicación de este acuerdo? Como muchas otras cosas (fractura hidráulica incluida, recordemos que los permisos de investigación de hidrocarburos se llevaban concediendo en el estado español desde 2005 y nos enteramos en 2011) su política es la de hechos consumados.

Sacamos aquí el pequeño resumen que aparece en la portada y animamos a su lectura, estudio y difusión:

Mientras los estados miembros de la UE consideran las implicaciones medioambientalmente arriesgadas del desarrollo del fracking, hay negociaciones en marcha para un controvertido Acuerdo Económico y de Comercio Global (CETA en inglés) que garantizaría a los inversores el derecho a impugnar las decisiones de los gobiernos de prohibir y regular el fracking.
Este informe resalta el debate público acerca del fracking, los intereses de las compañías de gas y petróleo de Canadá en las reservas de gas pizarra de Europa, y los impactos que una cláusula de pro tección de las inversiones en el propuesto CETA podría tener en la
posibilidad de los gobiernos de regular o prohibir el fracking. Examina el informe del caso de la compañía Lone Pine Resources Inc. contra Canadá, que, utilizando una clausula similar, impugna una moratoria contra el fracking y demanda al gobierno canadiense para
conseguir una compensación, y alerta que lo mismo ocurrirá posiblemente en Europa. Recomienda que los mecanismos de solución de conflictos inversor – Estado no se incluyan en el CETA.