Enviado por anonerror (no verificado) en Jue, 11/03/2021 - 20:27
¿A qué inocente se le puede ocurrir pensar que Álvaro Uribe Vélez, puede ser llevado tras las rejas, con un sistema judicial al servicio de la burguesía colombiana y a sabiendas que este hombre es uno de los cuadros más preciados de la clase política?
Enviado por anonerror (no verificado) en Sáb, 10/06/2017 - 08:41
Guerrero está de luto una vez más. ¿Hasta dónde llegará la barbarie de la guerra contra el pueblo?
A medio día de este viernes 9 de junio, integrantes del grupo paramilitar autodenominado Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, atacaron con armas largas la casa de una familia de la comunidad de Cacahuatepec sobre la Calle Ceiba, esto en la zona rural de Acapulco, Guerrero.
Enviado por anonerror (no verificado) en Jue, 26/05/2016 - 00:08
Este cuento ya nos lo conocemos de antemano pues es el mismo caso de Ingrid Betancourt y su amiguita Clarita Rojas cuando se fueron a realizar su campaña política en el Caguán. Como por entonces se desarrollaban las elecciones presidenciales quisieron aprovechar el impacto mediático de su captura a manos de las FARC para utilizarlo de propaganda electoral.
Ahora esta señorita Salud Hernández, distinguida falangista de armas tomar, dotada de una personalidad arrogante y pretenciosa ha desaparecido en la manigua del Catatumbo- ¡oh, gloria inmarcesible! ¡Oh, júbilo inmortal!
Enviado por anonerror (no verificado) en Lun, 09/06/2014 - 04:23
En el debate electoral, se pretende magnificar la crueldad de la cual hizo gala el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Con este argumento, se intenta minimizar el comportamiento genocida que han tenido los gobiernos que antecedieron al de Álvaro Uribe y el posterior con Juan Manuel Santos. Todos esos gobiernos, sin excepción, han sido autores de políticas que se han fundamentado en la eliminación física del contradictor político.
Enviado por manu en Lun, 24/10/2011 - 14:03
Como parte de una controvertida reforma a la Justicia (que produjo un amague de choque entre el Ejecutivo con la Corte Suprema y el Consejo del Estado)[1], el gobierno de Juan Manuel Santos incluyó, a última hora, entre gallos y media noche, un artículo que “establece la presunción de que los delitos cometidos por policías y militares corresponden a actos de servicio y serán conocidos sólo por la justicia penal militar, salvo puntuales excepciones”[2].