A lo largo de los últimos meses UGT, CCOO, las Organizaciones Patronales y el Gobierno están desarrollando un proceso de negociación para consensuar una nueva reforma laboral. Lo que pretenden es muy fácil de explicar:
Flexibilizar la contratación y hacerla más barata.
Abaratar los despidos y reducir las cotizaciones empresariales.
Imponer las subcontrataciones como modelo generalizado de temporalidad.
Eliminar de una vez por todas con el contrato ordinario estable fijo e indemnizado con 45 días.
Incrementar la inseguridad jurídica y la indefensión de todos los/las trabajadores/as.
Una nueva Reforma Laboral, que como todas las anteriores, nos depara incremento de la temporalidad y de inseguridad laboral, lo que comportará mayor siniestralidad y muertes en el trabajo. Mayor arbitrariedad y mayor explotación. Una nueva Reforma Laboral que como las anteriores se cebará en los sectores más desprotegidos: jóvenes, mujeres e inmigrantes.
Por eso desde CGT queremos tomar posiciones claras antes de la firma de esta nueva reforma laboral y hacemos un llamamiento a la movilización general.
CGT denuncia que la Reforma Laboral que pretende el Gobierno garantiza la rentabilidad empresarial y mantiene las bases de unas relaciones laborales desreguladas y precarizadas
http://www.rojoynegro.info/2004/article ... ticle=7269
CONTRA LA REFORMA LABORAL Y EL PACTO SOCIAL
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Rosa de Foc
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La reforma laboral que se nos viene encima: la alterglobalización era esto
Tras las reuniones y a través de diferentes comunicados, el gobierno y los sindicatos expresaron “los numerosos puntos de coincidencia en los aspectos económicos, sociales y laborales”, valorando “la importancia del diálogo social para alcanzar consensos que propicien la mejora del sistema productivo necesaria para generar un crecimiento sostenido de la economía, crear más empleos, más seguros y con más calidad y garantizar el estado de bienestar con objeto de afrontar los retos que se plantean para España tras la ampliación de la UE”.
29 de Abril de 2004, poco después de constituirse el gobierno del PSOE, el ministro de trabajo Jesús Caldera visitó las sedes de UGT y CCOO acompañado de Octavio Granado, Secretario de Estado de la Seguridad Social, Valeriano Gómez, Secretario General de Empleo, Consuelo Rumi, Secretaria de Estado de Inmigración y Pedro Pérez, jefe del gabinete. Una representación de los sindicatos se entrevistó con ellos en cada una de las sedes.
En ambas reuniones, gobierno y sindicatos establecieron una primera aproximación de los temas que deberían constituir el proceso de diálogo social: mercado de trabajo, inmigración, formación, contratación, salario mínimo, igualdad de oportunidades, protección social, siniestralidad laboral, políticas industriales, negociación colectiva y participación de los trabajadores. Tras las reuniones y a través de diferentes comunicados, el gobierno y los sindicatos expresaron “los numerosos puntos de coincidencia en los aspectos económicos, sociales y laborales”, valorando “la importancia del diálogo social para alcanzar consensos que propicien la mejora del sistema productivo necesaria para generar un crecimiento sostenido de la economía, crear más empleos, más seguros y con más calidad y garantizar el estado de bienestar con objeto de afrontar los retos que se plantean para España tras la ampliación de la UE”.
12 de Mayo de 2004 el ministro de trabajo anunció en el Congreso de los Diputados la voluntad del gobierno de negociar con los agentes sociales las bases que permitan alcanzar “un gran pacto por la competitividad y el empleo estable”. Caldera recordó que “el nuevo gobierno no acometerá ninguna reforma por la vía de la imposición” y que “apuestan por el diálogo social para acometer los cambios en el mercado de trabajo y en el sistema de protección social”
Al día siguiente, la dirección de la CEOE fue recibida por el presidente del gobierno en La Moncloa. Cuevas, su presidente, declaró a la salida que “había sido una agradable conversación” y que “compartía con Zapatero la necesidad de fortalecer la competitividad de las empresas y crear más empleo y de más calidad” añadiendo que “a los empresarios no sólo les preocupa el coste del despido sino la rigidez en la extinción de las relaciones laborales que contiene el Estatuto de los Trabajadores”.
14 de Mayo de 2004, Caldera comunico a la Comisión Social del Congreso el plan y los contenidos de la negociación:
21 de Mayo de 2004, Zapatero expuso su propuesta a Fidalgo, secretario general de CCOO, quien expresó “su coincidencia en los objetivos y la disposición de CCOO para negociar sin ningún tema inabordable así como la convicción de que las reformas consensuadas son las más eficaces”.
Ese mismo día el comité confederal de la UGT hizo público su rechazo a modificar el periodo de cálculo de las pensiones y anunció que la semana siguiente las direcciones de CCOO y UGT elaborarán una estrategia conjunta. También ese mismo día, Fidalgo se reunió con el Secretario General del PP, Mariano Rajoy para solicitar su cooperación en el diálogo social.
17 de Julio de 2004, en el Congreso del PSOE de Salamanca, Caldera anunció una subida de , al menos el 6% de las pensiones mínimas, como avance de su compromiso electoral de elevarles el 26% durante la actual legislatura, llegando a los 600 €/mes.
Las pensiones mínimas susceptibles de estos aumentos son aquellas que tienen una cuantía reducida lo que obliga al estado a complementarla hasta alcanzar el SMI (en esa fecha 490 €/mes)
El importe de dichas pensiones mínimas se sitúa según el concepto: orfandad (124,4 €/mes); viudedad entre 306,10 y 411,7 €/mes; incapacidad permanente (entre 411,7 y 727,3 €/mes); seguro obligatorio de vejez (299,6 €/mes) y prestación no contributiva (276,3 €/mes).
8 de Julio de 2004, tras las elecciones al parlamento europeo (14/VI/04), el Presidente del Gobierno firmó en el Salón de Columnas del Palacio de la Moncloa, -escenario de anteriores pactos sociales - con CEOE (Cuevas), CEPYME (Jesús Barcenas), UGT (Méndez) y CCOO (Fidalgo), una declaración política conjunta de nueve folios como apertura del proceso negociador.
Este Pacto, abarca más aspectos que el firmado en el mismo lugar y por los mismos actores en Octubre de 1977 (Pactos de La Moncloa). Se basa en varios ejes: a) “un modelo de crecimiento económico equilibrado y duradero basado en la mejora de la productividad” acompañado de “unos mayores niveles de calidad en el empleo, bienestar social, cohesión territorial y sostenibilidad ambiental”. Zapatero declaró, tras la firma, que éste acuerdo es un acto de responsabilidad que las partes se comprometen a desarrollar a lo largo de toda la legislatura y Fidalgo añadió que “como el mercado laboral es un reflejo del aparato productivo” es necesario “mejorarlo reforzando la productividad y la competitividad sin menoscabar derechos”
El diálogo se realizará sobre trece temas o problemas detectados:
Esto supondría:
a) convertir a los sindicatos en gestores locales de los contratos ligados a la fabricación de un producto,
b) suprimir las barreras legales para los despidos sin necesidad de modificar las leyes y
c) hacer irrelevante la indemnización porque la población laboral carecerá de antigüedad.
18 de Octubre de 2005, tras un año de tiras y aflojas en medio de una gran opacidad, el gobierno presento un documento de 18 folios titulado DOCUMENTO PARA LA MESA DE DIÁLOGO SOCIAL SOBRE MERCADO DE TRABAJO. Con el objetivo declarado de reducir la alta temporalidad de los contratos (5,1 millones de contratos son eventuales, el 34% del total), propone un conjunto de medidas entre las que cabe destacar:
Fuente: La Haine
Tras las reuniones y a través de diferentes comunicados, el gobierno y los sindicatos expresaron “los numerosos puntos de coincidencia en los aspectos económicos, sociales y laborales”, valorando “la importancia del diálogo social para alcanzar consensos que propicien la mejora del sistema productivo necesaria para generar un crecimiento sostenido de la economía, crear más empleos, más seguros y con más calidad y garantizar el estado de bienestar con objeto de afrontar los retos que se plantean para España tras la ampliación de la UE”.
29 de Abril de 2004, poco después de constituirse el gobierno del PSOE, el ministro de trabajo Jesús Caldera visitó las sedes de UGT y CCOO acompañado de Octavio Granado, Secretario de Estado de la Seguridad Social, Valeriano Gómez, Secretario General de Empleo, Consuelo Rumi, Secretaria de Estado de Inmigración y Pedro Pérez, jefe del gabinete. Una representación de los sindicatos se entrevistó con ellos en cada una de las sedes.
En ambas reuniones, gobierno y sindicatos establecieron una primera aproximación de los temas que deberían constituir el proceso de diálogo social: mercado de trabajo, inmigración, formación, contratación, salario mínimo, igualdad de oportunidades, protección social, siniestralidad laboral, políticas industriales, negociación colectiva y participación de los trabajadores. Tras las reuniones y a través de diferentes comunicados, el gobierno y los sindicatos expresaron “los numerosos puntos de coincidencia en los aspectos económicos, sociales y laborales”, valorando “la importancia del diálogo social para alcanzar consensos que propicien la mejora del sistema productivo necesaria para generar un crecimiento sostenido de la economía, crear más empleos, más seguros y con más calidad y garantizar el estado de bienestar con objeto de afrontar los retos que se plantean para España tras la ampliación de la UE”.
12 de Mayo de 2004 el ministro de trabajo anunció en el Congreso de los Diputados la voluntad del gobierno de negociar con los agentes sociales las bases que permitan alcanzar “un gran pacto por la competitividad y el empleo estable”. Caldera recordó que “el nuevo gobierno no acometerá ninguna reforma por la vía de la imposición” y que “apuestan por el diálogo social para acometer los cambios en el mercado de trabajo y en el sistema de protección social”
Al día siguiente, la dirección de la CEOE fue recibida por el presidente del gobierno en La Moncloa. Cuevas, su presidente, declaró a la salida que “había sido una agradable conversación” y que “compartía con Zapatero la necesidad de fortalecer la competitividad de las empresas y crear más empleo y de más calidad” añadiendo que “a los empresarios no sólo les preocupa el coste del despido sino la rigidez en la extinción de las relaciones laborales que contiene el Estatuto de los Trabajadores”.
14 de Mayo de 2004, Caldera comunico a la Comisión Social del Congreso el plan y los contenidos de la negociación:
- 1. Creación de una comisión de expertos.
2. Ajustar los contratos temporales a los empleos temporales. Impulsar los contratos a tiempo parcial estables y los contratos fijos discontinuos.
3. Acercar los costes laborales de los contratos fijos a los de los contratos eventuales modificando la cotización a la Seguridad Social.
4. Negociación colectiva, replanteando las reglas del Acuerdo Básico Interconfederal firmado por el gobierno de la UCD con la UGT en 1979.
5. En políticas de empleo, reformar los Servicios Públicos de Empleo con la participación de patronal y sindicatos, fortalecer las políticas actuales de empleo para colectivos con mayor dificultad de colocación (mujeres, inmigrantes, víctimas de violencia sexista, parados de larga duración, etc)
6. Prestación por desempleo: revisar y mejorar la situación de los colectivos con mayor dificultad de inserción laboral.
7. Formación Profesional: Implicar a empresas y sindicatos en la gestión de la formación continua dando estímulos a las empresas dedicadas a la cualificación de empleados, crédito de tiempo al trabajador para reciclaje profesional e inclusión de las CCAA en la gestión de la formación profesional.
8. Salario Mínimo Interprofesional (SMI). - El ministro de trabajo ratificó ante la Comisión Social del Congreso el compromiso electoral de aumentar el SMI durante la legislatura 2004 – 2008, hasta la cuantía de 600 €. Dos meses después, el gobierno elevó el SMI, a partir del 1/VII/05, un 6,6% adicional, (desde 460 € a 490 €/mes) sobre el aumento del 2% realizado en Enero de ese año por el anterior gobierno del PP.
9. Pensiones: Se modificaran, sin descartar ninguna medida a priori, siguiendo el acuerdo suscrito por todos los partidos parlamentarios al final de la anterior legislatura, acerca de la necesidad de una mayor contribución para la consolidación del sistema de Seguridad Social.
21 de Mayo de 2004, Zapatero expuso su propuesta a Fidalgo, secretario general de CCOO, quien expresó “su coincidencia en los objetivos y la disposición de CCOO para negociar sin ningún tema inabordable así como la convicción de que las reformas consensuadas son las más eficaces”.
Ese mismo día el comité confederal de la UGT hizo público su rechazo a modificar el periodo de cálculo de las pensiones y anunció que la semana siguiente las direcciones de CCOO y UGT elaborarán una estrategia conjunta. También ese mismo día, Fidalgo se reunió con el Secretario General del PP, Mariano Rajoy para solicitar su cooperación en el diálogo social.
17 de Julio de 2004, en el Congreso del PSOE de Salamanca, Caldera anunció una subida de , al menos el 6% de las pensiones mínimas, como avance de su compromiso electoral de elevarles el 26% durante la actual legislatura, llegando a los 600 €/mes.
Las pensiones mínimas susceptibles de estos aumentos son aquellas que tienen una cuantía reducida lo que obliga al estado a complementarla hasta alcanzar el SMI (en esa fecha 490 €/mes)
El importe de dichas pensiones mínimas se sitúa según el concepto: orfandad (124,4 €/mes); viudedad entre 306,10 y 411,7 €/mes; incapacidad permanente (entre 411,7 y 727,3 €/mes); seguro obligatorio de vejez (299,6 €/mes) y prestación no contributiva (276,3 €/mes).
8 de Julio de 2004, tras las elecciones al parlamento europeo (14/VI/04), el Presidente del Gobierno firmó en el Salón de Columnas del Palacio de la Moncloa, -escenario de anteriores pactos sociales - con CEOE (Cuevas), CEPYME (Jesús Barcenas), UGT (Méndez) y CCOO (Fidalgo), una declaración política conjunta de nueve folios como apertura del proceso negociador.
Este Pacto, abarca más aspectos que el firmado en el mismo lugar y por los mismos actores en Octubre de 1977 (Pactos de La Moncloa). Se basa en varios ejes: a) “un modelo de crecimiento económico equilibrado y duradero basado en la mejora de la productividad” acompañado de “unos mayores niveles de calidad en el empleo, bienestar social, cohesión territorial y sostenibilidad ambiental”. Zapatero declaró, tras la firma, que éste acuerdo es un acto de responsabilidad que las partes se comprometen a desarrollar a lo largo de toda la legislatura y Fidalgo añadió que “como el mercado laboral es un reflejo del aparato productivo” es necesario “mejorarlo reforzando la productividad y la competitividad sin menoscabar derechos”
El diálogo se realizará sobre trece temas o problemas detectados:
- 1) temporalidad: profundizar en el Acuerdo de 1997, persiguiendo flexibilidad para las empresas y seguridad para los trabajadores y vigilando el uso injustificado de la contratación temporal,
2) promoción de empleo de jóvenes, mujeres, discapacitados y trabajadores de edad avanzada,
3) Inmigrantes: futuro Reglamento de la Ley de Extranjería,
4) formación,
5) Reforma del INEM: en coordinación con las CCAA. No solo para prestaciones sino para políticas activas de busca de empleo,
6) Mejorar dotaciones de la inspección de trabajo,
7) En política industrial, potenciar inversiones tecnológicas y el cumplimiento del protocolo de Kyoto,
8 ) SMI,
9) Participación de los trabajadores: análisis del papel sindical en las reestructuraciones y el aumento de productividad,
10) Accidentes laborales: políticas activas de detención y eliminación de sus causas,
11) Negociación colectiva: Estudiar formas para adaptarlas a las necesidades de empresas y sectores, así como para mejorar la productividad,
12) Reforzar el papel de los agentes sociales,
13) Pensiones: Reforzamiento de la contributividad en el marco del Pacto de Toledo, mejorando la correspondencia entre aportaciones y prestaciones. Potenciación de pensiones complementarias a través de los fondos privados de pensiones.
Esto supondría:
a) convertir a los sindicatos en gestores locales de los contratos ligados a la fabricación de un producto,
b) suprimir las barreras legales para los despidos sin necesidad de modificar las leyes y
c) hacer irrelevante la indemnización porque la población laboral carecerá de antigüedad.
18 de Octubre de 2005, tras un año de tiras y aflojas en medio de una gran opacidad, el gobierno presento un documento de 18 folios titulado DOCUMENTO PARA LA MESA DE DIÁLOGO SOCIAL SOBRE MERCADO DE TRABAJO. Con el objetivo declarado de reducir la alta temporalidad de los contratos (5,1 millones de contratos son eventuales, el 34% del total), propone un conjunto de medidas entre las que cabe destacar:
- 1) ampliar los colectivos a los que se aplique el contrato de “fomento del empleo” que contempla una indemnización de 33 en lugar de 45 días por año,
2) rebajar el margen de intervención de los jueces para decidir si un despido por causa objetivas (económicas, organizativas o productivas) se ajusta a derecho;
3) reducir las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social en un 0,5% de aquí al 2008;
4) aumentar el ámbito de intervención del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) para asumir la indemnización de empresas de menos de 50 trabajadores (actualmente de menos de 25) en caso de despidos improcedentes.
- 1) un nuevo contrato indefinido, de carácter general, con una indemnización por despido improcedente de 33 días de salario por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades;
2) pasar a fijos los contratos eventuales sucesivos, en contratas y subcontratas, a condición de que la indemnización por despido sea de 8 días el primer año trabajado, 10 días el segundo año, 12 días para el tercer año y 13,5 días para el cuarto, a partir del cual, la indemnización sería de 33 días, como en el contrato indefinido expresado anteriormente,
3) rechazo de cualquier responsabilidad subsidiaria de la empresa principal respecto a las subcontratas;
4) reducción en tres puntos de la cotización empresarial a la Seguridad Social,
5) mejorar la contratación a tiempo parcial a cambio de una mayor flexibilidad en el tiempo de trabajo;
6) supresión de la autorización administrativa en los despidos colectivos,
7) revisar las causas de despido objetivo,
8 ) que el juez no intervenga en la valoración de este tipo de despidos;
9) ampliación del ámbito de actuación de las empresas de trabajo temporal.
Fuente: La Haine