Santos

Como parte de una controvertida reforma a la Justicia (que produjo un amague de choque entre el Ejecutivo con la Corte Suprema y el Consejo del Estado)[1], el gobierno de Juan Manuel Santos incluyó, a última hora, entre gallos y media noche, un artículo que “establece la presunción de que los delitos cometidos por policías y militares corresponden a actos de servicio y serán conocidos sólo por la justicia penal militar, salvo puntuales excepciones”[2].