“¿Qué estrategias utilizan las empresas para vulnerar los derechos sociales en contextos de crisis?”; “¿Es siempre buena opción la política de pactos como ‘mal menor’?”; “¿Qué retos profesionales existen para el reforzamiento del sindicalismo?”. Estas tres preguntas han estado muy presentes en la segunda y última jornada del I Encuentro de profesionales del asesoramiento laboral y social que se ha celebrado en la Escuela de la Relaciones Laborales de la UPV-EHU [1].
[2]Durante la mañana de este viernes, los responsables de los gabinetes técnicos de ELA [3], CCOO [4] y CNT [5] han tomado parte en una mesa redonda que ha analizado las cuestiones más relevantes para el “presente y futuro de la defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores”, así como las “posibilidades de avance social en las empresas y la economía”.
En ese contexto, el abogado Enrique Lillo [6] y el economista Eduardo Gutiérrez [7] –representantes del Gabinete Interfederal de CCOO- remarcaron que en el Estado español “no hay cultura de información económica de empresas”. “Si leéis sentencia de Coca-Cola [8] o la de Tragsa [9] –otro conflicto reciente-, veréis cómo el primer motivo de nulidad del despido colectivo ha sido la falta de información que había sido requerida”, apuntó Lillo.
Estos temas también fueron abordados por la abogada Rita Giráldez [10] y el economista Lluís Rodríguez [11], integrantes del Gabinete Confederal del sindicato CNT. “Hay muchas empresas que utilizan los despidos colectivos como medio de coacción contra sus plantillas”, han indicado los asesores de la organización anarcosindicalista. En tal sentido, Rodríguez citó una reciente sentencia sobre una empresa ubicada en Andalucía que alegaba “dificultades” como motivo para despedir a sus empleados y, al mismo tiempo, mantenía actividades fraudulentas.
Por su parte, los miembros del Gabinete de Negociación Colectiva de ELA Haimar Kortabarria y Niko Iriarte -abogado y economista respectivamente- denunciaron la “impunidad con la que se manejan” muchos grupos de empresas. “Eso nos pone en una situación de indefensión total”, destacó Iriarte. Precisamente, Kortabarria subrayó que la reforma laboral ha traído una “enorme inseguridad jurídica” para las trabajadoras y trabajadores.