La víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico con hemorragia interna de la que tardó en curarse 541 días. Los agresores se enfrentan a penas de 10 años. Para otro de los cinco acusados se piden 12 años. Además, una indemnización conjunta de 300.000 euros por un delito de lesiones.
El abogado de uno de los agresores, Javier Royo, es Pedro Pablo Peña quien fue condenado en 2000 por tenencia de sustancias incendiarias o explosivas. La policía registró la sede de la entonces Alianza de Unidad Nacional, de la que Pablo Peña era secretario general, y encontró productos químicos para hacer explosivos con los que, presuntamente, se quería atentar contra un autobús donde viajaban familiares de presos de ETA.
Los militantes de Alianza Nacional también han estado inmersos en otros procesos judiciales. En 1995, la justicia condenó a Pedro Cuevas a 14 años de cárcel, de los cuales sólo cumplió cuatro, por homicidio al ser considerado responsable de la muerte a navajazos del joven Guillem Agulló. Tras su paso por prisión, Cuevas se presentó como número 4 en las listas de Alianza Nacional por Chiva. Entonces, todos los partidos políticos valencianos con representación parlamentaria (excepto el PP) y multitud de entidades sociales pidieron la ilegalización del partido sin éxito.
En Valencia también está a punto de comenzar el juicio contra miembros del Frente Anti Sistema (FAS) que fueron detenidos en el marco de la Operación Pánzer donde se investiga el mayor entramado neonazi desarticulado en España. Muchos miembros del FAS se pasaron al partido AN, que se fundó tras la desarticulación y desparición del partido. En la Operación Pánzer también está imputado Pedro Cuevas.
En las elecciones de 2008, el cabeza de lista de AN por Madrid fue Eduardo Clavero. Militante de Alianza Nacional y cantante del grupo Batallón de Castigo, fue condenado en 1990 por matar a un joven de una puñalada en el corazón.
En su página web, el partido ultraderechista aboga por una “imposición del ius sanguinis (derecho de sangre) como criterio para adquirir la nacionalidad”, se enlaza con la librería Europa -un centro de propaganda neonazi de la ciudad de Barcelona- y se define como un “movimiento ideológico y social que pretende la revolución nacional”
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El abogado de dos nazis que pegaron a un indigente: "La vagancia no está recogida en nuestra Carta Magna"
Sostiene en un juicio que los mendigos "no son personas humanas" sino "cánceres de la sociedad". La víctima de los cabezas rapadas sufrió un traumatismo craneoencefálico con contusión hemorrágica, que requirió una curación de 541 días
El abogado de dos de los cabezas rapadas que han comenzado hoy a ser juzgados en Madrid por golpear a un indigente ha sostenido que los mendigos "no son personas humanas", sino "cánceres de la sociedad".
En el escrito de defensa de María Leticia G.D. e Iván L.G., su abogado, Ángel Pellús, "añora" la Ley de Vagos y Maleantes y estima que "la ocupación de terreno público por quien no se procura una existencia digna es causa de rechazo en otras personas que cumplen las leyes".
"Si el trabajar es un derecho, también es un deber y la vagancia no está recogida en nuestra Carta Magna", argumenta el letrado antes de resaltar que nadie quisiera ver que en su portal se acumulan despojos de cartones y prendas donde pululan las chinches, las pulgas, los piojos y, en algunos casos, hasta una rata.
Pellús ha lamentado la interpretación que se ha dado a su escrito de defensa y la ha atribuido a que "no ha sabido explicarse correctamente", aunque ha insistido que los mendigos "no son personas humanas", sino "cánceres de la sociedad".
Javier R.B., uno de los cuatro cabezas rapadas procesados por golpear a un indigente en el distrito de Moncloa en el año 2009, ha culpado hoy en la Audiencia Provincial de Madrid a otro de los acusados, Mykhaylo T., de pegar y pisar, "poseído por la ira", al mendigo. En el juicio, junto a Mykhaylo y Javier, se han sentado en el banquillo de los acusados María Leticia G.D. e Iván L.G., por un delito de lesiones.
La Fiscalía solicita doce años de cárcel para el primero de los procesados y diez años de prisión para los otros tres, además de una indemnización conjunta de 300.000 euros para la víctima, Rafael Santamaría, un indigente que estaba pasando la noche en un fotomatón de la calle Arcipreste de Hita, Como consecuencia de la agresión, el hombre sufrió un traumatismo craneoencefálico con contusión hemorrágica, que requirió una curación de 541 días.