[MH] Anulación sentencias franquistas: Granado y Delgado

Enviado por Octavio Alberola

Especial publicado por la CGT en septiembre de 2004, que adquiere un gran relieve político e histórico en estos momentos en que el PSOE y el gobierno socialista han anunciado su intención de reformar la cobarde e infame Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 por el Gobierno del socialista Zapatero, que no se atrevió a anular las sentencias franquistas y en cambio dividió a las víctimas de la represión franquista en dos categorías...

 

 

Nos encontramos ante un hito en la historia de la “democracia” española. Tras 25 años, por primera vez, el Tribunal Constitucional ha decidido amparar a las familias de los anarquistas Francisco Granado y Joaquín Delgado contra la resolución de la Sala Militar del Tribunal Supremo que en marzo de 1999 denegó la revisión del Consejo de Guerra Sumarísimo que condenó a muerte a sus familiares en 1963.
 
Tan histórica resolución tiene para los militantes libertarios, y muy en particular para la CGT, una gran trascendencia, ya que supone la culminación de casi diez años de esfuerzos para obligar a los partidos políticos y a las instituciones del Estado a preocuparse de la rehabilitación de las víctimas de la dictadura franquista tras tantos años de vergonzoso olvido, de vergonzante silencio y de una vergonzosa y pactada amnesia histórica.

Todo lo aquí publicado se encuentra en la publicación especial de la CGT sobre la Anulación de Sentencias Franquistas (pdf). En el especial además hay un artículo sobre la lucha de Pilar Vaquerizo (compañera de Francisco Granado) por cobrar la compensación que le corresponde.

Hito en la historia de la «democracia» española

Francisco Granado Gata y Joaquín Delgado Martínez han dado su vida por algo, pero, como siempre, los verdugos los han ejecutado por nada.
Robert Escarpit en Le Monde (22-8-1963)

Esta amnesia histórica puede y debe subsanarse con la anulación de las sentencias de los tribunales represivos de la dictadura (Tribunal Orden Público), no nos podemos engañar esta es una batalla jurídica pero, sobre todo, política; pero analicemos por partes.

La lectura de la reciente sentencia del TC requiere, como casi todos los textos procesales, de una lectura pausada, concentrada y con diccionario en la mano. Hasta aquí poca novedad.
 
Sin embargo, una vez finalizado el trabajo de comprensión del mismo llegamos a dos puertos: lo que se sentencia respecto al litigio que se juzga y lo que hay detrás de toda la argumentación y de la decisión que el tribunal toma. Es sobre este segundo aspecto que vamos a hablar aquí.

Probada desde hace demasiados años, fuera de los tribunales porque dentro no fue posible, la inocencia de los dos ajusticiados; conocidos públicamente por confesión propia los autores materiales y morales del hecho incruento por el que se privó de la vida a Delgado y Granado; sabido, relatado, escrito y difundido amplia y suficientemente que esa no era una acción aislada sino parte de toda una serie de actos y voluntades de acción por parte de un grupo de personas que pretendían derrocar la dictadura franquista e incluso eliminar físicamente al dictador Franco; con todo esto encima de la mesa, lo que más allá de la colocación de una bomba se juzgó (es undecir) en su día y se ha ido revisando (es otro decir) más recientemente, no es esa acción puntual sino la legitimidad o no de todo un período de nuestra historia en el que demasiadas personas pasaron por tribunales militares o civiles para ser condenados por delitos políticos, en una etapa en la que no existía ningún tipo de libertad para quienes discreparan del régimen gobernante.


Joaquín Delgado

Y lo triste no es que los tribunales franquistas procedieran como inquisición en lugar de cómo judicatura; lo triste es que muerto el dictador, superada la dictadura y estando en un autodenominado estado de derecho, que ha superado sus 25 años de vida, aún no se ha procedido a la recuperación de la memoria histórica de esos años nefastos. Más triste aún es que los partidos políticos que, por haber estado en el Gobierno o en el Parlamento, han tenido el poder y la capa- cidad de resarcir a los damnificados y de llevar a cabo el proceso de revisión de las sentencias quese dictaron ni se han dignado a dictar leyes ni a depurar responsabilidades que llevaran a resarcir del daño moral ni tampoco han trabajado lo más mínimo para que se pueda hacer público todo lo que en esa etapa pasó.Delgado y Granado son un ejemplo más de tantas y tantas personas que no tuvieron un proceso judicial limpio.

Y todo porque un día esos señores se reunieron y decidieron que la transición española debía ser modélica y, para ello, había que borrar de los textos escolares y de las pantallas televisivas cualquier atisbo de entrar a fondo en desvelar lo que pasó. Eso sí, estamos en libertad y se puede hablar de que hubo dictadura, aunque admitien- do sólo a Franco como dictador. Sus acólitos han desaparecido de nuestra vista. También sus expedientes han desaparecido, mejor dicho no han podido aparecer nunca, en los tribunales que podrían revisar, como en otros países se ha hecho, las atrocidades cometidas, no ya en período de guerra civil sino terminada ésta.

¿Y quienes fueron los damnificados? Los “desafectos”, los exiliados, los luchadores y luchadoras por la libertad. Sabater, Facerías, (y tantos maquis anarquistas más),...Peiró ( y tantos sindicalistas más),... Puig Antich (y tantos autónomos más),...

Dentro de esa forma de actuar la última sentencia del TC es un grano más: dice que no es su misión entrar a ver si el juicio a Delgado y Granado fue hecho correctamente, existía una ley y, por lo tanto, el TC no va a hacer el juicio político a esa legislación y sus consecuencias. Sin embargo, el hecho de que obligue a que se atienda la petición de revisión de lo juzgado en período democrático abre, al menos, las puertas a que en el nuevo juicio se pueda limpiar el honor de dos personas concretas. Esperemos que así sea y que continúe con todos los demás, aunque eso, como todo, habrá que trabajárselo dura y pacientemente.

Ahora nos queda por ganar la batalla de la anulación de las sentencias pronunciadas por los tribunales represivos del franquismo. Queremos señalar que el esfuerzo realizado por los familiares de Granado y Delgado y por el Grupo Pro-revisión, en primer lugar, así como por la CGT se ha visto recompensado sorprendentemente con un éxito único en nuestra reciente historia.

Desde CGT consideramos más urgente que nunca continuar el trabajo iniciado en 1998 y convertir esta pequeña victoria en piedra angular de un redoblado esfuerzo para conseguir nuestra reivindicación irrenunciable: La anulación de todas las sentencias dictadas contra los luchadores y luchadoras antifranquistas. Alcanzando este objetivo no sólo lograremos que resplandezca la JUSTICIA sino que además conseguiremos pagar una deuda histórica con esas generaciones de militantes que fueron, y han sido, inspiración y ejemplo para nuestro compromiso militante.

Hoy más que nunca, nuestra exigencia es el reconocimiento de la inocencia de Delgado y Granado, su rehabilitación pública y la anulación de todas las sentencias franquistas por las que, al margen de partidismos, fueron ejecutados, encarcelados y vilipendiados seres humanos, compañeros y compañeras, cuyos valores éticos y personales estaban a mil años luz de los individuos que ostentaban el poder y los ejecutaron o encarcelaron.

Paguemos nuestra deuda histórica, cumplamos, trabajemos sin descanso hasta la anulación de todas esas sentencias que son un oprobio para nuestra conciencia de clase y un insulto para cualquier ser humano con el más mínimo sentido de la justicia y la libertad.


Pilar Vaquerizo y Francisco Granado, con su hija y el hermano de este.

Breve reseña bibliográfica

Aquella madrugada del 17 de agosto de 1963, dos jóvenes libertarios esperaban la ejecución de la pena capital desde hacía doce horas en la celda contigua habilitada como capilla. Francisco Delgado Gata, de veintisiete años, natural de Valencia de Ventoso (Badajoz) , casado y con tres hijos, y Joaquín Delgado Martínez, soltero y nacido en Cardona (Barcelona) hacía veintinueve años, habían pasado en vela las horas precedentes, desde que les fuera comunicada la pena de muerte a la que habían sido condenados por un Consejo de Guerra sumarísimo celebrado unos días antes.

La mujer y los tres hijos de Granado vivían en Francia y sus padres y una hermana casada, en Madrid. En el caso de Delgado, sus padres y hermano residían desde hacía años en Grenoble. No hubo tiempo para que ni unos ni otros se desplazaran hasta la capital para compartir con ellos sus últimas horas de angustia. Tampoco se les avisó, y si en ese momento estaban al tanto de la tragedia que se avecinaba era por las noticias de los periódicos y de la radio.

Joaquín Delgado vivía en Francia desde agosto de 1949, cuando marchó con su madre, Aurora Martínez Carreño, y su hermano menor, Francisco, para reunirse con su padre, Francisco Delgado Tapia, militante de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) , que tuvo que huir al país vecino en 1939 tras el final de la guerra civil. Hasta ese momento el matrimonio había vivido en Cardona, donde el padre trabajó en una fábrica de explosivos, primero, y en otra de pimentón, después. Tuvieron una primera hija, Angélica, que falleció a los nueve años, y después nació Joaquín. La guerra les separó y Aurora, embarazada, se marchó a casa de sus padres, a un pequeño pueblecito de Almería, Nacimiento, donde nació su segundo vástago, Francisco. Allí esperaron diez años a que el cabeza de familia normalizara su situación en Francia y les llevara con él.

De nuevo juntos, la familia se instaló en Sête hasta que en 1954 se trasladó a vivir a la que habría de ser su residencia definitiva en Grenoble. Joaquín dejó los estudios con quince años, se nacionalizó francés, porque así era más fácil encontrar trabajo, y comenzó a trabajar como ebanista. Ello no impidió que viviera influido por los ambientes del exilio y que cada domingo acudiera con su hermano a las reuniones que organizaban los jóvenes anarquistas. Francisco no entendía nada de lo que se hablaba en aquellos cónclaves y dejó de acompañar a Joaquín, cuyo compromiso político fue en aumento hasta afiliarse a la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL), sin más actividad inicial que organizar festivales y asistir a charlas y coloquios. Sus inquietudes le llevaron también a ingresar en la logia masónica El Gran Oriente, que aglutinaba a militantes de izquierda.

La trayectoria de su compañero Francisco Granado era muy distinta. Él era producto de la emigración forzosa de los años sesenta que obligó a cientos de miles de españoles a salir del país en busca de trabajo, y cuyos ahorros en divisas, remitidos a la familia en España, constituían sin ellos saberlo una nada desdeñable fuente de ingresos del régimen franquista. Francisco había vivido en su pueblo hasta los dieciocho años, momento en que se vino a la capital en busca de fortuna. Se instaló en casa de su hermana Ascensión y su cuñado, Juan Chavero, y comenzó a buscar trabajo. Ingresó en Agromán y después en la Maestranza de Artillería de Madrid, se casó en 1956 y al año siguiente se incorporó al servicio militar. En el Ejército le detectaron una grave enfermedad, leucemia, que le obligó a permanecer hospitalizado durante varios meses. Una vez licenciado decidió marchar a Francia en busca de fortuna con un amigo que le convenció de que aquélla era la tierra de promisión y, además, había más avances para tratar su dolencia.

El 6 de abril de 1960 cruzó la frontera por Irún en dirección a Burdeos y dos días más tarde se instaló en la localidad de Alès. Los primeros meses trabajó como jornalero en el campo, hasta que consiguió un puesto estable como forjador. Aquello le permitió obtener la carta de trabajo, la autorización de residente y llevarse con él a su familia. Nunca había militado en partido político alguno, hasta que tomó contacto con otros españoles exiliados y se ofreció para colaborar con las Juventudes Libertarias en las que militaba Joaquín Delgado.

No eran más que dos jóvenes a quienes la guerra había trastocado la infancia y la juventud hasta forzarles, por uno u otro motivo, a salir de España. Ambos sufrían las consecuencias de la dictadura y ambos creían también que podían cambiar el rumbo de la historia con su compromiso. No se conocían pero el destino les unió en Madrid, donde fueron detenidos. En apenas dos semanas un tribunal militar les juzgó y condenó como autores de la colocación de dos bombas que hicieron explosión el 29 de julio anterior en la sección de pasaportes de la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, con un saldo de veinte heridos, y en la puerta principal del edificio de la Delegación Nacional de Sindicatos, en el Paseo del Prado, que sólo causó daños materiales.

Extracto del libro: “Garrote vil para dos inocentes. El caso Delgado–Granado”; Carlos Fonseca; Madrid 1998; Ediciones de Hoy.


Protesta en Paris en 1963 contra los asesinatos de Julián Grimau, Manuel Moreno Barranco, Francisco Granado y Joaquín Delgado.

Granado y Delgado

Acusados de dos atentados que no habían cometido, los jóvenes anarquistas Francisco Granado y Joaquín Delgado son ejecutados el 16 de agosto de 1963.
Después de la muerte de Franco, la “transición a la democracia” impone la amnesia sobre los crímenes del franquismo. Veinte años tienen que transcurrir para que, primero un filme y después un libro aporten pruebas irrefutables de la falsedad de las acusaciones y de a arbitrariedad de la justicia franquista.
 
En el curso de 1997 se crea el Grupo pro-revisión del proceso Granado-Delgado para obligar a la Justicia de la España “democrática” a revisar el proceso
sumarísimo) de 1963.

Para apoyar las iniciativas de las familias Granado y Delgado —Recurso de Revisión en el Tribunal Supremo y Recurso de Amparo en el Tribunal Constitucional— se realizan campañas que activan el proceso de denuncia de los crímenes del franquismo y de recuperación de la memoria histórica.

Tras conseguir que el Congreso de os las familias Granado, Delgado, Peiró y Puig Antich dirigen una carta al Presidente del Tribunal Constitucional para
en las demandas de revisión de juicios franquistas.

En respaldo de esta carta, y para la anulación de las sentencias pronunciadas durante la dictadura franquista se inicia, en mayo de 2003, una campaña que final- mente, se ve reflejada en diversas iniciativas parlamentarias que hasta ahora no habían podido prosperar por la oposición del Partido popular.

Tras el cambio político del 14-M, el el Grupo pro revisión del proceso Granado-Delgado y de Apoyo a Pilar Vaqueriz inician una nueva campaña para instar a la "mayoría progresista" actual a hacer "honor a la palabra dada".

La "Transición del régimen franquista a la democracia"

Las cifras y la crueldad de la represión franquista explican el por qué la España revolucionaria y la España republicana no pudieron levantar cabeza durante los cuarenta años de dictadura y el por qué tuvieron que resignarse a aceptar la Monarquía y la continuidad inst tucional de los poderes fácticos.

La “transición a la Democracia” se realizó en el marco de la legalidad definida por la Leyes fundamentales del régimen franquista. Esta “legalidad” no ha sido aún puesta en cuestión por la España democrática. Ni siquiera después de la Resolución del 20 de noviembre de 2002 en la que, por vez primera, se condena institucionalmente el golpe militar de 1936 y se insta a la rehabilitación moral de las víctimas de la represión franquista. Esta histórica Resolución parlamentaria “no ha tenido la repercusión que precisa su observancia” (Defensor del Pueblo, Informe anual de 2003) de parte de las Instituciones del Estado.

Las condiciones en las que se pactó la Transición “explican” esto y el por qué todos los partidos “no se dieron cuenta” de la incompatibilidad entre la Ley de amnistía y la Constitución que consagraba las libertades democráticas por las cuales los amnistiados habían sido condenados. La amnistía de 1977 perdonaba, pero no anulaba los “delitos” cometidos –según la Justicia franquista– por los amnistiados al luchar por las libertades que, desde el 6 de diciembre de 1978, eran constitucionales.
Esta contradicción moral y jurídica es la que ha permitido al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional denegar los Recursos de revisión presentados hasta ahora, validando, todavía hoy, la represión franquista.

La resolución del 20 de noviembre de 2002, puede quedar en letra muerta si desde la ciudadanía no continuamos un trabajo intenso para exigir se adopten las medidas legislativas oportunas.


Coro Entredos en un acto homenaje. @SOSCarabanchel

Las familias Granado, Delgado, Peiró y Puig Antich

En base a la Resolución del 20 de noviembre de 2002 (remitida por Alfonso Guerra al “Grupo pro revisión del proceso Granado-Delgado”), las familias Granado, Del- gado, Peiró y Puig Antich dirigieron una carta al Presidente del Tribunal Constitucional para pedirle aplicase dicha Resolución en el caso del Recurso de amparo presentado en 1999 por las familias Granado y Delgado.

También se le precisaba que la intención de los “Recursos de revisión” era sólo la de rehabilitar la memoria de sus familiares y de “cuantos sufrieron represión por luchar contra un régimen que negaba las libertades que hoy proclama la Constitución.”

En la carta de acompañamiento, el “Grupo pro revisión del proceso Granado-Delgado”, apoyada con miles de firmas recogidas mayoritariamente por compañeras y compañeros de CGT, le pedía que ese Tribunal procediese a la anulación de las sentencias pronunciadas por los Tribunales represivos de la dictadura franquista, puesto que tal era la consecuencia lógica de la Resolución del 20 de noviembre de 2002. Una Resolución que no sólo condenaba el golpe militar de 1936 y reafirmaba el deber de rehabilitación moral de las víctimas de la represión franquista, sino que, además, instaba “a las instituciones a apoyar las iniciativas de las familias de los afectados” por dicha represión.

A finales de abril de 2003, para respaldar la carta de las familias y exigir la anulación   de las sentencias franquistas, el “Grupo pro revisión del proceso Granado-Delgado” inició una campaña recordando que en 2003, en coordinación con CGT y otras organizaciones, se cumplían 40 años de las ejecuciones del comunista Julián Grimau y de nuestros com pañeros Francisco Granado y Joaquín Delgado,

Además de los actos realizados en diferentes ciudades, que culminaron con el del 6 de diciembre en la Plaza del Sol de Madrid, se consiguieron numerosas adhesiones de dirigentes de Partidos, Sindicatos y Asociaciones, así como de intelectuales y personalidades. Aunque, obviamente, las más numerosas fueron –como en anteriores ocasiones– las de los sindicatos y militantes de CGT, CNT y Solidaridad Obrera

Amnesia histórica y "democracia"...
 
Según la Historia oficial, con la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, y la proclamación de Juan Carlos de Borbón Rey de España, dos días después, comienza la Transición a la Democracia. No obstante, la Reforma Política para modificar las Leyes Fundamentales del franquismo no es aprobada hasta el Referéndum del 15 de diciembre de 1976, las primeras “elecciones libres” no se celebran hasta el 15 de junio de 1977, la Ley de Amnistía no se aprueba hasta el 14 de octubre de 1977 y la Constitución hasta el 6 de diciembre de 1978.

También según esa Historia, con el triunfo del PSOE en las elecciones del 28 de octubre de 1982 comienza realmente “el cambio”, confirmando la voluntad del pueblo español de volver la página del franquismo…

Sin embargo, el Tribunal Supremo desestima, el 30 de enero de 1990, el Recurso de revisión presentado por la viuda de Julián Grimau, fusilado en 1963, y el posterior Recurso de amparo en también desestimado por el Tribunal Constitucional. Y sólo el 29 de junio de 1990 es promulgada la Ley 4/1990 para indemnizar a quienes sufrieron prisión en as cárceles franquistas “durante más de tres a ños” y si habían “cumplido 65 años a 31 de diciembre de 1990”.

La “rehabilitación moral"...


Antonio Martínez, Octavio Al- berola (Grupo Pro-Revisión) y Eladio Villanue- va (Secretario General de CGT). Madrid. Puerta del Sol. Acto 6 de diciembre de 2003.

El 20 de noviembre de 2002, el PP se resigna a aprobar una Resolución (calificada de “histórica”) condenando “el sublevamiento militar de 1936” y reafirmando el deber de “reconocimiento moral a todos los hombres y a todas las mujeres que fueron víctimas de la guerra civil española, y a cuantos más tarde sufrieron la represión de la dictadura franquista”.

El 12 de marzo de 2003 se aprueba en el Parlamento de Navarra una resolución para expresar “reconocimiento y reparación moral” a los navarros fusilados en el verano de 1936.

El 27 de marzo de 2003, el Parlamento catalán aprueba una moción creando un consorcio para “censar a los desaparecidos durante la Guerra Civil y localizar las fosas comunes en las que podrían estar enterrados”.

El 1 de abril de 2003, un grupo de juristas catalanes entrega al Presidente del Parlamento catalán un anteproyecto de Ley para revisar las “sentencias injustas” dictadas durante la dictadura franquista.

El 3 de abril de 2003, el Parlamento catalán aprueba por unanimidad una Proposición no de ley, de ERC, pidiendo la revisión del juicio que condenó a muerte en 1963 a Joaquín Delgado y a Francisco Granado.

El 14 de abril de 2003, las familias de Francisco Granado, de Joaquín Delgado, de Joan Peiró y de Salvador Puig Antich dirigen una carta al Presidente del Tribunal Constitucional para que aplique la Resolución del 20 de noviembre de 2002 en los casos de los Recursos de revisión de las sentencias pronunciadas por los tribunales  represivos de la dictadura franquista. Y a continuación comienza una campaña para pedir apoyo a la carta y exigir la anulación de las sentencias franquistas.

La anulación de las sentencias franquistas...

El 8 de julio de 2003 es presentada en el Congreso de los Diputados, por la diputada socialista Amparo Valcarce, una “Proposición no de ley” para que se proceda a “la anulación de todos los juicios sumarios” realizados por los tribunales franquistas.

Pero, el 10 de julio de 2003, el Tribunal Supremo deniega el Recurso de revisión presentado unos meses antes por el hijo de una pareja de militantes del POUM condenados a muerte en 1941.

El 16 de julio de 2003, CiU, el PSC, ERC e Iniciativa per Catalunya Verds presentan, en el Registro del Parlamento catalán, un “proyecto de Ley para revisar y anular las sentencias dictadas durante la guerra civil y la dictadura franquista” por “motivos políticos, sociales o ideológicos”.

El 10 de septiembre de 2003, el PP rechaza la “Proposición no de Ley” presentada por la diputada socialista Valcarce, para poder anular los juicios sumarios celebrados durante la dictadura franquista, argumentando que en la Resolución del 20 de noviembre de 2002 ya está “reafirmado el reconocimiento moral de todos cuantos, hombres y mujeres, fueron víctimas de la guerra civil y también de todos los que sufrieron la represión y el exilio”.

El 25 de septiembre de 2003 es aprobada, en el Parlamento de Andalucía, una iniciativa socialista para dar “reconocimiento público y moral de respeto” a cuantos fueron “asesinados durante la Guerra Civil española por haber defendido los valores republicanos”. El 31 de enero de 2004, en Estrasburgo, nueve parlamentarios del PSOE, CiU y PNV presentan un proyecto de Resolución para que el Consejo de Europa condene el franquismo y exija la reparación moral de sus víctimas.

¿Una “nueva etapa”?

El 14 de marzo de 2004 las elecciones dan el poder al PSOE y un mes después José Luis Rodríguez Zapatero (ZP) comienza a gobernar. Pero…


Miembros del Grupo Pro-Revisión tras conocerse la Sentencia. Em el centro Pilar Vaquerizo, Rosana Granado y Richard Granado (de izquierda a derecha).

El 14 de abril de 2004, el secretario de Justicia del Tribunal Constitucional-Sala Primera notifica a la Procuradora Ana Llobera el informe del Fiscal sobre el Recurso de amparo promovido en 1999, por las familias de Francisco Granado y de Joaquín Delgado, contra el “Auto de la sala de lo Militar del Tribunal Supremo recaído en el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra sentencia del Consejo de guerra Ordinario sobre delito consumado de terrorismo”. En este Informe (fechado el 14 de abril de 2000), el Fiscal valida el Auto del Tribunal Supremo denegando la revisión del Consejo de guerra de 1963.

El 28 de mayo de 2004, l Tribunal Constitucional no admite a trámite una demanda de revisión de un juicio sumarísimo de 1975, aunque por primera vez se excusa de tener que hacerlo:”La dura realidad de la Historia no puede soslayarse en lo jurídico con procesos de revisión indefinida”.

Y el 2 de junio de 2004, el Congreso de  los Diputados aprueba una Proposición no de ley de PNV, EA y el BNG, enmendada por el PSOE, que reitera (Resolución del 2002) el reconocimiento moral, social y económico a las víctimas de la guerra civil y del franquismo, instando al Gobierno a sistematizar la legisla- ción que se ha venido aprobando en este terreno, incluida la reparación de daños “que se hubieran podido producir durante la transición a la democracia, con propuestas específicas de programas, medidas y actuaciones concretas para mejorar sus situación actual”.

Enlaces relacionados / Fuente: 
http://www.rojoynegro.info/articulo/memoria/anulaci%C3%B3n-sentencias-franquistas-especial-granado-delgado
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