B.2.2 ¿Tiene el estado funciones subsidiarias?

Sí, las tiene. Si bien, como se expuso en la última sección, el estado es un instrumento para mantener la dominación de clase, esto no significa que se limite solamente a la defensa de las relaciones sociales en una sociedad y las fuentes económicas y políticas de esas relaciones. Ningún estado ha mantenido nunca sus actividades a esos mínimos. Además de defender a los ricos, sus propiedades y las formas específicas de derechos de propiedad que los favorecen, el estado cuenta con numerosas funciones subsidiarias.

Estas han variado considerablemente en el tiempo y el espacio y, en consecuencia, sería imposible mencionarlas todas. Sin embargo, el porqué lo hace es más sencillo. Podemos generalizar dos formas principales de funciones subsidiarias del Estado. La primera consiste en impulsar los intereses de la élite gobernante a nivel nacional o internacional más allá de la defensa de sus bienes. La segunda es proteger a la sociedad contra los efectos negativos del mercado capitalista. Vamos a tratar cada una a su vez y, por sencillez y relevancia, nos centraremos en el capitalismo (véase también la sección D.1).

La primera función principal subsidiaria del Estado es cuando interviene en la sociedad para ayudar a la clase capitalista de alguna manera. Estas intervenciones pueden tomar formas evidentes, tales como subvenciones, desgravaciones fiscales, contratos con el gobierno sin concurso público, aranceles de protección a las viejas e ineficientes industrias, otorgando monopolios reales a determinadas empresas o particulares, rescates de empresas juzgadas por burócratas estatales como demasiado importantes como para dejar que fracasen, y así sucesivamente. Sin embargo, el Estado interviene mucho más que eso y de formas más sutiles. Por lo general lo hace para resolver los problemas que surgen en el curso del desarrollo capitalista y que no pueden, en general, dejarse en manos del mercado (al menos inicialmente). Estas están diseñados para beneficiar a la clase capitalista en su conjunto y no sólo a individuos específicos, empresas o sectores.

Estas intervenciones han adoptado diferentes formas en diferentes momentos e incluyen la financiación estatal para la industria (por ejemplo, el gasto militar), la creación de infraestructura social demasiado cara de proveer para el capital privado (ferrocarriles, autopistas), la financiación de la investigación que las empresas no pueden permitirse llevar a cabo; los aranceles a la importación para proteger el desarrollo industrial de la competencia internacional más eficiente (la clave de éxito de la industrialización, ya que permite a los capitalistas estafar a los consumidores, haciéndoles ricos e incrementando los fondos disponibles para la inversión), dando acceso preferente a los capitalistas sobre la tierra y otros recursos naturales, el suministro de educación pública que garantice que el pueblo tenga las habilidades y la actitud requerida por los capitalistas y el estado (no es casualidad que una cosa clave aprendida en la escuela es cómo sobrevivir al aburrimiento, estar en una jerarquía y hacer lo que se ordene); operaciones imperialistas para crear colonias o estados clientes (o proteger el capital de los ciudadanos invertido en el extranjero) con el fin de crear mercados o de tener acceso a materias primas y mano de obra barata; con gasto gubernamental para estimular la demanda de los consumidores frente a la recesión y el estancamiento; el mantenimiento de un nivel "natural" de desempleo que se puede utilizar para controlar a la clase obrera, garantizando así que producirá más, por menos; la manipulación de los tipos de interés con el fin de tratar de reducir los efectos del ciclo económico y socavar los avances de los trabajadores en la lucha de clases.

Estas acciones, y otras parecidas, aseguran que una función clave del Estado en el capitalismo "es esencialmente socializar los riesgos y costes, y privatizar el poder y las ganancias." Como era de esperar, "con toda la palabrería acerca de minimizar el Estado, en los países de la OCDE el estado sigue creciendo en relación al PNB (Producto nacional bruto)". [ Noam Chomsky, Estados delincuentes, p. 189] Por lo tanto David Deleon:

"Sobre todo, el Estado sigue siendo una institución para la continuidad de las relaciones socio-económicas dominantes, ya sea a través de organismos como el ejército, los tribunales, la política o la policía... Los estados contemporáneos han adquirido... Menos medios primitivos para reforzar sus sistemas de propiedad [como la violencia de Estado - que es siempre el medio de último (a menudo primero) recurso]. Los Estados pueden regular, moderar o resolver las tensiones en la economía mediante la prevención de las quiebras de las empresas clave, manipulando la economía a través de los tipos de interés, apoyando la ideología tradicional de explotación mediante beneficios fiscales para las iglesias y escuelas, y otras tácticas. En esencia, no es una institución neutral, sino que es de gran utilidad para el statu quo. El Estado capitalista, por ejemplo, es prácticamente un giroscopio centrado en el capital, equilibrando del sistema. Si un sector de la economía gana un nivel de beneficio, digamos, que perjudique el resto del sistema - como los productores de petróleo causando rencor público y aumentando los costes de producción - el Estado puede redistribuir algunos de los beneficios a través de impuestos, o ofreciendo estímulos a la competencia."

["El anarquismo en los orígenes y funciones del Estado: algunas notas de base", la Reinvención del Anarquía] págs. 71-72

En otras palabras, el Estado actúa para proteger los intereses a largo plazo de la clase capitalista en su conjunto (y asegurar su propia supervivencia) mediante la protección del sistema. Este papel puede y entra en conflicto con los intereses de algunos capitalistas en particular o incluso secciones enteras de la clase dominante (véase la sección B.2.6). Pero este conflicto no cambia el papel del Estado como policía de los propietarios. De hecho, el Estado puede ser considerado como un medio de solución (de una manera pacífica y aparentemente independiente) de las disputas de la clase alta sobre qué hacer para mantener el sistema funcionando.

Este rol subsidiario, es preciso subrayar, no es casual, es parte inherente del capitalismo. De hecho, "las sociedades industriales exitosas siempre han confiado en las desviaciones de la ortodoxia del mercado, al tiempo que condena a sus víctimas [en el país y el extranjero] a la disciplina de mercado". [Noam Chomsky, World Orders, Old and New, p. 113] Si bien tal intervención del Estado creció enormemente tras la Segunda Guerra Mundial, el papel del Estado como promotor activo de la clase capitalista más que su defensor pasivo como se deduce de la ideología capitalista (es decir, como defensor de la propiedad) siempre ha sido una característica de el sistema. Como Kropotkin dijo:

"Todo Estado reduce a los campesinos y obreros industriales a una vida de miseria, por medio de impuestos, ya través de los monopolios que crea a favor de los terratenientes, los señores del algodón, magnates del ferrocarril, los taberneros, y similares... sólo tenemos que mirar alrededor, para ver cómo, en toda Europa y América los Estados constituyan monopolios a favor de los capitalistas del país, y más aún en las tierras conquistadas (que forman parte de sus imperios)."

[Evolution and Environment] p. 97

Hay que reseñar que por "monopolios", Kropotkin se refería a privilegios generales y beneficios en lugar de dar una determinada empresa el control total de un mercado. Esto continúa a día de hoy por medios como, por ejemplo, la privatización de industrias pero a la vez dándoles subsidios estatales, o mediante acuerdos de (mal llamados) "libre comercio" que imponen medidas proteccionistas tales como los derechos de propiedad intelectual en el mercado mundial.

Todo esto significa que el capitalismo rara vez ha confiado en el poder puramente económico para mantener a los capitalistas en su posición de social dominante (ya sea a nivel nacional, frente a la clase obrera, o internacional, frente a la competencia de élites extranjeras). Aunque en varias ocasiones los estados se han aproximado a un régimen capitalista de "mercado libre" en la que el Estado reduce su intervención a la mera protección de los derechos de propiedad capitalista, este no es el estándar normal del sistema - la fuerza directa, p. ej. la acción estatal, casi siempre lo complementa.

Esto es más obvio en la época del nacimiento de la producción capitalista. Entonces la burguesía quería y utilizaba el poder del Estado para "regular" los salarios (es decir, para mantenerlos a niveles tales como para maximizar las ganancias y obligar a la gente ir al trabajo con regularidad), para alargar la jornada laboral y para mantener al trabajador dependiente de los salarios de trabajo como su propio medio de ingresos (por los medios como cercar la tierra, hacer cumplir los derechos de propiedad sobre tierras desocupadas, y así sucesivamente). Como el capitalismo no es y nunca ha sido una evolución "natural" en la sociedad, no es de extrañar que una intervención cada vez mayor del estado sea necesaria para mantenerlo en marcha (y si aunque este no era el caso, si la fuerza fuera esencial para crear el sistema en primer lugar, el hecho de que este pueda sobrevivir sin necesidad de intervención directa no hace que el sistema sea menos estatista). Como tal, la "regulación" y otras formas de intervención del Estado se siguen utilizando con el fin de distorsionar el mercado a favor de los ricos y así la forzar a la clase trabajadora a vender su mano de obra en los términos de los jefes.

Esta forma de intervención del Estado está diseñada para evitar males mayores que pudieran poner en peligro la eficiencia de una economía capitalista o la posición social y económica de los jefes. Está diseñado para no ofrecer beneficios positivos para aquellos que están sujetos a la élite (aunque esto puede ser un efecto secundario). Lo que nos lleva a la otra clase de intervención del Estado, los intentos de la sociedad, a través del estado, para protegerse contra los efectos erosivos del sistema de mercado capitalista.

Sigue............[1]

Capitalism is an inherently anti-social system. By trying to treat labour (people) and land (the environment) as commodities, it has to break down communities and weaken eco-systems. This cannot but harm those subject to it and, as a consequence, this leads to pressure on government to intervene to mitigate the most damaging effects of unrestrained capitalism. Therefore, on one side there is the historical movement of the market, a movement that has not inherent limit and that therefore threatens society's very existence. On the other there is society's natural propensity to defend itself, and therefore to create institutions for its protection. Combine this with a desire for justice on behalf of the oppressed along with opposition to the worse inequalities and abuses of power and wealth and we have the potential for the state to act to combat the worse excesses of the system in order to keep the system as a whole going. After all, the government "cannot want society to break up, for it would mean that it and the dominant class would be deprived of the sources of exploitation." [Malatesta, Op. Cit., p. 25]

Needless to say, the thrust for any system of social protection usually comes from below, from the people most directly affected by the negative effects of capitalism. In the face of mass protests the state may be used to grant concessions to the working class in cases where not doing so would threaten the integrity of the system as a whole. Thus, social struggle is the dynamic for understanding many, if not all, of the subsidiary functions acquired by the state over the years (this applies to pro-capitalist functions as these are usually driven by the need to bolster the profits and power of capitalists at the expense of the working class).

State legislation to set the length of the working day is an obvious example this. In the early period of capitalist development, the economic position of the capitalists was secure and, consequently, the state happily ignored the lengthening working day, thus allowing capitalists to appropriate more surplus value from workers and increase the rate of profit without interference. Whatever protests erupted were handled by troops. Later, however, after workers began to organise on a wider and wider scale, reducing the length of the working day became a key demand around which revolutionary socialist fervour was developing. In order to defuse this threat (and socialist revolution is the worst-case scenario for the capitalist), the state passed legislation to reduce the length of the working day.

Initially, the state was functioning purely as the protector of the capitalist class, using its powers simply to defend the property of the few against the many who used it (i.e. repressing the labour movement to allow the capitalists to do as they liked). In the second period, the state was granting concessions to the working class to eliminate a threat to the integrity of the system as a whole. Needless to say, once workers' struggle calmed down and their bargaining position reduced by the normal workings of market (see section B.4.3), the legislation restricting the working day was happily ignored and became "dead laws."

This suggests that there is a continuing tension and conflict between the efforts to establish, maintain, and spread the "free market" and the efforts to protect people and society from the consequences of its workings. Who wins this conflict depends on the relative strength of those involved (as does the actual reforms agreed to). Ultimately, what the state concedes, it can also take back. Thus the rise and fall of the welfare state -- granted to stop more revolutionary change (see section D.1.3), it did not fundamentally challenge the existence of wage labour and was useful as a means of regulating capitalism but was "reformed" (i.e. made worse, rather than better) when it conflicted with the needs of the capitalist economy and the ruling elite felt strong enough to do so.

Of course, this form of state intervention does not change the nature nor role of the state as an instrument of minority power. Indeed, that nature cannot help but shape how the state tries to implement social protection and so if the state assumes functions it does so as much in the immediate interest of the capitalist class as in the interest of society in general. Even where it takes action under pressure from the general population or to try and mend the harm done by the capitalist market, its class and hierarchical character twists the results in ways useful primarily to the capitalist class or itself. This can be seen from how labour legislation is applied, for example. Thus even the "good" functions of the state are penetrated with and dominated by the state's hierarchical nature. As Malatesta forcefully put it:

"The basic function of government . . . is always that of oppressing and exploiting the masses, of defending the oppressors and the exploiters . . . It is true that to these basic functions . . . other functions have been added in the course of history . . . hardly ever has a government existed . . . which did not combine with its oppressive and plundering activities others which were useful . . . to social life. But this does not detract from the fact that government is by nature oppressive . . . and that it is in origin and by its attitude, inevitably inclined to defend and strengthen the dominant class; indeed it confirms and aggravates the position . . . [I]t is enough to understand how and why it carries out these functions to find the practical evidence that whatever governments do is always motivated by the desire to dominate, and is always geared to defending, extending and perpetuating its privileges and those of the class of which it is both the representative and defender." [Op. Cit., pp. 23-4]

This does not mean that these reforms should be abolished (the alternative is often worse, as neo-liberalism shows), it simply recognises that the state is not a neutral body and cannot be expected to act as if it were. Which, ironically, indicates another aspect of social protection reforms within capitalism: they make for good PR. By appearing to care for the interests of those harmed by capitalism, the state can obscure it real nature:

"A government cannot maintain itself for long without hiding its true nature behind a pretence of general usefulness; it cannot impose respect for the lives of the privileged if it does not appear to demand respect for all human life; it cannot impose acceptance of the privileges of the few if it does not pretend to be the guardian of the rights of all." [Malatesta, Op. Cit., p. 24]

Obviously, being an instrument of the ruling elite, the state can hardly be relied upon to control the system which that elite run. As we discuss in the next section, even in a democracy the state is run and controlled by the wealthy making it unlikely that pro-people legislation will be introduced or enforced without substantial popular pressure. That is why anarchists favour direct action and extra-parliamentary organising (see sections J.2 and J.5 for details). Ultimately, even basic civil liberties and rights are the product of direct action, of "mass movements among the people" to "wrest these rights from the ruling classes, who would never have consented to them voluntarily." [Rocker, Anarcho-Syndicalism, p. 75]

Equally obviously, the ruling elite and its defenders hate any legislation it does not favour -- while, of course, remaining silent on its own use of the state. As Benjamin Tucker pointed out about the "free market" capitalist Herbert Spencer, "amid his multitudinous illustrations . . . of the evils of legislation, he in every instance cites some law passed ostensibly at least to protect labour, alleviating suffering, or promote the people's welfare. . . But never once does he call attention to the far more deadly and deep-seated evils growing out of the innumerable laws creating privilege and sustaining monopoly." [The Individualist Anarchists, p. 45] Such hypocrisy is staggering, but all too common in the ranks of supporters of "free market" capitalism.

Finally, it must be stressed that none of these subsidiary functions implies that capitalism can be changed through a series of piecemeal reforms into a benevolent system that primarily serves working class interests. To the contrary, these functions grow out of, and supplement, the basic role of the state as the protector of capitalist property and the social relations they generate -- i.e. the foundation of the capitalist's ability to exploit. Therefore reforms may modify the functioning of capitalism but they can never threaten its basis.

In summary, while the level and nature of statist intervention on behalf of the employing classes may vary, it is always there. No matter what activity it conducts beyond its primary function of protecting private property, what subsidiary functions it takes on, the state always operates as an instrument of the ruling class. This applies even to those subsidiary functions which have been imposed on the state by the general public -- even the most popular reform will be twisted to benefit the state or capital, if at all possible. This is not to dismiss all attempts at reform as irrelevant, it simply means recognising that we, the oppressed, need to rely on our own strength and organisations to improve our circumstances.