Prisión sin fianza para frenar las muertes en los tajos

[free lancer]

Los fiscales pedirán prisión sin fianza para frenar las muertes en los tajos

Aseguran que en muchos casos se producen "toques" tras el accidente a los testigos, a menudo compañeros del trabajador siniestrado

Público.es

Los fiscales andaluces especializados en siniestralidad laboral han acordado en un encuentro reciente tomar medidas para atajar las muertes en las llamadas obras pirata. Han lanzado un aviso a navegantes. Pedirán las penas más contundentes y solicitarán a los jueces que se acuerde en todos los casos graves la prisión provisional y sin fianza para el empleador responsable del centro de trabajo.

En muchos casos, aseguran fuentes de la fiscalía, se producen tras el accidente “toques” a los testigos, a menudo compañeros del trabajador siniestrado. Existen casos de presentación de documentos dudosos en las diligencias judiciales e, incluso, condenas por coacciones del empleador a los obreros tras el accidente.

El acuerdo del ministerio público no ha caído en saco roto. La semana pasada un juzgado de Córdoba encerró por primera vez en España, según la fiscalía, sin fianza a un constructor por la muerte de un trabajador que resultó electrocutado al pisar un cable pelado en una obra de Priego de Córdoba. Hasta ahora, no se daba la prisión provisional en casos de siniestralidad laboral porque las cortas penas –de hasta tres años de cárcel– y la condición de primerizos de los imputados no ayudaba.

El caso de Priego fue especialmente grave porque el trabajador no estaba dado de alta, y se intentó hacerlo por internet una media hora después de su muerte, según fuentes de la investigación. Además, se intentaron ocultar pruebas: se trasladó al trabajador en un coche particular, en lugar de llamar a Emergencias Sanitarias, y se trató de engañar tanto a la Guardia Civil como a los médicos para que se certificara que la muerte era por causas naturales. La autopsia destapó el bulo. La fiscalía cree que es un caso de libro y los sindicatos se felicitaron de que, por fin, se actúe con fuerza.

Convenio desde 2005

Manuel Torralba, responsable de Salud laboral de UGT-Córdoba, aseguró a Público que “no existían medidas de seguridad. La electrocución tuvo lugar porque el trabajador no disponía de ropa de trabajo y al pisar un cable y tocar una gavilla llevando sus zapatillas de deporte se creó un arco eléctrico que fue el causante de la muerte”. Además del constructor encerrado, están imputados otras tres personas: un técnico, un conductor de grúa y el promotor.

La mano dura de la fiscalía contra los accidentes laborales no se queda ahí. Lo que persigue la Fiscalía General del Estado es atajar el problema desde la raíz, según los expertos: la falta de cultura preventiva. Así, los fiscales han desempolvado los artículos 316 y 317 del Código Penal, que estipulan sanciones de hasta tres años de cárcel aun cuando no se produzca el accidente. Basta con que se ponga en peligro la vida del trabajador. La primera condena sin accidente se produjo en octubre de 2006, según la Junta, cuando un juzgado de Jaén condenó a seis meses de cárcel a un empresario por no tomar medidas de seguridad en una obra en Huelma.

El trabajo de la fiscalía está mejor coordinado con la inspección de trabajo desde que en 2005 firmaron un convenio con la Junta de Andalucía y otro posterior con los sindicatos. En tres años, la Consejería de Empleo andaluza le envió 543 informes de accidentes mortales a los fiscales y 435 de obras paralizadas. Sólo en Andalucía, según Empleo, se impusieron en 2007 multas por valor de 16 millones de euros a las empresas por no cuidar la salud de sus empleados.

Los datos de 2007

La mal dotada, según los sindicatos, inspección de trabajo llevó a cabo en 2007, 433.361 visitas a empresas para acontrolar el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos. Encontró 32.626 infracciones que afectaban nada menos que a 222.498 trabajadores, que no trabajaban en condiciones legales de seguridad. Los inspectores cerraron el año imponiendo sanciones por valor de 124.305.398,27 €. Los inspectores se vieron obligados a paralizar 1.781 centros de trabajo y presentó 4.313 propuestas de recargo.

844 muertes en el puesto de trabajo fue el negro balance del año 2007, según los datos del ministerio de trabajo, un 12% menos que en 2006. El número total de accidentes con baja registrados (934.351, en su inmensa mayoría catalogados como leves) a lo largo del año pasado supuso prácticamente los mismos que en 2006. Sin embargo, había un 3,6% más de trabajadores (más de 16 millones de personas).