Ante las elecciones del 23 de julio de 2023: Por una clase trabajadora con capacidad política transformadora

El nacimiento del 15M presentó una crisis sin precedentes tanto en el tradicional bipartidismo presente desde la 2.ª legislatura de 1982, como en el gobierno del PSOE de Zapatero. Las asambleas y la movilización constante dieron un aire fresco a los movimientos sociales, pero nunca se llegó a cuestionar del todo la democracia representativa. Así, no faltaron los trepas, demagogos y oportunistas que disolvieron el 15M para renovar la socialdemocracia y fundar Podemos, y que se presentaron por primera vez en las elecciones europeas de mayo de 2014.

Así, primero en la UE, luego en los ayuntamientos, y más tarde en el gobierno, realizaron ese «asalto institucional» tibio y poco incómodo para los poderes económicos. Una tibieza que les ha mantenido en el poder, pero que ha servido para desilusionar, y que ha desmovilizado y vaciado de contenido las luchas que una vez les impulsaron. Su forma de tratar ciertos temas sociales les ha llevado a poner parches que son más marketing que soluciones reales para las necesidades de los trabajadores.

Entre la reforma laboral y los márgenes empresariales. Legislando en contra de los trabajadores

El 4 de julio del 2023, el Banco de España publicó un estudio en el que detallaba que los beneficios y la rentabilidad empresarial son más altos que nunca (eléctricas, petroleras, turismo, hostelería). Según las interpretaciones de estos datos por parte de CC.OO., los márgenes empresariales están más altos que nunca y las empresas con mayor poder del mercado han disparado sus márgenes agravando la subida de precios, y todo esto en detrimento del salario de los trabajadores y del conjunto de la sociedad. No es de extrañar que las organizaciones patronales hayan alabado la gestión de Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El PSOE, en su programa electoral para las Elecciones Generales de 2019, prometía derogar los «aspectos más lesivos» de la reforma laboral del PP, mientras que UP pretendía la derogación de esta reforma. Sin embargo, en el 2021, el gobierno de coalición ha apuntalado la reforma laboral: ha maquillado la temporalidad, mantiene los contratos en prácticas, no restablece las indemnizaciones por despido, refuerza la subcontratación, facilita el despido, etc.

Para apuntalar el discurso distribuido por distintos medios de que se iba a ir incrementando el sueldo de los trabajadores gracias a la labor del gobierno, se firmó un «pacto de rentas» entre representantes de las organizaciones patronales y los sindicatos. Este pacto, que queda muy bien mediáticamente y para uso político, no es vinculante en las negociaciones de los convenios colectivos, que es lo que obliga a las empresas a la hora de pagar salarios y realizar aumentos.

Si los márgenes empresariales han crecido gracias a la inflación y el encarecimiento de los productos básicos, bienes y servicios, ha sido parasitando de la producción y al sostenimiento de la economía por la clase trabajadora. A pesar del aumento del SMI en 2023 hasta los 1080 € (punta de lanza de los defensores del gobierno), el poder adquisitivo de la clase trabajadora no ha aumentado, tal y como se refleja en el estudio del Banco de España.

La subida exponencial de los precios de la energía ya comenzó en enero de 2021, donde el oligopolio eléctrico comenzó con la subida justo antes del fenómeno climático conocido como «Filomena». El entonces gobierno de PSOE-UP anunció una subida del precio de la luz de hasta un 25 %. Ya entonces desde la FAI denunciamos que el gobierno mostró una actitud pasiva y de conveniencia con el oligopolio eléctrico y que quienes más se veían afectados eran los trabajadores y la población más vulnerable.

El conflicto bélico en Ucrania que se inició el 24 de febrero de 2022, el corte de gas proveniente de Rusia, y la búsqueda de nuevas rutas y fuentes para el suministro, han repercutido directamente en la subida de los precios de los bienes y servicios básicos, en el empobrecimiento de los trabajadores y en el aumento exponencial de los beneficios y márgenes empresariales. La respuesta del gobierno ha sido una serie de medidas «light» y laxas que no responden a las necesidades de la clase trabajadora, sino que han ayudado directamente al incremento de los márgenes empresariales.

Crisis sanitaria, privatización y ley mordaza

El 14 de marzo de 2020, el gobierno de PSOE-UP declaró el estado de alarma por la crisis sanitaria internacional provocada por el SARS-COV-2, conocido coloquialmente como «coronavirus». Un mes después, desde la FAI, a través de un comunicado, criticamos la respuesta del gobierno y la deriva autoritaria que estaba tomando este contra la clase trabajadora. Una deriva que tiene sus raíces tanto en la esencia misma del Estado y su maquinaria coercitiva, como en el desmantelamiento progresivo de la sanidad pública. Esta falta de recursos ha llevado a que el Estado fuese incapaz de hacer frente a las necesidades de la mayor parte de la población, favoreciendo los primeros diagnósticos y tratamientos para los ricos y altos funcionarios sobre los trabajadores.

El gobierno de PSOE-UP no ha derogado la «Ley 15/97 del 25 de abril sobre habilitación de nuevas formas de gestión del sistema sanitario de salud». Tampoco ha intentado revertir mínimamente el desmantelamiento y la externalización del sistema público de salud. Las consecuencias de esta ley como puerta de entrada de los intereses privados por encima de los públicos y de la gestión neoliberal de las comunidades autónomas que buscan implantar modelos sanitarios similares a los anglosajones han sido el cierre de ambulatorios, reducción de camas de hospitales, externalización de servicios de consultas, o que se legisle a favor de los lobbies de la sanidad privada.

La utilización de la sanidad y la falta de acceso a sus recursos para la clase trabajadora y la población más vulnerable tiene consecuencias tales como el aumento de la desigualdad, la precarización, el empobrecimiento, la exclusión social y el aumento de la mortalidad.

Durante el estado de alarma, además del drástico recorte de derechos y libertades, destacó la política del miedo, y el abuso y la brutalidad policiales. Y la violencia y la impunidad policiales se agravaron aún más a raíz de la segregación de los barrios de Madrid que impulsó tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid. Esta violencia estaba dirigida especialmente contra las personas migrantes y personas más vulnerables. La segregación afectó especialmente a los barrios humildes y obreros, los cuales tienen un contexto estructural donde predomina el vivir en pisos pequeños, difíciles de ventilar, con familias hacinadas, mal acondicionados y muchos sin ascensor (obstáculo que limita aún más el acceso a la movilidad y los servicios para las personas mayores y con movilidad reducida).

Y mientras la represión se cebaba en los barrios humildes, en distritos de Madrid como el de Salamanca, las personas adineradas formaban su propio 15M en la calle Núñez de Balboa con el beneplácito del Estado y la policía.

No entendemos, cuando se habla de «retroceso de libertades» como argumento de voto, a qué se refieren exactamente, cuando el gobierno de PSOE-UP no ha derogado la ley 4/2015 del 30 de marzo de protección de seguridad ciudadana (la «ley mordaza»). La derogación de esta ley estaba en sus programas electorales para las elecciones de 2019. Y no solo no la han derogado, sino que han intentado reformarla y la han estado aplicando durante la pandemia y posteriormente. Y es que el Estado necesita de un marco legislativo bonito y adecuado con el fin de justificar las acciones policiales contra todo aquello que pretenda criticar al Estado, denunciar el ejercicio de la violencia por parte de la policía o simplemente manifestarse.

OTAN y militarismo. La guerra de Ucrania

A pesar de los leves susurros dentro de UP contrarios al envío de armas y militares a Ucrania o de apoyo al ejército ucraniano, el gobierno de PSOE-UP ha cumplido las exigencias de la OTAN y han apoyado el conflicto bélico.

El principal beneficiario de la guerra es sin duda la industria militar. Empresarios, directivos, etc., que dependen directa o indirectamente del conflicto armado están ganando millones de beneficios suministrando material bélico con la financiación directa e indirecta del Estado. El aumento a un 2% del gasto del PIB en defensa ha disparado las proyecciones de crecimiento a costa de cientos de miles de militares y trabajadores rusos y ucranianos que han sido enviados a morir para el beneficio económico y geoestratégico de Rusia, Ucrania, la OTAN y la UE.

España es una gran potencia en el ámbito de la industria armamentística y en la exportación de armas y otro tipo de material bélico, que alimenta cada año a diversos conflictos armados en el mundo como el de Arabia Saudí contra Yemen o el de Israel contra Palestina.

Los anarquistas somos contrarios a la guerra y a los intereses económicos de aquellos que se benefician de ella, y trabajamos para fomentar luchas internacionales que derroquen los bandos imperialistas.

Deslegitimación y abstención activa

Los que sí se han visto beneficiados por el gobierno han sido las sectas religiosas. El gobierno, en vez de avanzar hacia una posición laica (lo que se podría esperar de un gobierno «de izquierdas y progresista») ha aplicado beneficios fiscales a sectas como los Testigos de Jehová, los mormones, etc., las cuales ahora se encuentran exentas de pagar el IBI, al igual que la Iglesia católica.

Tampoco la ley de la vivienda ha cumplido con las expectativas de las organizaciones sociales que trabajan con inquilinos o intentan impedir desahucios. Cada año se practican en España 30 000 desahucios de manos de la policía, por la falta de políticas y de garantías del Estado hacia las personas más vulnerables. Se sigue legislando en beneficio de los «fondos buitre» y de los grandes propietarios. Así, sigue habiendo millones de pisos vacíos y miles de personas en la calle o en riesgo de exclusión mientras la vivienda es considerada un bien de mercado más con el que especular.

Es posible que nos dejemos más temas en el tintero: las fronteras, la masacre de la valla de Melilla, el colaboracionismo con organizaciones fascistas, la constante retórica del miedo, la represión sistemática contra los trabajadores organizados, la privatización y empeoramiento de los servicios de RENFE-Cercanías, la policía infiltrada en los movimientos sociales, etc.

La democracia representativa gira alrededor del concepto de legitimidad. Las elecciones y las urnas legitiman el ejercicio de los poderes del Estado, y el monopolio de la coacción y la violencia. Y es el reconocimiento de la legitimidad para gobernar donde comienza la batalla en la arena política. Un partido con una mayoría de escaños sobre los demás no representa realmente a una mayoría real de personas. Si la participación en unos comicios es del 70 %, restando votos en blanco, nulos y votos a partidos minoritarios, los grandes partidos que vertebran el juego de la democracia representativa tendrán cada uno alrededor de un 25-30 % de apoyos del conjunto del electorado. El partido que gobierna lo hace siempre en minoría. Por ello vemos que es importante la abstención, porque les deslegitima para ejercer el poder. Y es por eso que está tan demonizada la abstención, y se intenta que el discurso electoralista sea lo más hegemónico posible.

Nosotros los anarquistas abogamos por la abstención activa para no delegar nuestra responsabilidad, y abogamos por una clase trabajadora independiente y con capacidad política propia al margen de los partidos políticos, del Estado y de los poderes económicos. Dado que los problemas sociales como las desigualdades y las estructuras de poder y autoridad son estructurales e intrínsecos del sistema económico capitalista y del Estado, no creemos que políticos narcisistas, egocéntricos, ambiciosos y con delirios de grandeza vayan a solucionar los problemas reales de la clase trabajadora.

Nosotros los anarquistas abogamos por organizarnos a través de la solidaridad y el apoyo mutuo, valores característicos e intrínsecos al ser humano que nos han hecho evolucionar y adaptarnos como especie. Y es a través de la lucha, la solidaridad y el apoyo mutuo como se han conseguido las mejoras de las condiciones de trabajo y de vida de los obreros. Es necesario organizarnos, construir organizaciones que incidan en aquello que nos afecta, que nos ilusionen, que nos sirvan para frenar los abusos de los empresarios y la precariedad laboral, así como frenar los desahucios, la represión y cualquier ataque de los poderes políticos y económicos hacia nuestros intereses y la lucha de la clase trabajadora.

Por la anarquía

Grupo Anarquista Tierra
Federación Anarquista Ibérica (FAI)