A 45 días del estallido social en la región colombiana

*Artículo enviado a la Agencia de Noticias Anarquistas el pasado 13 de junio:
https://noticiasanarquistas.noblogs.org/post/2021/06/15/45-dias-de-agitacao-social-na-regiao-colombiana/.

En la región colombiana tiene lugar un estallido social que ya cumple 45 días de movilización permanente a lo largo y ancho del territorio. Como ha sucedido en diversas ocasiones, la movilización ha estado marcada por el terrorismo de Estado que se ha tenido en diversas manifestaciones, pasando por la brutal represión a las movilizaciones a manos de la Policía Nacional, montajes judiciales y asesinatos sistemáticos. Desafortunadamente, estas situaciones no son nuevas en el país, pues el Estado colombiano se caracteriza por tener íntimas alianzas con el paramilitarismo y el narcotráfico. Como ejemplo de lo anterior, podemos mencionar que, en el año 2020 se ejecutaron 76 masacres con un saldo de 272 personas asesinadas, según las cifras oficiales la Oficina de la Alta Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH); desde el 28 de abril -día en que inició el paro nacional- hasta el 11 de junio, la Campaña Defender La Libertad indica que hay 78 personas asesinadas, 3086 detenciones arbitrarias, 84 personas desaparecidas, 79 víctimas de heridas en los ojos y 106 casos de violencia sexual, cabe mencionar que, en su mayoría estas acciones han sido perpetradas por la fuerza pública y civiles armados a través de estrategias paramilitares.  

Como respuesta al estallido social, el Estado en cabeza del presidente Iván Duque ha establecido el guión de siempre que refuerza el discurso del enemigo interno, señalando a lxs manifestantes como vándalxs bajo ordenes de grupos armados ilegales. El tratamiento que se le da a la protesta social es crear un escenario de una guerra frontal contra las organizaciones étnicas, campesinas, barriales, estudiantiles y sindicales que se han mantenido en movilización constante contra años de políticas criminales de los gobiernos de turno que han estado bajo el mandato deÁlvaro Uribe Velez, expresidente investigado múltiples veces por crímenes de lesa humanidad como los mal llamados “Falsos Positivos”, es decir, ejecuciones extrajudiciales de civiles asesinados por las fuerzas militares para presentar resultados y obtener beneficios, la cual, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), llega a una escandalosa cifra de 6402 asesinatos.

Las protestas que iniciaron con un llamado del Comité Nacional del Paro, (plataforma que agrupa a algunos sectores gremiales de trabajadorxs, pensionadxs, maestrxs y campesinxs) han crecido en acciones, gracias en su mayoría a lxs jóvenes que han visto en la acción directa en la calle su principal terreno de protesta.

Si bien la burocracia sindical representada en el Comité Nacional del Paro está en espacios de conversación y mediación con las instituciones del Estado, las calles han mantenido un nivel de beligerancia y organización distantes de estos viejos métodos de conciliación propios de la burocracia, teniendo en cuenta además que, aquellxs “negociadorxs” hacen parte de partidos de “centro” y “centro izquierda”. 

Partiendo de esto, se han organizado espacios de resistencia en distintos puntos del país como Cali, Bogotá, Buga, Popayán, Bucaramanga y en carreteras del Suroccidente colombiano como en el nororiente, en los que los métodos de lucha pasan por la horizontalidad, la acción directa y el apoyo mutuo. Es importante destacar la relevancia que tienen las primeras líneas como método de contención de la violencia policial, en estas se han organizado no solo jóvenes, sino también profesorxs, madres y hasta sacerdotes; estos grupos han acumulado un nivel de resistencia y legitimidad bastante importante en esta coyuntura, incluso en lugares como Cali, son interlocutores legítimos y reconocidos frente a las autoridades gubernamentales.La situación hoy, luego de 45 días, es agridulce, pues todavía se siguen contando personas muertas y heridas que son parte de las manifestaciones que terminan en confrontaciones con la fuerza pública, además de la impunidad frente a prácticas de guerra como las agresiones a las comisiones de verificación de Derechos Humanos en las calles y a las misiones médicas que socorren a las personas heridas. El Estado ha hecho uso de métodos macabros para aterorizar como cortes de luz e internet, presiones por parte de grupos paramilitares, montajes judiciales a manifestantes y métodos de censura como restricciones a la difusión en vivo de protestas. 

Por otro lado, los motivos del Paro Nacional se han extendido, así como se pueden contar como logros de la movilización el retiro de la Reforma Tributaria con la cual iniciaron las protestas, también el retiro de la Reforma a la Salud (atentado a las clases bajas), y la renuncia de 3 altos cargos del gobierno (Ministro de Hacienda, Ministra de relaciones Exteriores y el Alto comisionado para la paz). Aunque contamos estos como pequeños logros, sabemos que el gobierno presionado por los grandes empresarios siempre buscarán efectuar reformas para alimentar y respaldar sus intereses de clase mientras lxs trabajadorxs y sus familias siguen padeciendo la pobreza; en Colombia de más del 40% de la población se encuentra en condiciones de pobreza (cifras del DANE). Las exigencias que se escuchan en las calles y carreteras van desde el pedido de renuncia a Ivan Duque y todo su gabinete, la desmilitarización de los territorios, reformas estructurales a las fuerzas militares y de policía, la no judicialización de las personas que han sido capturadas en el marco de la protesta social, la implementación efectiva de los acuerdos de paz firmados entre las FARC-EP y el Gobierno, garantías para los lideres sociales y ambientales en territorios rurales y urbanos, detener las aspersiones con glifosato y el fracking, entre muchas otras.

Sabemos que estamos viviendo un momento histórico, resultado de años de terrorismo de Estado y políticas criminales de precarización de las condiciones de vida de millones de personas en campos y ciudades. En este momento se ven los acumulados de los paros del 2018, 2019 y el estallido social del 2020 en el mes de septiembre, brutalmente reprimido. Ahora, la protesta social ha fijado su atención en los procesos sociales, se ha trabajado en el fortalecimiento del tejido social en barrios, veredas, municipios y ciudades enteras realizando actividades con vecinas y vecinos, construyendo asambleas o mesas de trabajo de acuerdo a sus necesidades concretas poco a poco, paso a paso, porque aún las formas de organización están muy dispersas y sin un horizonte claro, pero la rabia y los métodos asamblearios se ven latentes en un pueblo que busca cambiar su condenada historia en busca de un buen vivir, de condiciones dignas de vida.

No podemos olvidar el papel fundamental que han tenido las comunidades indígenas organizadas en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y en las Autoridades Indígenas del Sur-Occidente (AISO), quienes con su aguante y berraquera han dado impulso y oxígeno a la movilización social, además, nos han invitado a cuestionar la parte de la Historia que siempre nos han contado, la que ve a los conquistadores como héroes y a los pueblos nativos como salvajes. 

Por último, extendemos una invitación a seguir de cerca el proceso que está viviendo Colombia, pues las garantías de protesta y vida para el Estado sólo existen en el papel y, muestra de ello, es la negación del tratamiento de guerra que se le ha dado a la protesta social por parte del ministro de Defensa, comandante del ejército y de la Policía. Solo la organización popular y lxs veedores internacionales pueden registrar la masacre que el Estado está cometiendo en estos momentos. La difusión y las acciones internacionalistas de presión al Gobierno de Duque son imprescindibles para el proceso que estamos viviendo.

¡Ante la represión estatal, organización popular!

¡Arriba las que luchan!

Colectivo Contrainformativo SubVersión