Miles de manifestantes y cargas policiales en la protesta de Don Benito por los bajos precios agrarios

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https://www.elsaltodiario.com/agricultu ... s-agrarios

En el marco de un calendario de movilizaciones a nivel estatal, frente a los abusos de las distribuidoras y las grandes corporaciones agroindustriales, y a convocatoria de diversas organizaciones agrarias de distinto signo, tanto de la patronal agraria (UPA-UCE, ASAJA, COAG Extremadura y APAG Extremadura Asaja ) como de productores (ASEPREX, Asociación de Cerecicultores del Jerte o AGRIGA entre otros) se han manifestado esta mañana en Don Benito en torno a 10.000 personas (según los convocantes). La presencia del ministro de Agricultura, Luis Planas, en la Feval, para la inauguración de Agroexpo -la feria del sector- ha actuado como catalizador de la movilización extremeña. Como rasgo específico cabría reseñar el protagonismo efectivo de las organizaciones de productores en la misma (ganaderos, apicultores, agricultores y agricultoras de diferentes ámbitos no necesariamente encuadrados en las asociaciones patronales).

Llegados desde distintas poblaciones de la región (se han fletado autobuses desde numerosos puntos de la comunidad), han confluido de hecho, en Don Benito, múltiples problemáticas del sector agrícola, todas con el denominador común de la denuncia de una situación virtualmente insostenible en relación a los precios del producto en origen y sus costes de producción.

A última hora de la mañana, cuando estaba prevista una reunión entre las organizaciones profesionales agrarias, el ministro del ramo y Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, y sin que mediaran enfrentamientos previos, se han producido cargas policiales en las vallas que impedían el acceso a la Feval, registrándose varios heridos entre los manifestantes. La reunión no ha tenido, finalmente, lugar. Entre los manifestantes se ha podido encontrar a la diputada de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel. Desde diferentes medios se ha subrayado la irrupción de elementos de Vox en la movilización, con clara intención capitalizadora de la misma, y con el diputado en el Congreso, Víctor Sánchez Real, a la cabeza.

Portavoces de las organizaciones convocantes han denunciado que, mientras los precios en origen de la mayoría de los sectores se mantienen al nivel de hace dos décadas, el incremento de costes de producción ha experimentado un crecimiento exponencial. Unida esta circunstancia a otra batería de problemas, el campo extremeño estaría al borde de la inviabilidad como sector productivo, arrastrando consigo a su entorno poblacional inmediato y a la totalidad de la comunidad autónoma.
En el trasfondo de la crisis encontramos la deslocalización, la inhibición de la Administración frente a la irrupción de oligopolios agroindustriales, la acumulación en un número limitadísimo de distribuidoras de la mayor parte de la producción (seis compañías de distribución comercial concentran el 55,4% de la cuota de mercado en España) o la irrupción de fondos de inversión internacionales. También, en el centro de la problemática, o como complemento indispensable de cada aspecto de la misma, las denominadas cadenas de valor integradas. En este sistema de integración los agricultores asumen el riesgo productivo, manteniendo la propiedad de la tierra, con contratos de compraventa del producto a largo plazo con las empresas integradoras (asesoría técnica, insumos y permisos de siembra y producción pagando royalties). Un panorama general de absoluta dependencia en la fijación de precios y de completa indefensión negociadora frente a auténticos emporios económicos e industriales.

Paradójicamente, en términos macroeconómicos el sector agrario ha mejorado espectacularmente sus cifras de negocio, revirtiendo el beneficio obtenido en todos sus escalones menos en el productivo. Así, la renta agraria alcanzó en 2018 la cifra récord de 30.217 millones de euros (la primera vez que se rebasan los 30.000 millones) y las exportaciones agroalimentarias se han incrementado un 97,5% en los últimos diez años (llegando a un total de 50.349 millones de euros). Evidentemente, la repercusión económica de esas cifras de éxito industrial en absoluto se habrían hecho efectivas en el nivel de los productores.
Distintos colectivos han denunciado, a su vez, el intento de mezclar con la convocatoria de Don Benito las polémicas declaraciones de Guillermo Fernández Vara relacionando desempleo agrario, bajada de precios en el sector y subida del Salario Mínimo Interprofesional.

El campo extremeño permanece inmerso, desde hace meses, en un convulso contexto de negociación del nuevo convenio agrícola, que afectaría a 65.000 trabajadores y trabajadoras y con una patronal absolutamente cerrada en sus posiciones, negándose ésta, de facto, a aplicar las subidas salariales y proponiendo, incluso, alteraciones sustanciales del precio de la hora trabajada y de la jornada laboral en claro fraude de ley.

[Joreg]

Son movilizaciones organizadas por las patronales agrícolas en toda España. No son problemas nuevos que tengan las organizaciones patronales agrarias, ya que se arrastran desde hace décadas. Las manifestaciones de Extremadura han tenido más repercusión porque le han pegado cuatro palos alguno.

[Contumacia]

no te dejes a los olivareros de Jaén, que ayer La Carolina estaba onfire

A ver si UAG, COAG, ASAJA & pals le atizan a los distribuidores y no a todo lo demás

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"El campo también arde en Europa: Merkel y Macron se enfrentan a las protestas de agricultores en Alemania y Francia"

https://www.eldiario.es/economia/Merkel ... 00975.html

La red de supermercados alemana Edeka ha sido protagonista de una fuerte y reciente polémica en el país de la canciller Angela Merkel. Con carteles gigantes, Edeka, uno de los actores importantes de la gran distribución en Alemania, se jactaba de ofrecer "los precios más bajos". "El comer se ha ganado un precio: el más bajo", se leía en los mensajes de la cartelería de Edeka.

Junto a firmas internacionales especialmente conocidas por sus ofertas como Aldi o Lidl, Edeka lucha en un mercado altamente competitivo en Alemania. De hecho, la distribución de alimentos en suelo teutón se caracteriza por la presencia de abundantes y grandes actores. Lidl, Aldi, Rewe, Edeka, Netto o Penny son sólo algunos de ellos. Todos, en general, hacen buen negocio gracias a esa idea de ofrecer alimentos a buen precio, es decir, al "más bajo", según los términos de Edeka.

Sin embargo, esos prósperos negocios no parecen repercutir del todo positivamente sobre los productores de los alimentos que ofertan Lidl y compañía en sus estanterías. De lo contrario, los agricultores y ganaderos alemanes no estarían movilizados pidiendo, entre otras cosas, "precios justos" para sus productos.

Esta reivindicación ha tomado recientemente la forma de protestas con cientos de tractores circulando por el centro de Berlín. Una idéntica movilización marcó el tráfico a finales del pasado año en París, cuando los agricultores galos bloquearon con sus tractores el Boulevard Périphérique la gran autopista de entrada de la capital francesa.

Las impactantes imágenes de cientos de tractores bloqueando las arterias de París y Berlín - las grandes metrópolis del continente europeo - han generado ya algunos resultados políticos. En Alemania, la canciller Angela Merkel se reunía esta semana con los responsables de la gran distribución en la Cancillería Federal. La idea de la jefa del Ejecutivo germano era trabajar para "establecer una relación justa" entre productores y distribuidores de manera que agricultores y ganaderos puedan ganarse la vida "lo suficiente", según los términos que manejan Merkel y sus ministros.

Un estudio muy citado estos días en Alemania a cargo del Thünen-Institut – un centro especializado en la investigación sobre la vida en las zonas rurales – da cuenta de la dinámica negativa en la que han entrado los productores de alimentos germanos. Según el citado estudio, publicado en 2018, por cada euro que un consumidor gasta en alimentos en Alemania, 21 céntimos van a parar al productor. En 1998, el productor recibía 25 céntimos por cada euro consumido en el supermercado.

En esta situación tiene mucho que ver con que Lidl, Aldi, Rewe y Edeka representen un 85% del mercado teutón de la distribución, según datos de la autoridad federal de competencia. Si esto no fuera un problema, Merkel no se habría reunido el lunes con los representantes de los grandes distribuidores. Sin embargo, de la reunión no surgieron grandes ideas ni grandes soluciones.

Servicio de reclamaciones para productores

La ministra de Agricultura, la también cristianodemócrata Julia Klöckner, se esforzaba el lunes en presentar como un avance la próxima creación de un servicio de reclamaciones en el que los productores podrán dar cuenta de sus quejas ante prácticas de dumping en los precios. También está previsto que Klöckner protagonice próximamente visitas a las explotaciones agrícolas germanas para acercarse a las preocupaciones del sector. Pero hay quien ve con ojos críticos esas iniciativa, especialmente desde el ecologismo.

Un ejemplo es Martin Hoffstätter, responsable de temas para la agricultura de Greenpeace Alemania. Él dice a eldiario.es que, aunque "Merkel invite a los agricultores a que le cuenten sus problemas y Klöckner responsabilice a la gran distribución de estos problemas porque esas empresas presionan mucho en materia de precios, eso no tiene ningún efecto sobre la situación del sector primario". "Lo que han hecho Merkel y la ministra hasta ahora son llamamientos que dan cuenta de que quieren dirigirse a los agricultores, pero en Alemania falta una idea de dónde debe estar el sector primario en 20 ó 30 años", añade Hoffstätter.

A su entender, Merkel y compañía han entendido el potencial de las movilizaciones de los agricultores y ganaderos viendo las manifestaciones ocurridas en Francia. "Merkel ha visto que, en Francia, las protestas de la gente del campo se han traducido en movilizaciones de 'chalecos amarillos', y ese escenario quería evitarse aquí, pero para evitarlo de verdad hace falta una política de verdad y tener una visión sobre el sector", apunta Hoffstätter.

Una Ley Macron ineficaz

En Francia se aprobó a finales de 2018 a iniciativa del presidente francés Emmanuel Macron una ley que tenía como intención equilibrar las relaciones entre productores de alimentos y distribuidores. Concretamente, esa ley buscaba, por un lado, frenar la venta de productos agrícolas en la gran distribución a precios muy inferiores (más del 10%) a los de producción y, por otro lado, se pretendía reequilibrar la negociación comercial entre grandes distribuidores y productores.

Sin embargo, esa "Ley Macron" - como se conoce en Francia - no parece haber resuelto los problemas del campo francés. "Hay productos que los productores franceses aún venden perdiendo dinero. Por ejemplo, la leche", dicen a eldiario.es desde Francia fuentes del sindicato agrícola Confédération paysanne. En esta organización denuncian incluso que las medidas han acabado significando un aumento del precio de venta a los consumidores sin que haya una repercusión positiva para los productores.

De ahí que algo más de 1.000 tractores bloquearan París el pasado mes de noviembre. El diario progresista galo L'Humanité ha titulado de forma contundente sobre los efectos de esa iniciativa del presidente francés: "La Ley Macron no ha terminado con el chantaje de los distribuidores". Y de ahí también que organizaciones como la Confédération paysanne se definan "en lucha".

En Alemania, Merkel todavía no tiene su 'ley'. Sus problemas con el campo están lejos de haber terminado.

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"El Gobierno quiere excluir a grandes terratenientes del nuevo reparto de las ayudas agrícolas"

https://www.20minutos.es/noticia/414511 ... agricolas/

Cada año, España recibe miles de millones de la UE en ayudas directas a la agricultura. En concreto, en 2018, el campo español fue con 5.315 millones, el segundo mayor receptor después de Francia de unas subvenciones que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere redirigir hacia lo que denomina “clase media” de agricultores, precisamente los que la semana pasada salieron a a la calle para protestar. Lo podrá hacer gracias a que en un par de años la decisión sobre quién se beneficiará de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) dejará de ser de la Comisión Europea y pasará a manos de los Estados miembros.

Todavía queda un debate "duro" en Bruselas, dicen en el sector, donde avisan de que cuando Miguel Arias Cañete era ministro de Agricultura ya se permitió a los gobiernos diseñar sus planes de ayudas, aunque el Gobierno del PP las dejó casi tal y como estaban. La diferencia ahora es que Sánchez quiere utilizar esta potestad para redirigir el destino de las ayudas, de manera que ya no serían las grandes explotaciones que funcionan por sí mismas y que hoy son las mayores receptoras de unas subvencione que se dan a la hectárea. A la inversa, el Gobierno tampoco cree que explotaciones menores en manos de personas o familias que no tienen el campo como su medio de vida sea el destino más apropiado de las ayudas.

Si el gobierno obtiene luz verde de Bruselas para discriminar las ayudas en función de la menor competitividad de los cultivos o de quién lo necesita más, los beneficiarios serán los agricultores que viven del campo y en zonas donde la economía depende de la renta agraria. Este es el plan que Sánchez podría llevar a cabo casi al final de legislatura, puesto que no está previsto que la PAC reformada eche a anda hasta 2022-2023. En todo caso, la posición del Gobierno es muy clara.

Reparto justo y guerra de guerrillas
Según dijo el presidente la semana pasada en Bruselas, una de las cuestiones fundamentales en la reforma de laPAC y en la negociación en curso del Presupuestos de la UE tiene que ver "con los pagos directos a nuestros pequeños y medianos agricultores".

"Tienen que redirigirse a sectores que necesitan una ayuda para poder subsistir", con menos rentabilidad y con costes de producción muy altos, que los hace menos competitivos, explica la eurodiputada socialista Clara Aguilera, que también adelanta "una guerra de guerrillas" cuando el Gobierno se ponga a redistribuir las ayudas agrícolas, no ya entre comunidades, sino entre provincias, por ejemplo en Andalucía.

Limitar las ayudas
La redirección de las ayudas es la forma que contempla el Gobierno para ayudar a los agricultores que realmente viven del campo, algo a lo que también contribuiría otra de sus apuestas de cara a la negociación de la PAC en Bruselas. Aunque no tiene visos de salir adelante por la oposición de la derecha europea y del Este, Sánchez respalda a la Comisión para poner tope a la cantidad de ayudas que puede recibir una explotación. Sería de 60.000 euros al año, que España ve bien elevar hasta los 100.000 si crea empleo.

Estas cifras contrastan con los 400.000, 500.000 o 600.000 que perciben algunas en la actualidad. "Es socialmente escandaloso que una enorme explotación vayan ayudas por importe de 600.000 euros de ayudas públicas", dice Aguilera, que vuelve a lo que defiende el Gobierno en Bruselas con la idea de "hacer una distribución distinta [de las ayudas agrícolas] para beneficiar a quienes tienen más dificultad". El PSOE considera que repercutiría no solo en los propietarios, sino en todo el territorio que depende de sus explotaciones.

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"Movilización campesina en Extremadura: anatomía de un complejo despertar"

https://www.elsaltodiario.com/agricultu ... to-cargas-

Al mediodía de un templado y luminoso 29 de enero, una multitud de entre 6.000 y 8.000 personas se agolpa a las puertas de la institución ferial FEVAL de Don Benito. La inauguración de la feria anual Agroexpo, el principal evento del sector en la región y uno de los más importantes del país, ha sido pospuesta hasta el fin de la concentración, “en apoyo al sector agrícola y sus reivindicaciones”, según el comunicado del certamen, o para restar visibilidad a la protesta, según el generalizado sentir de sus participantes. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el ministro de Agricultura, Luis Planas, que en condiciones normales hubieran pasado la mañana recorriendo los amplios y abarrotados pabellones de la feria y departiendo con empresarios, profesionales, políticos y periodistas entre mutuos parabienes y apetitosas catas de los excelentes productos de la tierra, limitan su visita a una sucinta rueda de prensa en una FEVAL cerrada, desierta, protegida por los antidisturbios y asediada por los manifestantes.

Confluyen en la protesta las tres organizaciones profesionales agrarias históricas, ASAJA, COAG y UPA, que han llegado a Don Benito en autobuses y han marchado por una de las principales arterias de la ciudad hasta la FEVAL, y con su propia convocatoria una cuarta, la más joven Unión de Agricultores y Ganaderos, cuyos asociados han circulado previamente en tractorada hasta Don Benito desde varios municipios de la zona. Participan también, además de colectivos de apicultores, cereceros y otras ramas del sector, la villanovense AGRYGA y la dombenitense ASEPREX, nuevas asociaciones campesinas nacidas en las dos grandes localidades de las Vegas Altas y su cinturón de pedanías y pueblos agrícolas al calor de las movilizaciones del sector durante los últimos dos años y medio.

Rompiendo, tras algunos momentos de tensión pero sin mayores incidentes, el cordón policial que pretende mantenerlas separadas, ambas convocatorias se unen en una única e imponente concentración. Pero las sucesivas informaciones contradictorias sobre la disposición de Fernández Vara y Planas a recibir a una delegación de los congregados, y luego la persistencia en el cierre de las instalaciones aún después de la fugaz visita de ambos políticos y su discreta evacuación por una salida secundaria, caldean progresivamente los ánimos en las primeras y más combativas líneas de manifestantes (entre las que se destacan las banderas y chalecos de ASEPREX, pero a las que se suman otros muchos participantes), situadas ante el acceso principal del recinto y las dotaciones antidisturbios, hasta que estas cargan varias veces con gran violencia, empleando empellones, patadas, golpes de porra, salvas al aire y un número indeterminado de pelotas de goma, dejando varios heridos leves, entre ellos algunas personas de edad avanzada. Tras replegarse los antidisturbios al interior del recinto, desbordados por la presión de los concentrados, estos terminan arrancando de cuajo la verja principal de varios cientos de kilos de peso del recinto y, con la policía ya en actitud pasiva, tomando su amplia escalinata de acceso, donde concluyen la protesta con el discurso de uno de los portavoces de ASEPREX, a hombros de sus compañeros y aclamado por la multitud.

Son imágenes como los extremeños más jóvenes no han visto jamás, y que retrotraen la memoria de sus mayores a las míticas “guerras del campo” de las ya lejanas décadas de 1970 y 1980. Se trata, se percibe con toda inmediatez y claridad, de un acontecimiento relevante, una fractura, un parteaguas. En una suerte de imprevista condensación y aceleración histórica, varias crisis de distinta naturaleza pero tan íntima como problemáticamente entrelazadas, que venían arrastrándose silenciosamente por años o décadas, se anudan y restallan de improviso en las apenas cuatro horas y escasos miles de metros cuadrados en que se desarrollan los acontecimientos.

La primera y principal de estas crisis es, por supuesto, la crisis crónica de una renta agraria en caída permanente desde hace décadas, singularmente pronunciada en un 2019 desastroso para el campo, atenazado por la implacable política de precios bajos que promueve el cártel de gigantes distribuidores nacionales y multinacionales, en un selvático mercado globalizado en el que prima la feroz competencia que posibilitan sucesivos acuerdos de libre comercio de orientación agresivamente desreguladora, afectado ahora además por las nocivas consecuencias de la nueva oleada de guerras comerciales, vaivenes arancelarios y sanciones cruzadas entre las distintas potencias en pugna por la hegemonía del nuevo desorden mundial post-neoliberal. Una crisis de la renta agraria que es una de las causas principales de una crisis aún más amplia, material y cultural, de todo un mundo rural en estancamiento económico, envejecimiento y despoblación, duramente golpeado además por el agresivo desmantelamiento de sus servicios públicos esenciales de salud, educación, seguridad o transporte impuesto por las políticas de austeridad.

Todos estos elementos se ciernen con singular crudeza sobre una región como Extremadura, con cerca del 60% de su población residente en municipios de menos de 25.000 habitantes, con un vasto, diverso y excelente sector agroganadero que sirve de piedra basal a su estructura económica, pero que sin embargo, con un pobremente desarrollado sector industrial transformador (por mencionar solo dos ejemplos significativos, apenas el 15% del aceite extremeño se envasa en la región y hasta un 60% del cerdo ibérico criado en sus dehesas se sacrifica fuera de ella), debe contentarse con el trabajo más duro y los beneficios más estrechos de los primeros tramos de sus cadenas de valor, exportando grandes volúmenes de producto primario o semielaborado que puede luego multiplicar entre cinco y diez veces su precio hasta llegar a manos del consumidor final. En estas condiciones, cientos de pequeñas explotaciones familiares se ven abocadas al cierre cada año, alimentando un acelerado proceso de acaparamiento de tierras por parte de viejos y nuevos latifundistas. Análisis aparte merecerían las políticas agrarias públicas, empezando por las de la misma Junta de Extremadura, sistemáticamente favorables a grandes terratenientes y corporaciones del agronegocio. Incólumes al paso de las décadas, muchos de los diagnósticos del mítico estudio Extremadura saqueada coordinado por José Manuel Naredo y Mario Gaviria (Ruedo Ibérico, 1978) siguen ajustándose como un guante a la realidad extremeña contemporánea.

Una segunda crisis escenificada en los acontecimientos de Don Benito es la de la representación profesional del mundo del campo. Las organizaciones profesionales agrarias (OPA) nacen después de la dictadura para agrupar a los campesinos propietarios o arrendatarios de explotaciones agrarias, como parte del proceso de democratización del viejo sistema franquista de representación corporativa en las Hermandades de Labradores y Ganaderos y Sindicatos de Rama. La pionera de estas OPA, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), fue formalmente fundada en 1977, aunque hunde sus raíces en experiencias previas de organización y lucha campesina clandestina bajo el franquismo, desde presupuestos nítidamente transformadores y con fuerte presencia del Partido Comunista, desplazándose después paulatinamente hacia el centro-izquierda. En 1982 y desde posiciones cercanas al PSOE se le sumará la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), que recoge a los campesinos propietarios y arrendatarios vinculados a la histórica central agraria socialista Federación de Trabajadores de la Tierra (FTT). En 1989, la fusión de las organizaciones profesionales conservadoras CNAG, CNJA y UFADE, herederas en mayor o menor grado de pureza del sindicalismo vertical agrario franquista y sus cuerpos dirigentes, hace de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) la mayor OPA del país, estrechamente vinculada al Partido Popular y la organización patronal CEOE.

Ya la aparición de la Unión de Agricultores y Ganaderos en 2008 rompe con casi veinte años de cartelización de la representación de la propiedad agraria por parte de ASAJA, COAG y UPA, poniendo en evidencia las persistentes insuficiencias de un sistema de “elecciones al campo” de plazos arbitrarios, normas cambiantes y censos confusos. La aparición de las nuevas asociaciones AGRYGA y ASEPREX a partir del ciclo de protestas agrarias de 2017-2019 en las Vegas Altas del Guadiana, nutridas en buena medida por agricultores jóvenes, supone un reflejo local de este proceso de cuestionamiento y fragmentación del orden representativo agrario, que el 29 de enero se visibiliza en Don Benito con el protagonismo de la Unión y sobre todo de ASEPREX en los momentos más duros de la movilización, y también en el conato de enfrentamiento entre los dirigentes de las centrales tradicionales y los socios de ASEPREX y otros manifestantes, que les reprochan una actitud acomodaticia ante la administración y les exigen sumarse a la primera línea de la protesta. Son, se les dice, evocando una figura retórica bien conocida en la reciente historia política española, “la casta del campo”.

Una tercera crisis anudada en torno a los acontecimientos del 29 de enero es la crisis estructural del sistema político español de 1978, en su actual fase álgida de polarización e incertidumbre tras el proceso soberanista catalán, el auge de la ultraderecha voxista, la celebración de las cuartas elecciones generales en cuatro años y, por último, la inesperada formación de un gobierno de coalición de centro-izquierda entre el PSOE y Unidas Podemos, contestada desde la derecha y la ultraderecha con una feroz oleada de crispación, discurso de odio y paranoia conspirativa. Una crisis política española que es coexpresión de la mucho más amplia crisis planetaria de culturas y sistemas políticos posterior al colapso económico de 2007-2008, primero de signo nítidamente ilustrado, cosmopolita y progresista, con la oleada de protestas populares que nace de las primaveras árabes e ibéricas de 2011, después de signo contrario, oscurantista, chovinista y reaccionario, tras el referendo británico de salida de la Unión Europea y la elección presidencial de Donald Trump en Estados Unidos en 2016. Una subtrama permanente en el análisis de esta oleada reaccionaria global es su relación con la fractura existencial entre el campo y la ciudad, que se evidencia políticamente en sucesivos procesos electorales en todo el mundo, pero cuyo sentido, causas y consecuencias últimas siguen siendo objeto de intensa discusión, como refleja el éxito de ventas y la polémica intelectual en torno a libros como La France peripherique de Christophe Guilluy (Champs, 2015) o Hillbilly, una elegía rural de James D. Vance (Deusto, 2017).

En España, este auge de la ultraderecha se materializa en la fulgurante cabalgada electoral de Vox, de los 12 escaños en las elecciones autonómicas andaluzas de diciembre de 2018 a los 24 escaños en el Congreso en las elecciones generales de abril y los 52 en su repetición en noviembre de 2019. En Extremadura, esta ofensiva voxista se salda con resultados desiguales: la ultraderecha consigue un escaño por Badajoz en las generales de abril (70.611 votos, el 10’77%) y le suma un segundo por Cáceres en noviembre (99.547 votos, el 16’83%), pero en las autonómicas y locales de mayo, en las que muchos aguardan o temen se repita su éxito andaluz, queda fuera de la Asamblea de Extremadura (28.849 votos, el 4’7%) y obtiene una muy pobre representación municipal. Como en el resto del país rural, y en coherencia con su característica hibridación de neoliberalismo económico y reaccionarismo cultural, Vox hace campaña en Extremadura enarbolando la defensa de la actividad económica agroganadera y de prácticas como la caza o la tauromaquia, señalando como sus enemigos mortales al ecologismo y por extensión al progresismo o a las instituciones y normativas de la Unión Europea, pero eludiendo cuidadosamente cualquier crítica al papel del agronegocio o a las fuertes desigualdades sociales en el seno del campesinado, taumatúrgicamente superadas por la pertenencia compartida a la comunidad nacional.

La presencia plenamente normalizada de Vox en la protesta del 29 de enero, encabezada por sus dos diputados al Congreso por las provincias extremeñas, eficazmente sobredimensionada por su ya bien conocida habilidad para la comunicación política y la agitación de las redes sociales, supone un hito político significativo en tanto por primera vez la ultraderecha se incorpora y puede entrar a disputar la orientación ideológica de un proceso de movilización de amplia base social en Extremadura. Aunque las nuevas organizaciones agrarias nacidas en las Vegas Altas insisten en su carácter apartidista y su composición ideológicamente plural, es patente que nacen en un clima de total recomposición de la estructura política española, en el que no solo Vox, sino el más amplio conglomerado político, cultural y mediático reaccionario del que Vox forma parte, ejercen una potente atracción sobre amplios sectores de la sociedad, sus incertidumbres y descontentos.

Dar por sentada una suerte de subrepticia teledirección voxista de la franja más combativa de la protesta sería tan aventurado como descontar este factor del conjunto de causas y condiciones que la hicieron posible y que podrían determinarla en adelante. Y aún más, después del monumental error político de la delegada del gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, de ordenar las cargas policiales que convirtieron a esa franja en protagonista absoluta de la movilización, portada de todos los grandes medios de comunicación y potente símbolo del conjunto de la contestación agraria en la región y el país. Si, como parece, la intención de Vox es incubar en el descontento agrorrural unos “chalecos amarillos” a la francesa que usar como ariete contra el “gobierno social-comunista” o “dictadura progre” de PSOE-UP, la estúpida y desmedida respuesta represiva de García Seco y Fernández Vara (nadie que conozca mínimamente la política extremeña podría siquiera imaginar que la primera hubiese obrado al margen o contra el criterio del segundo) ha resultado lamentablemente funcional al plan de la ultraderecha.

Especial relevancia ha cobrado la cuestión de las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el debate sobre las protestas (aunque nominalmente este asunto solo aparece colateralmente entre las demandas consensuadas por sus convocantes, dentro del capítulo de incremento de costes y muy por detrás del problema de los precios y la demanda de una ley de precios mínimos), cuando en paralelo a estas protestas se desarrolla una durísima negociación del nuevo convenio del campo extremeño y las OPA, muy especialmente ASAJA, han mostrado persistentes reticencias a asumir estos incrementos del SMI, provocando episodios de movilización jornalera de desigual intensidad y seguimiento, especialmente concentradas en las grandes centrales hortofrutículas de las Vegas Altas y Bajas, agrupadas en la poderosa patronal del sector Asociación de Fruticultores de Extremadura (AFRUEX) que lidera el acaudalado empresario y terrateniente Atanasio Naranjo. Unas protestas en las que, junto a la autoorganización de sus trabajadores y la tímida movilización de los sindicatos de concertación, viene jugando un rol dinamizador importante la Asociación 25 de Marzo, que al mismo tiempo también recupera, mediante publicaciones, representaciones teatrales, coloquios o marchas, la memoria histórica de la lucha jornalera en la región, con su momento culminante en las ocupaciones masivas de tierras del 25 de marzo de 1936.

Esta coincidencia de conflictos, al menos parcialmente contradictorios, devuelve al primer plano la complejísima composición de clase del agro extremeño y la dificultad que de ella se ha derivado siempre para su caracterización y representación cultural y política. Si históricamente la Extremadura al sur del Tajo fue una sociedad claramente dividida entre un reducido cuerpo de latifundistas y una enorme masa de jornaleros desposeídos, los planes de colonización agraria del franquismo crearon la importante capa intermedia de pequeños propietarios que, con la llegada de la democracia, nutrieron las filas de las OPA. Aún antes y sobre todo después de la muerte de Franco, además de las numerosas y durísimas luchas específicamente jornaleras por el salario y condiciones de trabajo y por la nunca consumada reforma agraria, las sucesivas “guerras del campo” por el precio de distintos productos, las primeras experiencias cooperativistas o la lucha contra la central nuclear de Valdecaballeros, que el franquismo había planificado en la misma cabecera del curso extremeño del Guadiana, generaron una notable movilización de la pequeña propiedad, que tuvo precisamente en las Vegas Altas y Bajas su epicentro y en la gigantesca marcha antinuclear del 1 de septiembre de 1979 en Villanueva de la Serena su momento culminante. La potente Unión de Campesinos Extremeños (UCE), animada por veteranos del activismo campesino bajo el franquismo y militantes del Partido Comunista extremeño, así como algunos núcleos de autoorganización campesina de inspiración cristiana de base, autónoma, libertaria o ecologista articulados por jóvenes colonos y cooperativistas, fueron las principales expresiones orgánicas de esta época de movilización radical de la pequeña propiedad agraria.

Aún pendiente en la historiografía extremeña un análisis exhaustivo de las causas, desarrollo y consecuencias de aquellas experiencias de pequeña propiedad en lucha y relativa cercanía a la clase jornalera, lo cierto es que mediada la década de 1990 ya podemos dar por agotada su trayectoria, con una separación cada vez más nítida entre luchas jornaleras y luchas pequeño-propietarias, escindidas aunque igualmente abocadas a la institucionalización y el declive, en el caso de los jornaleros a través de las secciones agrarias de los grandes sindicatos de concertación CCOO y UGT, progresivamente subordinados al PSOE en el poder en la Junta, en el caso de los pequeños propietarios bajo la duradera hegemonía conservadora de ASAJA, estrechamente vinculada al PP pero perfectamente integrada en la compacta estructura de poderes públicos y privados del régimen autonómico extremeño de 1983. El sector cooperativo, crecientemente empresarializado y concentrado, también víctima de sucesivos y gravosos escándalos por fraude, negligencia o instrumentalización política, persiste hasta hoy como actor clave de la economía agraria extremeña, pero pierde paulatinamente mucho, finalmente casi todo, de su papel como articulador y democratizador comunitario. Los Planes de Empleo Rural (PER) para los jornaleros, de dotación rácana pero suficiente para sostener siquiera parcialmente la austera forma de vida de las clases populares del medio rural extremeño, y los fondos de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea para los propietarios, repartidos de forma extraordinariamente desigual a favor de los grandes pero con un goteo suficiente hacia los pequeños como para compensar temporalmente la creciente competencia, desregulación y depresión de precios del mercado, componen desde entonces la fórmula magistral de algo más de un cuarto de siglo de casi ininterrumpida paz social en el campo extremeño.

Que esa paz social fraguada a cuatro bandas entre sindicatos, organizaciones profesionales, agronegocio y gobierno regional se estaba resquebrajando lo venían anunciando las tractoradas y otras movilizaciones de propietarios de las Vegas Altas a través de la ya extinta Plataforma 27-M, la lucha significativamente autónoma de los cereceros del valle del Jerte o las protestas por la aplicación del nuevo SMI de los jornaleros de grandes fincas y centrales hortofrutículas del curso pacense del Guadiana. Y el 29 de enero la paz del campo extremeño termina de romperse por donde únicamente podía hacerlo, el campesinado propietario, cuya estructura y cultura organizativa aún abarca y puede movilizar simultánea y transversalmente, por millares y de una punta a otra de la región, los intereses de los pequeños y medianos propietarios por sobrevivir y de los grandes por sostener sus suculentas tasas de ganancia, frente a la escasa o nula vocación movilizadora del trabajo jornalero de los grandes sindicatos de concertación y las dificultades de los movimientos sociales y la izquierda política extremeña para incidir efectivamente en el mundo agrario, tras décadas enteras en las que, con la salvedad del ciclo de movilizaciones de contenido más nítidamente socioeconómico y cierta penetración en el mundo rural encabezado tras el 15-M en Extremadura por los Campamentos Dignidad, sus frentes centrales de movilización han sido otros, como el ecologismo, la memoria histórica democrática, el feminismo o la defensa de la educación, la sanidad, el ferrocarril y otros servicios públicos, y su ámbito de actuación preferente, con notables pero puntuales excepciones, el urbano.

Muy concretamente el ecologismo, aunque en la lucha contra el proyecto de central nuclear de Valdecaballeros en la Transición y treinta años después en la lucha contra el proyecto de refinería petrolera en Tierra de Barros aunase fuerzas, exitosamente en ambos casos, con el campesinado, mantiene una relación estructuralmente muy difícil con el mundo agrario en particular y con el mundo rural en general, por cuestiones sobre todo culturales, aunque también con una importante dimensión económica, como la caza o la tauromaquia, pero también por cuestiones directamente concernientes a la economía agraria, como la extensión de las zonas con distinto grado de protección ambiental, la extenuación de los recursos hídricos, la convivencia entre actividad ganadera y fauna silvestre, el uso de agrotóxicos o nuevos megaproyectos agroindustriales como la azucarera de Mérida o el matadero de Zafra.

Distintas experiencias agroecológicas, concentradas sobre todo en los valles del norte cacereño, sustentadas por colectivos y redes de enorme valía técnica y humana, suponen un cualitativamente interesante contrapunto a este divorcio, pero resultan aún muy minoritarias y periféricas a las mentalidades y escenarios centrales del sector y, constituyendo sin duda alguna la perspectiva más fecunda para la transformación del mundo rural y la economía agraria a medio y largo plazo, ofrecen escasas posibilidades en el nivel prioritariamente táctico de la intervención sociopolítica inmediata, atenazada por la nueva recesión económica en ciernes y por el auge social y electoral de las contemporáneas formas del fascismo.

Lo desusado y desmedido de las cargas policiales del 29 de enero generó en la izquierda y los movimientos sociales extremeños una oleada de solidaridad que, al menos momentáneamente, pareció imponerse a las diferencias sobre la sostenibilidad medioambiental de las prácticas productivas y modelos de negocio del sector, la aplicación del salario mínimo al trabajo jornalero, la presencia real y proyectada de la ultraderecha en la movilización o su problemática coincidencia con los primeros e inciertos pasos del fragilísimo gobierno de coalición PSOE-UP y su feroz contestación por la derecha.

La coalición Unidas por Extremadura, que reúne en la Asamblea de Extremadura a Podemos, Izquierda Unida, Equo y la formación regionalista progresista Extremeños, y que estuvo de hecho representada en la protesta por dos de sus diputadas autonómicas, ha respondido comunicativamente con acierto y celeridad apoyando en redes y medios la propuesta de ley de precios mínimos, y la Asociación 25 de Marzo convocó al mismo día siguiente de los hechos una concentración ante la residencia oficial de Fernández Vara en Mérida entre cuyos reclamos estaba la condena de la represión policial. Son pasos tácticos sin duda positivos que entreabren la posibilidad de una interacción entre la izquierda política y social y el movimiento campesino, pero que no despejan las dudas sobre su potencial alcance, cuando el grueso de su cuerpo militante, devastado y desmoralizado por los reiterados procesos autodestructivos protagonizados por la izquierda extremeña en la pasada década, se asienta en el medio urbano y está política, cultural e incluso afectivamente muy desvinculado del sector agrario, y aún menos sobre cómo administrar discursiva y estratégicamente las profundas diferencias políticas, culturales o medioambientales que les separan, que ahora además exacerba la presencia de Vox y su uso de la ruralidad como munición de sus guerras culturales contra el progresismo, componiendo en conjunto un escenario mucho más adverso que aquellos en los que se desplegaron las anteriores experiencias de cooperación contra la central de Valdecaballeros y la refinería de Tierra de Barros.

En estas condiciones, resulta muy poco realista aspirar a que la izquierda extremeña pueda fracturar el bloque propietario liderado por ASAJA y bajo la creciente influencia del voxismo y reorientar enteramente en clave siquiera progresista, no digamos ya social o medioambientalmente transformadora, el ciclo de movilización que parecen haber abierto los acontecimientos del 29 de enero. Sí podría, mucho más modestamente, empezar a abrir algunas cabezas de puente hacia él, que aunque por ahora sin la potencia suficiente para cuestionar esa sólida hegemonía conservadora y ultraconservadora, sí pudiesen presentarle contrapuntos críticos y potenciales líneas de fuga que dificultasen en el corto plazo su instrumentalización en bloque al servicio de las derechas. Cabe imaginar, así, entre otras muchas posibilidades, a los movimientos por los derechos sociales y los servicios públicos de las ciudades extremeñas abriendo hueco en el espacio y la sociedad urbana a las demandas del campo mediante acciones de información y solidaridad, al potente movimiento feminista extremeño poniendo en primer plano de su activismo la agenda de la mujer rural y campesina o a los medios alternativos y centros sociales extremeños sirviendo de marco al desarrollo de nuevas perspectivas para analizar y comunicar la cuestión rural y agraria, en cada caso contra y más allá del pensamiento extractivo del neoliberalismo agrario y la propaganda reaccionaria de la ultraderecha ruralista, pero sin perder el contacto con los aspectos más justos y sostenibles de la plataforma reivindicativa de las movilizaciones en curso y con su base social en toda su inevitable complejidad política, cultural y de clase, aunque apoyando y apoyándose especialmente en aquellos de sus sectores y sensibilidades que el curso de los acontecimientos señalase como más afines o pertinentes. Pero ni siquiera un mínimo despliegue de estas u otras igualmente modestas líneas de acción será posible si, como sucedió durante la pasada legislatura ante la movilización por el tren en Extremadura, conclusiones unilaterales e intereses de parte de las distintas fracciones de la menguante izquierda regional se imponen irresponsablemente a la poderosa evidencia de sus muy mermadas fuerzas y las pocas y estrechas ventanas de oportunidad que en la práctica ofrece hoy la sociedad extremeña a su intervención.

En las próximas semanas y meses sabremos cuál entre estas dos opciones se impone, y en los años o décadas venideros, las consecuencias de esa elección.