Kasa de Amparo
En Octubre de 1985 un grupo de jóvenes decide okupar un local donde realizar actividades socioculturales varias. Tras la búsqueda de un local que reuniese las condiciones (abandono durante largo tiempo, amplio…) en noviembre de ese año se decide okupar el inmueble situado en el número 83 de la calle del Amparo, en el barrio de Lavapiés, perteneciente a una filial de Hidroeléctrica Española S.A.: UIPIC S.A. (Unión Iberoamericana de Promociones Industriales y Comerciales) y que había permanecido vacío durante varios años. Según los y las okupantes en el registro de la propiedad no figuraba inscrito a nombre de nadie y llevaba dos años sin pagar los recibos de la Contribución Urbana Municipal, que sí estaban adscritos a la empresa anterior-mente nombrada.
El día 1 de noviembre se okupa el edificio por el recientemente formado KOKA, Kolectivo de Okupantes de la Kasa de Amparo. Ese mismo día se produce la denuncia de un vecino -que según el diario EL PAÍS (3-11-85:21) no se ha confirmado-, hecho que parece ser que produjo la inminente presencia policial que se limitó a recoger información sobre los y las okupantes, al no poder desalojar el inmueble por no tener la orden judicial necesaria para el efecto. Una vez enterada la policía, según los y las okupas los últimos que debían enterarse, se decidió dar la mayor publicidad posible al hecho mediante el despliegue de pancartas y avisando a la prensa y otros colectivos de Madrid. Además de esto, la actividad más importante que se llevó a cabo el primer día de okupación fue la limpieza y el acondicionamiento del inmueble.
Desde un primer momento en esta okupación participó un gran número de jóvenes a nivel individual y colectivo. Jóvenes de distinta extracción social y distinto nivel educativo, pero con un proyecto más o menos común: mantener un local donde poder desarrollar sus propias actividades socioculturales al margen de las instituciones. Paralelamente se iba recibiendo el apoyo individual de los vecinos y las vecinas de la zona y de otros lugares, así como de colectivos como la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, comunicado a los medios de información el día 2 (EL PAÍS 3-XI-85:21). Ese mismo día hubo un intento de desalojo, como el anterior sin orden judicial, con el mismo resultado.
El día 7 ya se habían producido dos denuncias que fueron desestimadas: la de un vecino y la de una inmobiliaria anónima que pedía el desalojo, pero los propietarios del inmueble no habían denunciado, todavía.
Actividades
Tras las obras de acondicionamiento, en las que los vecinos y las vecinas de la zona colaboraron activamente, bien limpiando y desescombrando, bien mediante apoyo económico y material, el día 9 comienzan las actividades culturales públicas en la okupación. Anteriormente se habían dado asambleas diarias de tipo informativo y planificador de lo que iban a ser las actividades en la okupación. Se comenzó con una exposición fotográfica esa misma mañana, y por la tarde-noche tuvo lugar la actuación del grupo de teatro “Gruñidos Salvajes”, que realizó dos funciones debido a la gran asistencia de público. Entre una y otra actuación hubieron de cerrar las puertas ante la aparición de una patrulla de policía.
El día 10 el KOKA participó en una manifestación Anti-OTAN donde recogieron cinco mil firmas de apoyo al proyecto de la Kasa de Amparo. Por la noche, durante la asamblea, un grupo de gente que “parasitaba” (aparecían por la okupación pero no participaban en el proyecto sociocultural) fue invitado a salir, puesto que entorpecía el desarrollo de esta. Este grupo se dedicó durante un tiempo a montar jaleo en la puerta, hecho que aprovechó cierto sector de la prensa para desacreditar a toda la okupación en su conjunto (ABC 12-XI-85:35).
Desalojo
El día 11, a las 8:30 de la mañana se produjo el desalojo de Amparo 83, a cargo de “los GEOs” (Grupo Especial de Operaciones), durante el que se detuvo a trece personas que dormían allí esa noche y a la perra Punka, que fue recogida de los calabozos días más tarde por un miembro del “kolectivo”. Según testigos “la Policía tardó al menos media hora en salir (…) los jóvenes parecían asustados (…) cuando los ocupantes salieron de la casa, la Policía les ordenó meterse en el coche furgón” (ABC 12-XI-85:35). Según los y las okupas no se mostró ninguna orden de desalojo (EL PAÍS 12-XI-85: 26).
Esa misma tarde se efectuó un rueda de prensa en la sede de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, donde se anunció una denuncia a la Policía por su actuación durante el desalojo: detención ilegal, malos tratos, vejaciones y daños en el inmueble. También se acusó al delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid de no haber cumplido las promesas que había hecho a los y las okupas de intervenir, ayudándoles a negociar la permanencia en el inmueble.
Por la tarde-noche hubo una manifestación espontánea en respuesta al desalojo que reunió entre doscientas y trescientas personas. Este acto terminó con una carga policial en la que se produjeron nuevas detenciones y lesiones de distinta gravedad a los y las participantes. Al día siguiente (12) se celebró un nueva manifestación en la que participó menos gente, la actuación de la Policía fue similar a la del día anterior. Siete personas fueron atendidas en la Casa de Socorro de Ribera de Curtidores Nº2. (La desproporcionada actuación policial quedó bien reflejada en las fotografías publicadas por DIARIO 16. 14-XI-85: 33). El día 15 se realizó otra manifestación, legalizada, que terminó con la okupación “simbólica” de la Kasa de Amparo 83. Los guardias de seguridad huyeron, y aunque los convocantes del acto pidieron su disolución, varios y varias manifestantes permanecie-ron hasta la llegada de “los antidisturbios” (U.I.P. Unidad de Intervención Policial).
Juicio
Tras unos meses, el día 11 de marzo de 1986, el fiscal dirigió un escrito de acusación contra dieciocho personas, tres de ellas menores de edad, que tomaron parte en la okupación de Amparo 83 -cuatro fueron acusadas como iniciadoras y el resto por secundar y apoyar la acción, catorce fueron detenidas durante el desalojo mientras que las otras cuatro personas fueron acusadas a partir de un atestado levantado por la Policía al poco tiempo de la okupación, cuando tomaron los datos de quienes se encontraban en el inmueble. El grupo fue acusado de un delito de coacciones, al impedir a la entidad propietaria del immueble (UIPIC S.A.) el ejercicio de su derecho de propiedad. De este modo pidió penas de cincuenta mil pesetas y dos meses de arresto mayor para las personas acusadas mayores de edad y multas de cuarenta y veinte mil pesetas para las menores.
A partir del encausamiento comenzaron las acciones, sobre todo destinadas a financiar el juicio y hacer frente a las penas, en caso de que tuviesen lugar las penas que pedía el fiscal. El director de UIPIC afirmó -Según el diario EL PAIS (12-VI-86)- que la empresa -dedicada a la “promoción de negocios e inversiones”- no tiene nada que ver con la acusación. Sí hubo una denuncia por la ocupación ilegal, aunque no existe tal cargo en el escrito de acusación-, pero no hubo después del desalojo ninguna querella o reclamación.
El día 1 de diciembre de 1986 fue comunicada la fecha del juicio. Tendría lugar el día 3 de marzo de 1987. Anteriormente se habían realizado actividades, como ya se ha dicho, en apoyo a los encausados y encausadas: Fiestas, manifestaciones… En Junio de 1986, por ejemplo, hubo una “devolución simbólica” de los escombros que se sacaron del inmueble okupado en 1985. La policía dispersó a los y las manifestantes con material antidisturbios. Según gente vinculada al movimiento de okupación aquella vez se contestó a la violencia policial. Pero es en febrero de 1987 cuando las acciones de apoyo se intensificaron: Se hacen fiestas de apoyo. El día 27 tuvo lugar una manifestación pidiendo la absolución de los y las okupantes de la kasa de Amparo y reivindicando la okupación. Acudieron alrededor de quinientas personas y transcurrió de forma pacífica. Al final actuó la Policía tal y como lo había hecho otras veces, de forma desproporcionada y violenta.
El día 3 de marzo de 1987 se celebró el juicio a los detenidos y las detenidas tras el desalojo de Amparo 83. Ante la jueza comparecieron las personas acusadas más una veintena de testigos entre los que se encontraban vecinos y vecinas que participaron en algún momento de la okupación, así como otra gente -no del vecindario- que participó en las actividades. No compareció el director de la entidad propietaria del inmueble. El fiscal rebajó la pena solicitada a una multa general de cinco mil pesetas.
Mientras en el juzgado de instrucción nº 22 se desarrollaba un juicio donde nadie negó la okupación, sino que se reivindicó denunciando a la vez la especulación, la falta de locales y la desidia de las autoridades respecto a los problemas de los y las jóvenes, en la puerta de los juzgados otro grupo de jóvenes se concentraba mostrando su apoyo a las dieciocho personas encausadas y a la okupación en general. A las 14:30 horas el juicio quedó visto para sentencia. A los tres días, el día 6, la jueza dictó sentencia absolviendo a todas las personas acusadas al no existir tal delito de coacciones. Tras la absolución, algunas de las personas implicadas fueron visitadas en sus domicilios por policías “de paisano”, buscando información.
Tras el desalojo de esta primera okupación, se produjo una parada en la acción concreta de okupar, pero no en el movimiento por las okupaciones. Se realizaron reuniones para preparar el futuro juicio, donde ya no sólo participaron las personas relacionadas con la okupación de la Kasa de Amparo 83, sino que se fueron integrando otras personas que hasta entonces habían permanecido ajenas a ella. A partir de este grupo se forma, tras el juicio, la Asamblea de Okupas de Madrid, que estuvo representando el movimiento en la Comunidad de Madrid hasta 1988.
Manifiestos y Comunicados de la Asamblea Kasa Amparo
- Ante el desalojo de la Kasa de Amparo
- Contra la especulación: Okupación
- Okupar es un derecho, no un delito
[Extraido del trabajo La Okupación como analizador]
