Análisis

 

 

Si hay algo que caracteriza al anarquismo es su crítica al Estado como institución corrupta de por sí, que no se puede reformar ni transformar, ni siquiera durante un eventual periodo revolucionario de transición hacia el comunismo libertario. El Estado, por tanto, debe ser destruido.

                Los recortes salvajes se suceden a una velocidad vertiginosa. Los servicios sociales públicos son desmantelados, mientras el país ingresa en un vórtice abismal de deuda y ajustes. Ajustes que degradan la demanda y el consumo, y por tanto los ingresos públicos, empujando a nueva deuda. Deuda que, conscientemente utilizada para ello por unos mercados oligárquicos y voraces ayunos de todo control, si quiere ser pagada en sus actuales términos usurarios, impone nuevos ajustes.

La fase que la democracia moderna atraviesa hoy revela su carácter totalitario de la forma más evidente. La crisis económica ‘obliga’, como cínicamente repiten los gobernantes, a realizar ajustes que empeoran las condiciones existenciales de la gente. La contradicción entre la buena marcha de la economía y el empeoramiento de las condiciones de vida de los gobernados se ve descaradamente. Pero aún no ha llegado lo peor para una buena parte de población occidental.

Mano dura. Este es el mensaje con el que el Partido Popular (PP) ganó las elecciones hace más de cien días. Estas dos palabras son las que pueden resumir el Código Penal que se nos viene encima. Todavía no conocemos todas las claves del nuevo texto, ya que todavía no se ha presentado un borrador o un proyecto de ley que las contenga. Una Comisión dependiente de los Ministerios del Interior y de Justicia está trabajando en ello; probablemente se aprobará antes del verano y entrará en vigor en menos de un año.

Laura Flanders
CounterPunch / Rebelion.org

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

El contexto de este artículo fueron los acontecimientos inmediatamente posteriores a la jornada de huelga general del 29 de marzo, convocada por los sindicatos de clase del estado español contra una reforma laboral, aprobada por el gobierno del Partido Popular, que está contribuyendo a empeorar las condiciones de vida de las mayorías, para cumplir con las exigencias de la Comisión Europea y el FMI.

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