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por Joreg » 24 Abr 2015, 09:18
Buenas. No me he olvidado de este tema. Ando o andamos pensándolo. Me gustaría que se me comentase el siguiente posible programa para una transición económica a una sociedad libertaria. A ver qué se le pone o se le quita.
La transición a una economía libertaria.
Si te pones a pensarlo despacio, parece que el paso de esta economía capitalista a otra libertaria, no puede realizarse de un día para otro. Parece que haría falta una transición, en la que las personas fueran adaptándose a una nueva forma de pensar, basada en el apoyo mutuo. ¿Cuál sería la etapa de transición, para dar el paso de una sociedad autoritaria, a otra anarquista? Pues esta. Precisamente estás en la etapa de transición.
Ahora es el momento de buscar la manera de quitarles a los ricos, esa enorme concentración de riqueza que tienen acumulada en sus paraísos personales. Estos son los días en los que hay que hacer una transferencia de las fortunas privadas, a los trabajadores como colectivo. Pues toda la riqueza que existe actualmente es producto del trabajo, sus beneficios han de ser socializados.
Esta transferencia de bienes, parece que no será sencilla. También parece que dependerá de que las conquistas sociales sean hechas por organizaciones de base, o que sea la socialdemocracia la que las encabece, para que el capitalismo y el Estado puedan ser eliminados, o sigan prevaleciendo limitándose a repartir algunas migajas que serán presentadas como concesiones y regalos.
Entre las propuestas que están circulando de cara a cambiar la tendencia en la acumulación financiera, están:
Medidas tendentes a encarar el problema de la deuda, que ha alcanzado a ser central en nuestra sociedad, y a impedir la transformación del capitalismo en un régimen renovado de servidumbre por deudas. Estamos hablando de todas las deudas, tanto la deuda pública de los Estados periféricos, como la hipotecaria o de consumo de las familias trabajadoras. Repudio de todas las deudas ilegítimas, ilegales, usurarias, las sustentadas en cláusulas abusivas y las obtenidas para fines antisociales como el enriquecimiento de políticos, financieros e inversores transnacionales. Quienes están en deuda, son los gobiernos y empresarios con los trabajadores, a los que reclamamos la deuda de todo cuanto han acumulado de forma ilegítima, es decir: todo.
Nueva política de vivienda. Legalización de la ocupación de los inmuebles vacíos por las personas en situación de necesidad económica. Fomento de la vivienda cooperativa sobre el parque de viviendas vacías de bancos y fondos de inversión. Constitución de un parque de vivienda pública en alquiler social con los inmuebles de que actualmente dispone la Sareb. Este parque público será gestionado por los propios habitantes de manera participativa y autogestionaria, prohibiendo cualquier enajenación o externalización de servicios a fondos de inversión, fondos buitre o sociedades inmobiliarias. También debe gravarse con impuestos específicos a los grandes tenedores de vivienda, e incluir forzosamente en el parque de vivienda bajo alquiler social aquellas que no cumplan función social alguna durante un período excesivo de tiempo.
Los suministros básicos para la habitabilidad (calefacción, luz, agua..), deben de ser prestados de manera gratuita y pública para las familias de trabajadores precarios y sin recursos, y deben de ser gestionados por Consejos mixtos de trabajadores, representantes de las entidades locales y usuarios, sin que puedan ser externalizados en manera alguna a las entidades privadas y fondos de inversión.
Medidas tendentes a la configuración de las bases legales y prácticas para el inicio de la transformación de la propiedad pública en comunal-comunitaria, estableciendo mecanismos de participación activa en lo público para los trabajadores, usuarios y organismos locales comunales de nueva creación, de ámbito local o distrital, basados en la democracia directa y asamblearia y con competencias en ampliación constante y recursos procedentes de los impuestos progresivos devengados en su territorio, así como de un Fondo Interterritorial de Compensación y Solidaridad que garantice el trasvase de recursos de las zonas y barrios ricos a los espacios obreros y degradados.
Medidas destinadas a hacer frente a la huella ecológica y garantizar la transición a una economía verde sin necesidad de un colapso traumático: fomento de la economía local y comarcal y de la agroecología, establecimiento de límites y controles a los flujos económicos transnacionales y globales, lábel sindical y ecológico para los productos comercializados, que garantice la equidad de género, la sostenibilidad y la justicia social en su producción; fomento del transporte público y eliminación de actividades excesivamente contaminantes.
Para hacer frente a una transición que implica el decrecimiento en la producción material de cachivaches y la disminución de la concentración urbana, medidas tendentes a establecer servicios sociales y culturales públicos y comunal-comunitarios suficientes en el campo, así como transportes comunitarios comarcales.
También, trabajar para desconcentrar y hacer sostenibles ciudades con un tamaño humano, mediante la apertura de zonas verdes, transportes públicos y huertos comunitarios, y el fomento de la economía barrial e integrada mediante la limitación de horarios comerciales o la exigencia de lábel sindical, social y ecológico para las grandes superficies.
Fomento del trabajo cooperativo y autogestionario, la pequeña empresa local y el trabajo autónomo sin situación de dependencia de cadenas de valor ajenas (es decir, que no consista en la configuración legal de formas de subcontratación sobre “falsos autónomos” o “falsas cooperativas” realmente dependientes de una principal mucho mayor, muchas veces transnacional).
Creación de un tejido económico propio con base en lo solar y en lo sostenible social y ambientalmente.
Banca pública-comunitaria y cooperativa, y fiscalidad progresiva orientada al fomento de sectores de la economía real autocentrada, así como de los cuidados y la complejidad cultural y cognitiva. Esto implica control de los flujos transnacionales de capital y prohibición de la apropiación por fondos buitres y otros vehículos de inversión especulativa de las actividades estratégicas y las relacionadas con las necesidades básicas de la población.
Política redistributiva encaminada a una mayor equidad en las rentas de la población, así como a un reforzamiento de la influencia del trabajo organizado sobre la legislación y la vida cotidiana de las empresas y centros de producción. Disminución de la jornada laboral, sin pérdida de salario, y puesta en marcha de programas de Trabajo Garantizado para los desempleados, bajo control y dirección de los organismo comunal-comunitarios. Eliminación del IVA y puesta en marcha de impuestos progresivos sobre los beneficios empresariales, las grandes fortunas y las transacciones financieras internacionales.
Nacionalización de los sectores estratégicos: energía, comunicaciones, transportes… estableciendo mecanismos de cogestión o control obrero, más o menos avanzados según la relación de fuerzas, en ellos y en las grandes empresas, ya sean públicas o privadas.
Creación de organismos asamblearios de consumidores capaces de participar en la gestión de la propiedad pública, junto a los trabajadores y los organismos comunales locales. Recuperación de la soberanía monetaria y de los controles de capitales hasta donde se pueda. Salida del CIADI y no renovación de compromisos internacionales que supongan cesión de soberanía económica o cláusulas que pongan en peligro el espacio económico nacional y los derechos fundamentales.
Eliminación de las subvenciones a las organizaciones empresariales. Nuevo modelo de negociación colectiva basado en las asambleas de trabajadores, en la primacía del convenio de ámbito superior (que sólo podrá ser mejorado por el inferior, pero nunca empeorado), en la legalización de los convenios por lugar de trabajo o cadena de valor (aunque implique a empresas de distintos sectores o ámbitos geográficos) y a nivel de grupo de empresas. Prohibición de la subcontratación y las ETTs.
Creación de un servicio de empleo comunal-comunitario con competencias reales, con prohibición de externalizar sus funciones a empresas privadas. El despido declarado improcedente por los tribunales conllevará readmisión obligatoria en el centro de trabajo. Fomento del servicio de inspección de trabajo y adopción de la normativa más exigente a nivel global en el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales.
Desarrollo de mecanismos de formación e investigación accesibles para todos. Educación gratuita, laica y pública en todos los niveles (incluidos posgrados). Favorecimiento de los procesos de innovación educativa, abriendo espacios para escuelas cooperativas que garanticen perspectivas experimentales en las aulas. Formación integral que tienda a eliminar diferencias entre trabajadores manuales e intelectuales, introduciendo elementos físicos en las carreras universitarias y conocimientos humanísticos en la Formación Profesional. Fin de los conciertos con entidades privadas. Creación de un Banco Colectivo de Conocimientos, donde los ciudadanos puedan intercambiar capacidades y conocimientos técnicos de manera autónoma. Promoción de la educación no reglada y de los centros sociales autogestionados, dependientes de los organismos locales comunal-comunitarios.
Amplio reconocimiento colectivo de los luchadores por la libertad, la República y la Revolución Social. Introducción en los planes de estudio del conocimiento crítico y el debate sobre las biografías de revolucionarios, escritores, científicos y otras personas que hayan realizado destacadas contribuciones al bienestar común, sea a escala local, nacional o global. Retirada de los símbolos fascistas del ámbito público, así como de los representativos de creencias religiosas específicas.
Propuestas para el avance en la construcción de la sociedad libertaria.
Una vez puesta en pie la fuerza de los trabajadores frente a sus explotadores, podría pasarse a un desarrollo mayor de las tendencias libertarias. Deberían plantearse nuevas propuestas de avance al socialismo libertario (ya con todas las letras), como las siguientes –a modo de ejemplo:
Colectivización de la Banca y de las grandes empresas, así como de los sectores estratégicos y los relacionados con las necesidades básicas de la población. La colectivización puede hacerse por la vía de un impuesto de sucesiones obligatoriamente pagadero en acciones empresariales, o por la vía de la expropiación, indemnizada o no en función de la situación evolutiva o de ruptura de la sociedad.
Socialización de las viviendas de los grandes tenedores y conformación de un parque comunal-comunitario de edificios con ellas y el parque público de vivienda bajo alquiler social. El alquiler será sustituido por el usufructo vitalicio y la gestión será entregada a los organismos comunal-comunitarios, permitiendo la permuta de viviendas temporal o definitiva entre los habitantes.
Los organismos comunal-comunitarios sustituirán a los ayuntamientos en todas sus competencias. Se establecerán Consejos comarcales, regionales y nacionales de coordinación de los organismos comunal-comunitarios que irán sustituyendo al aparato estatal y que se encargarán de la totalidad de los servicios públicos para la ciudadanía. Lo esencial de la vida económica se planificará de manera participativa con la intervención de los Consejos de Trabajadores y de los Consejos de Usuarios. Se permitirán formas de mercado sin uso de trabajo asalariado en el comercio de proximidad, así como la pequeña empresa o la explotación agraria familiar que obtenga el lábel comunal.
Se establecerá el lábel comunal (sindical, ecológico, de género y social) obligatorio para todos los productos comercializados. Este lábel se aplicará también a las importaciones no estratégicas (las de productos estratégicos sólo podrán realizarlas los organismos públicos).
Se limitará drásticamente la utilización del trabajo asalariado, permitiéndolo sólo en pequeñas cantidades y para las pequeñas empresas y las explotaciones familiares, en momentos específicos y por necesidades de producción (estacionales, etc) muy concretas. Las condiciones de trabajo de los trabajadores asalariados serán vigiladas directamente por los Consejos de Trabajadores de la localidad, que podrán revocar el permiso para su utilización.
Si hay trabajadores desempleados recibirán una prestación vitalicia de subsistencia o una cantidad para la puesta en marcha de una actividad económica como autónomos o como socios de una cooperativa. La selección de personal de todas las empresas se realizará obligatoriamente por un Servicio de Empleo público dependiente de los Consejos de Trabajadores, con mecanismos de control comunal-comunitario para evitar cualquier tipo de corrupción o burocratización.
Prohibición de la venta de activos a corto en la Bolsa y de los derivados financieros, así como de la entrada en el mercado nacional de hedge funds y otros vehículos de inversión especulativa. Socialización definitiva de la Banca. Ligazón de la moneda a la riqueza producida en la economía.
Puesta en marcha de experimentos locales de diversas clases de moneda social y criptomoneda social con los recursos imprescinidbles, para obtener los conocimientos necesarios para la socialización de la moneda.
Colectivización de las tierras que no puedan ser trabajadas por la familia de su propietario, sin necesidad de trabajo asalariado salvo para determinadas labores estacionales o auxiliares. Estas tierras pasarán a formar la columna vertebral de la propiedad comunal-comunitaria en el campo, y serán gestionadas por los propios campesinos.
Medidas a adoptar en situación de revolución social.
En las situaciones de ruptura revolucionaria abierta y de emergencia humanitaria, en las que hipotéticamente se produzca un vacío de poder y la supervivencia física de los militantes populares esté en peligro a gran escala, la situación debe ser acompañada de un avance decidido hacia la construcción del socialismo libertario, garantizando el bienestar de la población y el funcionamiento de los servicios básicos y estratégicos, con medidas como las siguientes:
Ocupación de los puntos estratégicos de la población (depósitos de agua, centrales energéticas, cuarteles, centros de decisión, bancos y bolsas de valores…)por las milicias obreras y ciudadanas, así como de los principales nodos de transporte.
Constitución de Juntas Revolucionarias Locales que procedan a su auto-transformación inmediata en los organismos comunal-comunitarios de que venimos hablando, tras tomar las medidas de urgencia imprescindibles.
Colectivización inmediata de los campos abandonados y de los que sean propiedad de fascistas y enemigos declarados del pueblo, previo acuerdo de la asamblea comunal-comunitaria local o la Junta Revolucionaria. El acuerdo será recurrible ante los Tribunales Revolucionarios de nueva creación, pero no se suspenderá durante el procedimiento de recurso.
Lo mismo se hará con las industrias estratégicas, la Banca y las empresas que produzcan bienes o servicios de necesidad vital e inmediata para la población. Los organismos colectivizados establecerán mecanismos de coordinación comarcal y federal, estructurando federaciones de industrial y agrícolas que permitan su gestión mediante mecanismos de planificación participativa por parte de los trabajadores, los organismos comunal-comunitarios y los usuarios.
Creación de Tribunales Revolucionarios que tomarán como legislación aplicable, la vigente, las normas emanadas de los organismos comunal-comunitarios y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Socialización de la gran distribución de alimentos, y organización inmediata de su coordinación con las fincas colectivizadas del campo, para evitar el acaparamiento y la carestía.
Expropiación de las propiedades y cuentas en divisas fuertes y en oro y plata existentes en territorio nacional, a cambio de vales pagaderos una vez terminada la situación de emergencia. Bloqueo y expropiación de todas las cuentas bancarias y propiedades en acciones y obligaciones de los enemigos del pueblo. Esta decisión también será recurrible por los afectados.
Establecimiento de un Tribunal de Derechos Humanos, con representación de los organismos populares y de profesionales jurídicos ,ante el que podrán recurrir todos los afectados por las medidas de expropiación o de limitación de derechos acordadas por los organismos comunal-comunitarios o por las Juntas Revolucionarias. Este tribunal aplicará las decisiones de estos últimos órganos, en la forma en que sean compatibles con los Derechos Humanos considerados en su conjunto.
Todas las líneas programáticas aventuradas hasta ahora son esencialmente tentativas, y han de estar abiertas al debate permanente, lo más amplio y riguroso que sea posible, ya que deben ser enormemente sensibles a la situación real y a los contornos concretos de la lucha de clases. Momentos de crecimiento acelerado de la consciencia de las clases populares, o de grandes conflictos, pueden abrir la espita que permita poner en primera línea propuestas del programa de avance socialista o del programa máximo, antes de que se hayan alcanzado propuestas importantes del mínimo. Asimismo, momentos de lenta acumulación de fuerzas y de construcción de una ligazón estrecha con las masas populares, al estilo de lo realizado por los zapatistas en la década anterior a su aparición pública de 1994, pueden sustentarse en la popularización y debate de líneas programáticas mínimas, pero de amplia importancia para la existencia cotidiana de las clases populares. Las situaciones de quiebra y vacío de poder deben de ser aprovechadas, pero el ensimismamiento en las reclamaciones más radicales, o en el “horizonte radiante de la Humanidad”, sin aterrizarlo en la forma de la construcción concreta de alternativas para el ahora mismo, debe ser limitado.
Así pues un programa de construcción del socialismo libertario debe estar siempre abierto, y sus militantes deben aguzar los oídos para saber identificar las necesidades y los deseos de las clases subalternas. Lo escrito aquí es una simple propuesta, el redactado de un programa auténticamente operativo para las décadas venideras precisaría de un proceso colectivo y masivo de reapropiación y debate de largo recorrido.
Esperamos, en todo caso, haber podido contribuir a ese debate con la mejor de nuestras intenciones y una perspectiva lo suficientemente amplia.
Lo que se gana en velocidad, se pierde en potencia. Lo que se gana en potencia, se pierde en velocidad.